La plataforma contra la privatización del agua en Alcázar de San Juan ha anunciado mediante un comunicado que, una vez concluido el encierro que protagonizó la semana pasada, a partir de hoy continuará su «lucha» para que el agua «se mantenga en manos públicas». Ya hay convocada una nueva manifestación el viernes, 28 de febrero.
Sus portavoces aseguran que seguirán por la defensa del agua y tras la reunión que tendrán esta misma tarde, como cada lunes, estudiarán las nuevas acciones “legales y en la calle”. Entre estas acciones, destaca la continuación de las concentraciones ciudadanas los viernes por la tarde. «Un apoyo popular tan claro y rotundo en contra de la privatización del agua exige», según los portavoces de la Plataforma, «continuar reclamando la consulta popular y demostrando la oposición a la venta».
La plataforma ha agradecido a los medios de comunicación la difusión de todo lo ocurrido y animan a los vecinos de Alcázar a asistir a sus reuniones (que son todas públicas y abiertas) y a participar en la siguiente manifestación que tendrá lugar el próximo viernes, 28 de febrero. De igual modo dicen sentirse «emocionados» por la respuesta de los alcazareños y creen que esto “aún no ha terminado”.
El colectivo considera que la manifestación «en defensa del agua pública y de repudio de la decisión del pleno de privatizarla» fue la mayor de los últimos 20 años, y culminaba una semana de movilizaciones que tenía como inicio el encierro». Además, ha resaltado que «todo ha discurrido por cauces pacíficos, democráticos y participativos. Se ha dado un ejemplo de ciudadanía, sin acudir a la violencia ni contra las personas ni contra el mobiliario urbano».
La Plataforma considera que su movilización «ha sido un gran éxito ya que se han despertado las conciencias contra la privatización; se ha realizado el Pleno monográfico; se ha difundido el conflicto y el debate y se ha desenmascarado a un Gobierno Municipal que ni tiene el apoyo de todos los Concejales ni, desde luego, del pueblo para el que supuestamente gobiernan».
La plataforma repasa lo acaecido en los últimos días recordando que «tras más de ocho meses de trabajo, con asambleas semanales, tres manifestaciones multitudinarias y haber recogido más de once mil firmas contra la venta de la empresa municipal, la Plataforma Contra la Privatización del Agua de Alcázar decidió realizar una acción más contundente y una treintena de ciudadanos se encerraron en el Ayuntamiento el pasado martes 18 de febrero».
“En un principio», comenta Juan Garrido, portavoz de la Plataforma, «la idea era reclamar un Pleno en el que pudiéramos discutir, con argumentos y razones, la realización de una consulta popular que decidiera la venta o no de la empresa. No pensábamos que once concejales fueran a oponerse a la voluntad de once mil vecinos”. «Y es que la Plataforma ha reclamado continuamente este Pleno monográfico antes del encierro, llegando incluso a obtener del alcalde el compromiso de convocarlo en una fecha muy concreta, el 20 de febrero. Ante las evasivas y negativas no tuvimos más remedio que emprender esta acción», explica.
Garrido recuerda que «durante cuatro días se mantuvo el encierro permanente con entre 20 y 30 miembros de la Plataforma, en un principio en el Salón de Plenos y, después, una vez cortada la calefacción, en un pasillo de reducidas dimensiones donde tenían que permanecer y dormir; y todo ello a pesar de la orden de alcaldía de no pasar alimentos, bebidas, elementos de higiene íntima femenina y llegando incluso a dificultar la asistencia médica, el ánimo de los encerrados se mantenía intacto».
“Era fundamental el oír los gritos de miles y miles de voces en la calle pidiendo la Consulta y dándonos ánimos», comenta Juan Barrilero, otro de los portavoces de la Plataforma, «sin ese aliento esto se habría puesto muy difícil porque llegaron a usar bridas para bloquear las salidas de emergencia. Se trató a los encerrados como a delincuentes, secuestradores o terroristas a los que había que agotar hasta la extenuación, y no como a ciudadanos pacíficos que reivindican su derecho a votar», sostiene.
La plataforma sigue relatando que «ante la presión dentro y fuera del Consistorio, el Alcalde del Partido Popular, Diego Ortega, que gobierna en coalición con un partido local (Ciudadanos por Alcázar-UCIN), convocó dos Plenos Extraordinarios: uno sobre si realizar o no el referéndum y otro, una hora después, para la adjudicación provisional de la Empresa de Aguas a la filial de FCC, Aqualia». «En ambos casos», prosigue, «el alcalde tuvo que hacer uso de su voto de calidad para primero negar la realización de la consulta popular y, segundo, para vender la empresa».
Según Luis Miguel López, otro portavoz de la Plataforma a quien le tocó defender en el Pleno que los ciudadanos pudieran decidir, «a pesar de no llevarlo en su programa electoral se niegan a dejar decidir al pueblo sobre una empresa que, estamos convencidos, es eficaz y eficiente en todos los sentidos, y, secuestran la opinión y la decisión del pueblo durante los próximos 25 años de concesión”.
La Plataforma tiene dudas sobre la legalidad de la votación. En este sentido, alega que la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, dice en su Artículo 47. 2. que “se requiere el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de las corporaciones para la adopción de acuerdos en las siguientes materias: j) Concesión de bienes o servicios por más de cinco años, siempre que su cuantía exceda del 20 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto”. «En este sentido, parece evidente que la ausencia de un Concejal y el consiguiente equilibrio 10-10 no puede desempatarse con el voto de calidad del Alcalde, que queda relegado a cuestiones no tan importantes como la que nos ocupa», defiende.
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