El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan ha decidido acabar con un problema que llevaba muchos años enquistado en las noches de los fines de semana, pero sobre todo en verano, como es la celebración del botellón en la zona de los institutos.
Así lo explicó este miércoles el alcalde, Diego Ortega, quien comentó haber recibido numerosas quejas de los vecinos de la zona por el ruido y la suciedad que se acumula, a lo que hay que añadir la presencia del Centro de Salud I y la residencia de ancianos Dulcinea, junto a los tres institutos de Secundaria, cuyos directores también han mostrado en muchas ocasiones su malestar por esta circunstancia.
Desde este mismo fin de semana, la Policía Local controlará la zona para informar a los jóvenes de que no pueden quedarse ahí para hacer botellón, pero siempre, según aclaró Ortega, con “medios informativos y no represivos”.
El alcalde aseguró que “no es una zona adecuada” para la práctica del botellón y señaló que hay otras partes de la ciudad donde se molestaría menos o prácticamente nada, en puntos en los que no hay viviendas ni centros asistenciales en sus inmediaciones.
“Durante muchos años se ha estado mirando para otro lado, pero ha llegado el momento de tomar medidas”, afirmó el alcalde, quien también indicó que se controlará más la presencia de menores, a quienes se pedirá el DNI para informar a sus padres si son sorprendidos consumiendo alcohol en la vía pública.
Además, se pretende incrementar el control de venta de bebidas alcohólicas en los diferentes establecimientos de la localidad y se estudiará la posibilidad de limitar el horario para estas ventas.
Memoria de la Policía Local
Por su parte, el concejal de Seguridad, Julián Mateos, ofreció a los medios la memoria de la Policía Local del ejercicio 2011. Durante todo ese año se realizaron un total de 382 atestados, de los que 216 estaban relacionados con automóviles, 27 más que en 2010.
Sobre el parque automovilístico de Alcázar de San Juan, señaló que está compuesto por 20.085 vehículos. De ellos, 14.060 son turismos y el resto son 1.914 ciclomotores, 1.220 motocicletas, 2.289 camiones y 602 tractores, autobuses y otros.
A lo largo del año se registraron 121 accidentes con daños materiales, y en sólo 68 de ellos se produjeron lesiones. Afortunadamente, no hubo ningún fallecido por accidente de tráfico en el casco urbano. Son datos que Julián Mateos consideró muy positivos, dado que se produjo un 50 por ciento menos de siniestralidad que en otras ciudades del entorno con similar extensión y número de habitantes.
En lo que se refiere a las denuncias por infracciones de tráfico, el total fueron 2.326, de las que 324 tuvieron que ver con estacionamientos en zonas prohibidas, encima de las aceras o por la falta del uso del casco. En cuanto a denuncias por infracciones graves, se produjeron 166; hubo 42 por daños a vehículos, 22 por daños en inmuebles, 16 por lesiones, 18 por robos, 44 por pérdida de documentación, y 10 por amenazas e insultos a agentes de la autoridad.
Por otro lado, en el 092 se recibieron 2.083 llamadas, 216 más que en 2010, lo que supone un incremento del 11,5 por ciento.
Julián Mateos destacó también que desde el año pasado la Policía Local realiza labores de educación vial no sólo en colegios de Infantil y Primaria, sino también en institutos de Secundaria, muchos de cuyos alumnos ya conducen sus propios ciclomotores.
Instructor de multas
Por último, el concejal de Seguridad señaló que el Ayuntamiento cuenta ahora con un instructor de multas, algo que en 30 años no ha existido. Esto permitirá garantizar el cobro de las sanciones en vía ejecutiva, ya que sólo había un periodo de pago en voluntaria que no garantizaba que los ciudadanos sancionados realmente llegasen a pagar sus multas.
En este sentido, Mateos criticó que los diferentes alcaldes socialistas nunca se preocuparon por que las denuncias llegaran hasta el final y recordó que recientemente el anterior alcalde, José Fernando Sánchez Bódalo, afirmaba en un medio de comunicación que el equipo de Gobierno “no se preocupaba por la política de ingresos”. “Eso lo dice quien durante doce años no hizo nada para que el Ayuntamiento cobrase las sanciones que imponía la Policía Local”, concluyó el concejal de Seguridad.
