La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI·F) está haciendo efectivas esta semana las reclamaciones en los diferentes sectores de la Administración, tanto en el personal laboral como funcionario y estatutario, para que se restituya el derecho salarial consolidado que suponen las pagas extras. Se trata en una primera fase de un recurso administrativo que a nivel nacional se presenta de manera conjunta con otros sindicatos, a través de la Plataforma Sindical de Empleados Públicos y que, en Castilla-La Mancha, CSI·F los presenta a nivel individual «tras rechazar los sindicatos de clase que se presenten conjuntamente, como contempla el acuerdo nacional, mostrando con ello su actitud sectaria, excluyente y políticamente interesada, incompatible con la actitud independiente de CSI-F».
CSI·F respalda la presentación de un recurso por cada sector (Sanidad, Educación, Correos, Administración General del Estado, etc.), en cada ámbito territorial y departamento ministerial y en el caso de que prosperen, posteriormente solicitarán la extensión de la sentencia a todos y cada uno de los empleados públicos afectados por la medida.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI·F), sindicato más representativo en las Administraciones públicas, y el resto de los miembros que integran la Plataforma, consideran que la retroactividad del decreto de recortes vulnera las garantías constitucionales, además de quebrar el principio de seguridad jurídica.
Atendiendo a estos argumentos, los empleados públicos reclaman a la justicia que considere la posibilidad de plantear una cuestión de inconstitucionalidad contra el decreto de medidas de ajuste del pasado mes de julio. CSI·F, junto al colectivo de empleados públicos y de manera paralela, solicita que se les devuelva la parte proporcional de la paga extra devengada los días previos a la entrada en vigor del citado real decreto (el decreto entró en vigor el 15 de julio y la paga se empieza a devengar en junio), en línea con las recomendaciones del Defensor del Pueblo, que ha sido desatendida por el Gobierno.
CSI·F reitera su «irrenunciable» voluntad de seguir defendiendo con la mayor firmeza los derechos e intereses profesionales de los empleados públicos, desde la movilización y las reclamaciones jurídicas y, también «desde las propuestas serias, el diálogo y la negociación, sin dejarnos arrastrar por las actitudes politizadas de los cómplices y corresponsables de esta grave situación que, de forma tan severa está afectando a los empleados públicos y ciudadanos en general».
