MICIUDADREAL.ES te ofrece la tercera entrega del artículo que intenta penetrar en los misterios de esta devastada fundación
La tapadera de Laes Nexia
La historia de la Fundación Virtus es un rosario de ardides y maquiavélicas maniobras. Como se ha explicado anteriormente, alcalde, gerente y patronato mantuvieron durante años un juego estratégico sobre el tablero de las subcontrataciones. Aquellas intrigas tuvieron su continuidad, también ente bambalinas, durante el tenso proceso de depuración de responsabilidades que comenzó a finales de 2008: un oscuro e inquietante periodo caracterizado, como se verá, por tensas reuniones, amenazas, denuncias policiales y mutuos envites de querellas criminales.
La auditoría de Laes Nexia mencionada en el capítulo anterior es una de las claves para comprender la ambigüedad de las actuaciones de Ayuntamiento y patronato tras el despido de la ex gerente. El breve documento tuvo un coste de 15.000 euros y, en un acto de “transparencia”, fue costeado íntegramente por el Ayuntamiento de Puertollano… El mismo que paradójicamente negaba cualquier tipo de relación con Virtus.
Aunque aparentemente ese informe perseguía objetivos muy concretos, enfocando su atención en ciertas empresas, el resultado fue el de “opinión denegada”, ya que los auditores no pudieron llegar a ninguna conclusión sobre el estado de la fundación… No obstante, hay indicios que apuntan a que ni siquiera los responsables de Virtus estaban interesados en que la auditoría llegara al fondo del asunto, como si la contratación de Laes Nexia sólo hubiera sido una maniobra de escaparatismo político…
En los cuatro folios del informe Laes Nexia, referido únicamente al ejercicio 2007, sólo aparecen citadas explícitamente dos empresas contratistas, y ambas vinculadas por lazos de amistad o de familia con la gerente: Interconsult, y Obras y Servicios Almodóvar. Pero los profesionales de Laes Nexia poco más pudieron hacer: el texto evidencia los numerosos obstáculos interpuestos para el esclarecimiento de la situación, tanto por las empresas relacionadas con Virtus como por los propios patronos.
Estas trabas, según Laes Nexia, “representan una limitación al alcance de nuestro trabajo tal, que no permite opinar sobre los epígrafes de gastos de personal, otros gastos, tesorería, inmovilizado, e ingresos extraordinarios”. O, lo que es lo mismo: la auditoría de Laes Nexia fue un evidente fiasco de 15.000 euros alimentado en buena parte por los mismos que la contrataron…
La carta que no llega
Laes Nexia hace constar en su informe que, entre otras muchas “limitaciones” detectadas durante su labor, el patronato hizo caso omiso a la solicitud de información sobre el estado procesal de la denuncia de Soluciones Aeronáuticas, así como a la solicitud de entrega de un documento denominado “carta de manifestaciones”.
Las cartas de manifestaciones utilizadas por los auditores son básicamente una declaración firmada por los administradores de una empresa por la que indican al auditor que todas las operaciones contables han sido registradas conforme a los procedimientos prescritos, libres de omisiones. Aunque no es un documento imprescindible para la realización de una auditoría, sí puede determinar que ésta llegue, o no, a emitir su opinión sobre el estado de cuentas.
Una carta de manifestaciones proporciona mucha información que puede resultar decisiva, relacionada directa o indirectamente con la tesorería, sistema de control interno, u otros hechos circunstanciales. Su disponibilidad proporciona al analista un valioso instrumento de contraste para el estudio y una medida adicional de la confianza que merecen tanto la dirección de la entidad como sus empleados. Y este documento, simplemente, no fue firmado, a pesar del requerimiento, por quienes pagaron con dinero público la auditoría de Laes Nexia.
Por otra parte, la decisión de contratar a una empresa privada para investigar las irregularidades de la Fundación Virtus añade más confusión a la historia. Aporta más incertidumbre porque, a pesar de la nula concreción de sus resultados, el documento sí denota gravísimas anomalías que evidencian una contabilidad oníricamente indomable. Pero, ¿por qué las cuentas, las contrataciones, los gastos, las decisiones y los sueldos fueron sistemáticamente aprobados y alabados hasta ese momento por el patronato y, por consiguiente, por al alcalde-presidente, tal y como se evidencia en el libro de actas de 2007? ¿Por qué se “dejó hacer” a la gerente? ¿Por qué durante años no hubo advertencias de riesgos contables por parte de la Sindicatura de Cuentas de la Junta de Comunidades?
