Discriminación salarial de las mujeres

Jesús Rodríguez Camaño (Diputado regional
Portavoz de Trabajo y Empleo del Grupo Parlamentario Popular)

   El pasado 18 de junio compareció la consejera de Trabajo y Empleo para explicar en las Cortes regionales las políticas que el Gobierno aplicará en esta materia a lo largo de la legislatura. En la intervención del Grupo Parlamentario Popular se incidió especialmente en la necesidad de disponer de mecanismos urgentes para superar la mala situación laboral que padecen las mujeres en Castilla-La Mancha.

Los datos no dejan lugar a dudas:

– De mayo de 2003 a mayo de 2004 se ha producido en Castilla-La Mancha un aumento del paro del 5,31%. Ha afectado en concreto a 3.881 personas, de las cuales 2.696 son mujeres; un 75% del total.

– La mujer sufre una preocupante discriminación salarial con respecto al hombre. A igual trabajo, la mujer en Castilla-La Mancha cobra un 28 % menos que el hombre. Se trata de la discriminación más alta de todas las que se producen en las Comunidades Autónomas de España, según datos del INE.

   En el PP creemos y luchamos por la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y trabajamos para que sea una realidad a corto plazo. Como representantes de los ciudadanos de nuestra región, tenemos la obligación de defender la igualdad de genero, apoyando las acciones positivas que favorezcan a la mujer en todos los ámbitos de la vida: social, cultural y, cómo no, en el económico.

   Vamos a seguir defendiendo y trabajando por la igualdad, la solidaridad, la justicia, la equiparación retributiva y la autonomía económica de la mujer.

   Desde que la Unión Europea recogió en el Tratado de 1957 –en su articulo 119- el derecho a la igualdad retributiva de trabajadoras y trabajadores, se ha avanzado mucho. El papel de la mujer en la sociedad española de principios del siglo XXI es muy diferente al que jugaba años atrás. Se han producido grandes logros, pero queda tanto o más por hacer.

   Por todo lo expuesto, el PP presentó una iniciativa parlamentaria hace ya más de un año en las Cortes regionales. A través de una proposición no de ley se instaba al Gobierno de Castilla-La Mancha a desarrollar los instrumentos jurídicos oportunos que impidieran recibir subvenciones, bonificaciones o cualquier tipo de ayuda pública a aquellas personas físicas o jurídicas que, mediante resolución judicial o administrativa, resultaran responsables de discriminación salarial, acoso moral o cualquier trato desigual o vejatorio a los trabajadores por razón de sexo.

   Desgraciadamente, el voto en contra del Grupo Parlamentario Socialista hizo que las mujeres de nuestra región no se pudieran beneficiar de la aplicación de esta iniciativa.

   En octubre del año pasado, en la última comparecencia del consejero de Industria y Trabajo –antes del cambio del Gobierno regional- se nos dijo que existían “acuerdos firmados con la Inspección de Trabajo para iniciar una campaña para detectar, a través de los convenios o a través de los contratos, la posible discriminación salarial de las mujeres”.

   Ahora, y a preguntas del Grupo Parlamentario Popular, con referencia a esos acuerdos, se nos informa de que “no se están detectando estas discriminaciones salariales sobre el papel”. Pero lo que sí podemos comprobar, sobre el papel, es lo tozudos que son los datos, en los que se refleja que la discriminación salarial sigue siendo un gravísimo problema con el que conviven las mujeres de nuestra región.

   Es necesario aprender a detectar los problemas de género y a desarrollar políticas que de verdad, sin demagogia ni manipulaciones electoralistas, los tengan en cuenta para corregirlos. De igual forma, es fundamental que todas las disposiciones normativas que se elaboren tengan en cuenta esta perspectiva de género. En este sentido hay que analizar los sistemas de valoración de los puestos de trabajo y la clasificación profesional de los mismos con criterios neutros, para que se aplique el principio de igualdad retributiva para trabajos de igual valor. De la misma manera, se debe estudiar la estructura del salario en los convenios colectivos para actuar sobre aquellos componentes que produzcan cualquier diferencia salarial entre hombres y mujeres.

   Nuestras responsabilidades y nuestras competencias nos obligan a todos. No tenemos ni un minuto que perder.

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