IU CLM cuestiona la constitucionalidad de la privatización sanitaria generalizada

El Coordinador regional de IU en Castilla-La Mancha, Daniel Martínez, ha visitado la localidad de Almansa para asistir a un acto público organizado por la Plataforma contra la privatización del Hospital almanseño. Ha estado acompañado por los responsables locales y provinciales de de la formación.

Daniel Martínez ha insistido en el “rechazo frontal a la privatización de hospitales y la gestión sanitaria emprendida por el Gobierno de Cospedal en Castilla-La Mancha, ya que los beneficios económicos pretendidos solo pueden salir del recorte en personal sanitario y sobre todo del deterioro en la calidad asistencial”.

Por su parte, Francisco Javier Morcillo, Coordinador provincial de IU Albacete, ha reiterado “su apoyo a las movilizaciones y el trabajo llevado a cabo por la Coordinadora por el Hospital Público de Almansa y a Defensa de la Sanidad Pública, convencido de que finalmente se conseguirá paralizar la privatización del hospital”.

Los dirigentes de IU han aprovechado para dar a conocer la iniciativa parlamentaria por la que pretenden que se garantice el carácter universal del derecho a la asistencia y la gratuidad incluida en el catálogo de prestacio­nes de la Seguridad Social. Para IU, la garantía constitucional de sistema público de la seguridad social debería obligar a mantener la titula­ridad pública de una red de asis­tencia primaria y hospitalaria, lo que no impide la colaboración de cen­tros y establecimientos sanitarios privados, pero sí que se cambie el modelo de gestión asistencial para que la mayor parte pase a manos privadas.

Las actividades de contenido pre­dominantemente social (aunque sean susceptibles de explotación econó­mica), dicen desde IU, son competencia y responsabilidad de los poderes públicos. En relación con ellas éstos no son sólo «garantes», sino que también son y deben seguir siendo «prestadores» con sus propios medios, es decir, a través de centros y establecimientos de titu­laridad pública y gestión directa, cualquiera que sea su forma de organiza­ción y el régimen jurídico aplicable (derecho público o privado).

Por todo ello desde IU ha plantea la necesidad de promover el correspondiente recurso de de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra la generalización de la figura de concesión a empresas privadas de centros sanitarios, pidiendo la paralización de dichas concesiones.

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