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Memoria Histórica

- 3 agosto, 2006 – 07:30Sin comentarios

Felipe Medina Santos

   Claudicar ante los victoriosos, es claudicar ante los vencedores, injustos vencedores. El PP representante “oficial”, porque él quiere, no porque se lo adjudiquemos otros, de los herederos victoriosos de aquel Golpe de Estado que desembocó en Guerra Civil, Dictadura, Represión y pérdidas de vidas, derechos, propiedades a favor de los que hoy vetan cualquier intento de recuperación de derechos, de memoria, de símbolos, etc. etc., presiona sobre el Gobierno, veta cualquier intento de aproximación democrático y lo que es más gracioso, se siente víctima, después de la provocación victoriosa.
   Ante la presión de los demócratas, el Gobierno se ve “obligado” a presentar un proyecto de Ley, al fin, tras cuarenta años de Dictadura y treinta años de transición.¿Cómo se puede hacer una ley de recuperación de la Memoria Histórica de los vencidos, con recomendaciones?. ¿Cómo se puede hacer desaparecer hasta el título por miedo a los victoriosos?.¿Cómo se pueden reconocer unos procesos injustos y no anularlos, o mejor dicho declararlos nulos?. ¿Cómo se puede decir que no se puede declarar nulo actos contra el derecho de forma continuada, que todavía procede aclarar, como es el caso de más de 100.000 desaparecidos, con posterioridad a la Guerra Civil, cuyo seguimiento legal nunca se ha hecho, o de 40.000 niños separados de sus padres, por distintas causas, pero basados en unas leyes dictatoriales, retroactivas, y de delito continuado porque aún están sin aclarar? . ¿Cómo no escuchar a los expertos Martín Pallín y Jiménez Villarejo, ni al equipo Nizkor, sobre la legalidad de los actos continuados, contra los derechos humanos, sobre el genocidio, etc.?

   Y por el contrario, se pretende solucionar con un “parcheo” de recomendaciones, a los Ayuntamientos y CC.AA. para que quiten los símbolos, a la Iglesia para que desmonte sus anticristianos “caídos por Dios y por la Patria”, cómo si los curas fusilados por Franco no lo fueran por Dios, o los patriotas vascos, catalanes, andaluces, no hubieran luchado por su tierra y por la libertad y los derechos; o también las recomendaciones de ayudar a las Asociaciones y personas que buscamos desaparecidos, que abren fosas y denuncian hechos que por ley, los fiscales y jueces están obligados a perseguir. Otra recomendación: reorganizar y agrupar la documentación de la represión franquista.

  
Primero el manto de silencio de 30 años de Transición Amnésica, y ahora colocar sobre la mesa unos posibles 60 millones de euros para que lo resuelvan los privados y unas recomendaciones, para que vean lo que se preocupa el Gobierno. ¡Para esto no hace falta una ley!. Una ley es para obligar, porque ya se ha visto, que la oposición, heredera del franquismo, realice lo que no ha estado dispuesta a hacer de motu propio.

  
Para permitir al Gobierno entrar en la Academia Militar de Zaragoza a quitar el caballo y el dictador en bronce, sinceramente no hace falta esta ley.

  
Es decir, como decía Tomás de Lampedusa, vamos a cambiarlo todo para que nada cambie. Para este burro no necesitamos alforjas. Y puestos a que esta oposición cerril del PP, va a decir a todo que no, ¿Por qué no nos decidimos de una vez a coger el toro por los cuernos y cerrar el capítulo de la guerra civil con el reconocimiento pleno, total y absoluto de los derechos de las víctimas, que no son otras que las del bando perdedor, legal y legítimo republicano?.

  
Les recuerdo los derechos pisoteados: Los niños reconocidos por sus padres verdaderos, y devueltos sus derechos por haber sido objetos como si de una mercancía se tratase y entregados a familias del bando vencedor sin consentimiento de sus legítimos padres.

  
Los desaparecidos, buscados y enterrados en sitios dignos, con total solvencia legal por parte de jueces, fiscales, alcaldes y familias. Los desposeídos de derechos y propiedades por su condición de republicanos indemnizados como lo han sido los del bando victorioso, ni más ni menos.

  
Los represaliados con cárceles, con trabajos esclavos, con condenas injustas, devueltos sus derechos de ciudadanos y declarados nulos los procesos, leyes y consecuencias emanadas de la firma de un golpista y sus gobiernos sucesivos.

  
Los fallecidos sin juicio, perseguidos acabada la guerra, enterrados en sitios indebidos, el retorno de sus derechos y el reconocimiento público, en su lugar de residencia y/o origen de caídos por la República, gobierno legal y legítimo, atacado por la deslealtad de unos golpistas.

  
Los maquis, huidos del ejército de la república o bien huidos de la represión falangista y franquista, que formaron un verdadero ejército de resistencia, que recuperen sus derechos de resistentes al franquismo, desapareciendo de los dossieres el nombre de “bandoleros o ladrones” y reconocimiento de su pensión correspondiente como a los militares de la República.

  
Y por último, de los exilados, y sus familias, exiladas también, no importa su edad, el tratamiento de trasterrados por causa política, no por emigración o por causas económicas, como figuran muchos de ellos, que no les impida acceder a las ayudas, subvenciones y pensiones que por derecho humanitario les pertenece.

  
Por supuesto que no nos olvidamos de Brigadistas, niños de la guerra, y otros colectivos, pero el concepto de represión es tan grande, que ya los incluimos en los otros conceptos.

   Lo que es evidente es que los derechos no deben ser objeto de mercadeo ni de situaciones jurídicas, que nos impidan reconocerlos. Si se ha creado una Constitución para salir del franquismo, es en nombre de ella de la que debemos tomar medidas. Y si en ella se han reconocido Comunidades Autónomas, Ayuntamientos, y otras instituciones, no lo son para que nos impidan que esta Constitución llegue a todos. Las tropelías, los escándalos, las canalladas se han cometido en el franquismo con un estado centralizado y totalitario. Desmontar eso es una labor de Estado, no de un pequeño alcalde, o de un presidente de Comunidad más proclive al franquismo y a los escándalos inmobiliarios. Así no avanzamos. Las leyes deben ser para los hombres, no los hombres para las leyes.

   Confiamos, porque no nos queda otro remedio, como demócratas, que las enmiendas que se tomen contra el desdichado Proyecto de Ley, se ajusten lo más posible a las peticiones de la mayoría de la población representadas por los diputados de izquierda de esa cámara, que estamos seguros se deberían acercar bastante más a lo señalado arriba.

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