El misterioso caso de las nóminas dobles y la pregunta del casi-millón
El lamentable estado de la Fundación Virtus es también fruto de la propia gestión interna y de las brechas del control gerencial. Al parecer, el control de gastos presentaba serias deficiencias. Por añadidura, no faltan voces críticas que han llamado la atención sobre la política de contrataciones laborales de la gerente (mediatizadas, en algunos casos, por el propio equipo de Gobierno municipal), la pérdida de subvenciones por diversos descuidos, la sobrecarga de personal y gastos superfluos en ciertas partidas de gastos corrientes, telefonía y transporte.
Aunque el análisis laboral realizado en su momento por la Oficina Muñoz Marín (ver capítulo anterior) haya que tomarlo con extrema reserva debido a la red de intereses particulares y enemistades que lo conectaban con Virtus, lo cierto es que el documento denunciaba la pérdida de subvenciones (precisamente uno de los campos de trabajo de Muñoz Marín) por diversas negligencias; y llamaba la atención sobre frecuentes errores en la confección y tramitación de las nóminas, o anomalías respecto a las obligaciones con la Seguridad Social. Estas últimas conclusiones, no obstante, hay que contextualizarlas en la estrategia de defensa de las decisiones salariales de la gerente que parece adoptar el informe de la Oficina Muñoz Marín. Y es que la elaboración, justificación, validez y autenticidad de esas nóminas pagadas con fondos públicos es aún otro de los flancos oscuros de esta historia.
En efecto, el misterio de las “nóminas dobladas” (copias de una misma nómina con diferentes cantidades y conceptos), es uno más de los escandalosos episodios de Virtus. La auditoría encargada a Laes Nexia tras el despido de la gerente detectaba, como se verá en el último capítulo, una sospechosa duplicidad de actas relativas a salarios de personal, y esa incompresible y surrealista duplicidad de nóminas que hacía imposible cualquier investigación. Pero no sólo eso: el despropósito se cimienta, además, en confusos registros contables, transferencias bancarias no soportadas documentalmente, y cargos por sanciones no registrados en las cuentas anuales.
A aquellas alturas, Virtus ya era un navío ingobernable. Lo más sorprendente es que tampoco se facilitara a los auditores ningún estudio técnico externo que justificara un importe de 913.000 euros reflejado en el inmovilizado, en concepto de obras de adecuación de diversos centros realizadas entre los años 2006 y 2007.
Se debe advertir, de todos modos, que estas indicaciones deben tomarse con prudencia: tanto el Informe Muñoz Marín como la auditoría encargada por el Ayuntamiento después de que la situación se descontrolara definitivamente a finales de 2008 parecen estar sumamente condicionados, si atendemos a los apartados que analizan o a la dinámica de elaboración. Si la primera se centra en la defensa de las decisiones salariales de la gerente (que además fue quien la contrató); la segunda estaba seriamente coartada por la falta de apoyo documental de la propia Fundación y su presidencia.
Asuntos de familia
El caso es que la segunda de las empresas investigadas por Laes Nexia está relacionada con las ya citadas obras de adecuación de centros y su extraña injustificación técnica. Se trata de Obras y Servicios Almodóvar, que no es otra que la sociedad de quien fuera el marido de la gerente durante buena parte de su gerencia. Y constituye, junto al incremento salarial y la contratación de servicios a Interconsult, la tercera pata del trípode sobre el que el equipo de Gobierno sustentó su búsqueda de pruebas que incriminaran a la ex gerente.
Perteneciente al grupo Gicasa (que precisamente ahora está construyendo las 34 naves del polígono la Nava III de la ciudad minera), Obras y Servicios Almodóvar es una sociedad limitada laboral dedicada a la construcción y a la producción, fabricación y transporte de hormigón. Se da la circunstancia de que estaba controlada por Antonio Campos Pérez-Serrano, quien fuera marido de la gerente, y quien también aparece como administrador único o apoderado de otras empresas del grupo (Promotora Constructora Almodóvar Procoal; Promoción, Construcciones y Obras Gicasa; Félix Campos e Hijos; Áridos Malagón; o Transgracamp, entre otras).
