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La Coordinadora de Defensa de los Montes y los Caminos Públicos de Argamasilla de Alba lamenta que la Junta permita el vallado de las fincas que gestiona el magnate Juan Abelló

- 13 agosto, 2013 – 15:07Sin comentarios

El pasado día 2 de agosto, la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental  de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha publicó la Resolución 18/7/2013, sobre la declaración de impacto ambiental del proyecto de vallados de fincas en Argamasilla de Alba. Dicha Resolución, según explican desde la Coordinadora de Defensa de los Montes y los Caminos Públicos de Argamasilla de Alba, “viene a aprobar la instalación de más de 34 kilómetros de vallado cinegético en las fincas El Lobillo, Quintos de la Tejera y La Carrasquilla, propiedad del magnate Juan Abelló la primera y gestionadas por sus empresas el resto”. Este vallado completará más de 60 kilómetros al sumarse a lo ya realizado  tiempo atrás en el término municipal de Alhambra.alba_corte-de-caminos

Por el contrario, la Dirección General no autoriza el cerramiento de caminos públicos que discurren  por estas fincas, dejando la decisión en manos del Ayuntamiento de Argamasilla de Alba, como titular de los mismos.

En relación con la citada Resolución, la Coordinadora de Defensa de los Montes y los Caminos Públicos de Argamasilla de Alba, compuesta por los tres grupos políticos de la Corporación (PSOE, PP e IU),  Ecologistas en Acción, Club MTB Alto Guadiana, Club Senderista Zancajos y Asociación de Cazadores  Cervantina, se muestra “satisfecha” al no autorizarse el cerramiento de caminos públicos, tal y como desde esta Coordinadora se venía defendiendo. “De este modo se garantiza el libre tránsito de los ciudadanos y la posibilidad de utilización de los mismos para usos deportivos,  recreativos y turísticos”.

Sin embargo, estos colectivos agrupados en la Coordinadora declaran su disconformidad con la autorización los vallados, que la resolución permite en el caso de que el promotor del proyecto justificase la instalación de dichos vallados por la necesidad de impedir o limitar el paso de personas, vehículos, ganados y caza mayor al interior de las fincas, debido al perjuicio que en su opinión este tránsito de personas y animales supone para la gestión de los cotos de caza menor.

“Sin entrar a discutir ahora la veracidad o rigor de estos argumentos -dicen desde la Coordinadora, lo que a nuestro juicio resulta indiscutible es que los vallados autorizados no podrán cumplir con la función que de ellos se pretende en cuanto a limitación de paso, toda vez que los mismos estarán fragmentados por los innumerables accesos que al interior de las fincas deberán dejarse en todos y cada uno de los caminos públicos que las surcan en todas las direcciones”.

Por esta razón, esta Coordinadora considera la Declaración de Impacto Ambiental “incoherente, e inútil la realización de los cerramientos, y por tanto injustificable su autorización, motivo por el cual se propone estudiar detenidamente la posibilidad de emprender acciones contra la declaración de impacto ambiental ahora aprobada”.

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