Tomás Mañas (consejero de Bienestar Social)
El primer día de octubre sigue siendo una jornada de celebración para esta Consejería, para más de 350.000 castellano-manchegos y debe serlo, también, para toda la sociedad de la región, pues conmemorar el Día Internacional de las Personas Mayores no debe ser sólo un motivo de alegría, sino también de gratitud y de cariño hacia este colectivo, esos 350.000 mayores de 65 años que durante años nos han dado lo mejor que tenían: su trabajo, su esfuerzo, su sacrificio y su esperanza para crear una sociedad mejor de la que heredaron.
Gracias a ellos hoy disfrutamos de una Castilla-La Mancha, de una España, moderna, solidaria y avanzada que es capaz de crear riqueza para todos y dispone de mecanismos de protección, para que los más débiles, los más indefensos encuentren el amparo de toda la sociedad.
Ese amparo a los colectivos más desfavorecidos es, de hecho, una de las señas que identifican a una sociedad moderna y avanzada. La futura Ley Nacional de Dependencia, que esta misma semana fue aprobada por la Comisión sectorial del Congreso de los Diputados, es el mejor ejemplo de que avanzamos, realmente, hacia ese tipo de sociedad.
Que los poderes públicos reconozcan el derecho de todo ciudadano a ser cuidado y recibir una atención especializada, cuando ya no puedan valerse por sí mismos, es un avance que marca un antes y un después en los Servicios Sociales de nuestro país.
Creo, además, que esta Ley nace con un valor añadido y es el apoyo mayoritario de todos los grupos políticos, la unión de todas las sensibilidades a la hora de avanzar en el camino de la atención a las personas dependientes, es una muestra más de la madurez de nuestra sociedad.
Esta Ley, sobre todo, viene a traer a un colectivo tan amplio como el de las personas mayores la tranquilidad de saber que cuando lo necesiten, los poderes públicos tienen la obligación de cuidarles y ofrecerles los medios necesarios para garantizar su bienestar.
La puesta en marcha de esta Ley supondrá una inversión considerable tanto en recursos como en personal, para hacer frente a este esfuerzo Castilla-La Mancha lleva años preparándose e invirtiendo, con el fin de llegar a la situación que nos encontramos ahora mismo: ser la comunidad autónoma más preparada para hacer frente a la aplicación de la Ley.
Un esfuerzo de este tipo no se improvisa, sino que nace de la planificación y, sobre todo, de la voluntad solidaria de un Gobierno, el de José María Barreda, que tiene como prioridad atender a los colectivos más sensibles y desprotegidos de la región.