En lo que respecta a Obras y Servicios Almodóvar, los auditores tampoco pudieron llegar a una conclusión determinante, pero sí detectaron una diferencia de más de 31.000 euros en el saldo que aparece reflejado en los registros contables de la Fundación, ya que en estos consta que a Obras y Servicios se le adeudaban más de 94.000 euros, pero el acreedor sólo reconocía una deuda de 63.000 euros. El pago de esa diferencia (exactamente 31.566,92 euros) tampoco constaba en los registros de Virtus…
El alcalde señala a la gerente
Se podría decir que a finales de 2008 la Fundación Virtus ya estaba en trance de muerte. El despido de la gerente, acaecido en la primera semana de noviembre de 2008 (y que será objeto del último capítulo) marcó el inicio de una etapa de depuración interna de la que nadie parecía sentirse demasiado orgulloso. El primer semestre de 2009 vio cómo se sucedían algunos despidos de cierto personal considerado como “afín” a la ex gerente y cómo todas las acusaciones se dirigían hacia ella. El mismo alcalde de Puertollano no dudó en apuntar el dedo acusador contra la gerente.
Según las propias palabras de Hermoso, plasmadas en el acta del patronato de 27 de abril de 2009, la gerente tuvo absolutamente toda la culpa. El primer edil obvió su propio protagonismo y responsabilidad en los hechos narrados en el capítulo anterior, pero su testimonio ante el pleno del patronato es valiosísimo, por cuanto supone la única pista “oficial” que existe sobre las actuaciones de la gerencia.
A juicio de Hermoso Murillo, “todo se ha debido a una mala gestión imputable a la anterior gerente, quien tomaba las decisiones y luego daba cuenta en los dos patronatos ordinarios anuales”. El primer edil hizo constar que la gerente informó en 2007 de que la deuda con Indra Sistemas ascendía a 147.000 euros, “pero que luego se ha demostrado que existía una facturación superior por trabajos realizados”. Además, aseguraba al patronato que la gerente “no siguió un criterio coherente en el pago a los acreedores, pagándoseles a alguno de ellos, y a otros en cambio no se les ha abonado ninguna cantidad a cuenta”. En el mismo sentido, subraya que “se contrataron obras en cantidades muy elevadas”. Las acusaciones más graves, como ya se ha visto anteriormente, son las relativas a “facturas por trabajos inexistentes”, y al “exceso en la contratación de personal”.
A esas alturas, abril de 2009, la Fundación Virtus arrastraba una deuda de 3.250.827 euros. Pequeñas empresas, proveedores y autónomos esperaban cobrar 1.309.000 euros por los servicios prestados. A Hacienda se le adeudaban 145.000 euros; 264.000 euros a Caja Castilla La Mancha; otros 755.000 a Caja Rural, que terminó por abandonar el patronato; 91.474 al Sepecam por cursos impartidos; y 475.000 euros a otros proveedores. Por si fuera poco, los reveses sufridos por Virtus fueron agravados por la perdida de confianza de las entidades crediticias.
El ciudadano hipotecado
Pero la grave situación de Virtus podría infligir más daños colaterales, al margen del agujero negro en las cuentas. ¿El desastre de Virtus acabará por hipotecar al ciudadano, más allá del gasto público que será necesario para reflotar la empresa? Hay indicios nada tranquilizadores, aunque el silencio de las autoridades no ayuda a ahuyentar los fantasmas…
En efecto, ante la situación desesperada, y pese a las críticas de PP e IU, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Puertollano decidió, según acuerdo aprobado en julio de 2009, ceder a Virtus la propiedad de los inmuebles que actualmente ocupa la Fundación, así como una serie de terrenos municipales anejos.
La operación, destinada en un principio a aportar a Virtus más activos patrimoniales, fue aprobada por una vía de urgencia que denota la apurada situación por la que atravesaban los gestores. Probablemente, éstos veían en la cesión de terrenos el instrumento financiero que permitiera avalar un crédito de 3,5 millones de euros que los responsables municipales preveían solicitar para hacer frente a la marea de las deudas, según consta en el acta del patronato de 27 de abril de 2009. De hecho, en ese documento se concretaba que el préstamo tendría un período de amortización de 30 años con pagos trimestrales de 48.700 euros. No obstante, y a pesar de las preguntas de la oposición, la presidenta ejecutiva Eva Morales nunca confirmó la firma de ese crédito.
Los terrenos cedidos en propiedad a Virtus suman unos 14.000 metros cuadrados, y el valor total de éstos y de sus edificaciones asciende a unos 5,7 millones de euros. Lo que está por ver, y no suficientemente explicado, es qué va a pasar con estas propiedades municipales en las actuales c
ondiciones de embargo e incertidumbre de una Fundación que, además, dejará en breve de existir como tal, para pasar a ser de titularidad municipal.
