Ecologistas en Acción denuncia que la Junta de Comunidades promocionó en FITUR un campo de golf ilegal

Ecologistas en Acción-Ciudad Real ha denunciado el apoyo de la Junta de Comunidades en FITUR al campo de golf La Caminera (Torrenueva,Ciudad Real). Según el colectivo, «la instalación opera de forma ilegal desde su creación» y fue desautorizada por el Gobierno regional con dos declaraciones de impacto ambiental negativas «que obligan a su desmantelamiento y a la rehabilitación a su estado original de los terrenos afectados».
caminera
Ecologistas recuerda que las obras se encuentran dentro de la ZEPA “Áreas esteparias del Campo de Montiel” de la Red Natura 2000. También señala que en la declaración de impacto ambiental (DIA) de enero de 2007 se daba el visto bueno al hotel-SPA ya construido «sin autorización ambiental previa y vulnerando de forma evidente la legislación sobre evaluación de impacto ambiental». «Al no haberse incluido el campo de golf en el preceptivo estudio de impacto ambiental (pese a lo avanzado de las obras) la consejería instaba a la paralización de las mismas y a la restauración con especies vegetales autóctonas de las zonas afectadas por las instalaciones (cerramientos, balsas y conducciones)», explica.

A juicio de Ecologistas, «el promotor, empecinado en legalizar el campo de golf, presenta nuevos proyectos que se saldan con dos DIA negativas (24 de octubre de 2007 y 10 de octubre de 2008) al no contemplar las obligaciones estipuladas por la Dirección General de Evaluación Ambiental».

Según la organización ecologista, «la inviabilidad ambiental se fundamenta en la ocupación parcial de la ZEPA, en los efectos negativos sobre el hábitat de especies amenazadas y en peligro de extinción, como el águila imperial ibérica y resto de avifauna protegida (águila real, águila culebrera, cernícalo primilla, avutarda, sisón, etc), en comprometer la disponibilidad de los recursos hídricos de la zona, cercana al río Jabalón, o en la inexistencia de un análisis de alternativas de ubicación, como ordena la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental. Ambas declaraciones exigían, una vez más, su desmantelamiento y la rehabilitación a su estado original de los terrenos afectados».

«Como botón de muestra del desprecio a las resoluciones de las DIA, Promociones Sagemar S.A comunicó su intención de soterrar la línea eléctrica de la que se suministra la finca, de diseño peligroso para la avifauna, sustituyéndola por otra ajustada a la legislación. Muy al contrario, en estos siete años no se ha cumplido tal condición, provocando que un gran número de ejemplares de especies protegidas (entre ellas águilas imperiales, perdiceras y reales) sigan muriendo electrocutadas ante la sospechosa y cómplice inactividad de la administración regional, que parece no tener interés alguno en hacer cumplir sus propias resoluciones en materia ambiental», subraya Ecologistas.

Para la este colectivo, «con tan notoria impunidad, Promociones Sagemar S.A intenta reconducir la situación, presentando en septiembre de 2012 una tercera – y hasta el momento última – versión de su proyecto. Como en las anteriores ocasiones, Ecologistas en Acción-Ciudad Real presenta alegaciones en contra. En año y medio no tenemos constancia de la publicación de la DIA en el Documento Oficial de Castilla – La Mancha».

Además, ha recordado que «desde 2007 está en pleno rendimiento y fuera de la ley un campo de golf, con dos DIA negativas y una orden de clausura de cinco pozos ilegales de la Confederación Hidrográfica del Guadiana. Impresiona comprobar que el Gobierno regional no sólo lo permita (incurriendo en una supuesta dejación de funciones) sino que lo venda en FITUR como un atractivo de primer orden».

Ecologistas en Acción-Ciudad Real mantiene desde hace años un largo periplo judicial en los tribunales contra Promociones Sagemar S.A por un presunto delito contra la ordenación del territorio y los recursos naturales.

Del mismo modo, se reserva el derecho de ampliar o emprender posibles acciones penales ante la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo contra otros responsables, si los hubiere, «por omisión y falta de celo en hacer valer la normativa ambiental».

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