Las explicaciones dadas en su momento por el secretario del Ayuntamiento, el abogado Juan Luis Vázquez Calvo, no responden a la pregunta: “no se trata de una cesión gratuita, por cuanto, en primer lugar, el Ayuntamiento cedería bienes suyos y los recibiría a su vez [en referencia a la presencia del Ayuntamiento en Virtus]”. Por otra parte, reconoció que la cesión gratuita implica la pérdida definitiva de la titularidad y propiedad de esos bienes, pero subrayó que “en este caso no va a ocurrir así, porque se hace una aportación a una entidad que está integrada, entre otras administraciones, por el propio Ayuntamiento de Puertollano, y que al final del proceso habrá una reversión de los inmuebles al patrimonio municipal”.
Lo que aún no está claro, y debería explicar el propio alcalde, es si existe peligro manifiesto de que esos terrenos se pierdan, dadas las actuales circunstancias de embargo, morosidad y petición concursal, en los laberínticos recovecos de las demandas mercantiles…
Un fantasma de cuatro millones de euros
Tampoco hay que olvidarse de que el Centro de Metrología y los cuatro millones de euros que costó son otras de las víctimas del “fuego amigo” de la mala gestión y falta de liquidez de Virtus, tal y como adelantara en su día miciudadreal.es.
Este edifico de 4.000 metros cuadrados, adscrito a la red Virtus, permanece en un embarazoso limbo desde hace siete años. Ni los propios responsables municipales parecen saber qué utilidad tendrá la gigantesca criatura de hormigón que ellos mismos crearon: un coloso que costó 4.100.000 euros provenientes de los fondos Miner, aunque el coste total previsto de las obras, incluida la tercera fase que está pendiente de ejecución, asciende a seis millones de euros.
Los orígenes del Centro de Investigación de Metrología Industrial se remontan a 2002, en los felices años de la bonanza inmobiliaria, y en plena fiebre de optimismo ante los rimbombantes proyectos llamados a revolucionar el panorama económico de la provincia.
Las obras fueron adjudicadas a la constructora Urbaja, perteneciente a un grupo empresarial propiedad del omnipresente Ignacio Barco, uno de los héroes del ladrillo en tiempos de la burbuja de cemento. Él y su hermano Antonio, amigos personales del presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, fueron también algunos de los promotores del fracasado Aeropuerto de Ciudad Real, y socios en el comatoso proyecto del Reino de Don Quijote, entre otras muchas iniciativas empresariales.
Según explicó en su momento Joaquín Hermoso Murillo el inmueble sería inicialmente destinado a albergar un centro de investigación de Metrología, la rama de la ciencia dedicada al estudio de todos los sistemas de medida conocidos. Muy pronto los responsables municipales anunciaron un nuevo uso que vendría a paliar, en parte, la carencia de estudios universitarios de carácter técnico en la población: servir como sede de la Universidad de Castilla-La Mancha p
ara la creación de una titulación de Mantenimiento Industrial.
La realidad es que la Universidad nunca tuvo conocimiento «oficial» de ese proyecto. Fuentes de esa institución aseguraron a miciudadreal que la UCLM desconoce las intenciones del Ayuntamiento, al menos oficialmente, y que no existen trabajos de redacción de ningún plan de estudios. A pesar de ello, cuando las obras se concluyeron, en noviembre de 2005, el Ayuntamiento anunciaba triunfalmente que las clases darían comienzo durante el curso 2006/2007.
Las promesas de una pronta puesta en marcha fueron sucediéndose a lo largo de los dos años siguientes, pero nunca se ofreció una explicación sobre el estado real de las gestiones. Y lo que se presentaba como uno de los puntales científicos y educativos de la ciudad es hoy una enorme campana de ladrillo y cristal que sólo alberga… aire.
Desde el Consistorio se insiste en que el inmueble es un activo para los puertollaneros, y en que tarde o temprano será una entidad de referencia que ofrecerá nuevos y mejores servicios a la ciudadanía. La mala noticia es que todavía no se sabe cuáles.
http://santosgmonroy.blogspot.com
Fotos: Fundación Virtus y Ayuntamiento de Puertollano
¿Quieres saber cómo acaba todo? La semana que viene te ofreceremos el cuarto y último capítulo con muchos más misterios. Descubrirás el oscuro y amenazante periodo que sucedió al despido de la gerente, y muchos más detalles sobre el misterioso caso de las nóminas dobles y la sospechosa duplicidad de actas.
¿No pudiste leer los demás capítulos de «Fundación Virtus, caso abierto? Puedes leer el primero pinchando aquí; y el segundo, aquí.
La próxima semana:
CAPÍTULO FINAL: UN ASUNTO TENEBROSO
