«El ex alcalde alcazareño y los anteriores gestores de la empresa Aguas de Alcázar no sólo tendrán que dar explicaciones en los juzgados por el agujero de más de ocho millones de euros provocado y la mala gestión llevada a cabo durante años, sino que también lo tendrán que hacer ante el Tribunal de Cuentas». Así lo ha anunciado este miércoles el portavoz del equipo de Gobierno municipal, Ángel Puente.
Puente ha señalado que el Tribunal de Cuentas también ha decidido abrir diligencias contra la gestión socialista de Aguas de Alcázar para determinar la posible responsabilidad por alcance en relación a la deuda generada y las irregularidades detectadas.
Según ha indicado Puente, “tras examinar la documentación de los expedientes de contratación de obras, el pago de obras no contratadas o realizadas sin presupuesto ni procedimiento legal de adjudicación, el Tribunal de Cuentas ha decidido abrir estas diligencias”. “Ya no es sólo la querella penal impuesta en los juzgados, sino que ahora también el Tribunal de Cuentas ha decidido abrir esta causa para dilucidar la responsabilidad por alcance y ver qué dinero de los vecinos se ha perdido por las acciones del anterior equipo de Gobierno”, ha afirmado.
El portavoz municipal también se ha referido al recurso anunciado por el PSOE ante el Tribunal Administrativo Central contra la conversión de Aguas de Alcázar en empresa mixta. Para Ángel Puente, los socialistas vuelven a engañar a los ciudadanos porque el proceso no ha sido paralizado por la presentación de este recurso. Así, el Ayuntamiento no ha recibido ninguna notificación para paralizarlo. Puente ha recordado que ya en tres ocasiones el PSOE ha visto cómo la Justicia le negaba la paralización del proceso, pero es que además, teniendo en cuenta un precedente similar en Soria, el Tribunal Administrativo Central no es competente para este tipo de recursos. Por ello, Puente ha subrayado que el PSOE sigue empeñado en “recurrir por recurrir mientras el procedimiento sigue su curso”.
En cuanto a la consulta que pretende llevar a cabo a partir de mañana la plataforma del agua, ha recordado que es ilegal, según la Ley de Bases de Régimen Local, y ha criticado a los responsables de la plataforma por no respetar lo que la Subdelegación del Gobierno, basándose en la legislación, opina sobre esta consulta. En este sentido, ha recordado que esta misma Subdelegación les ha permitido, también en base a la ley, realizar muchos actos de protesta; pero “cuando se les niega algo, entonces es que la Subdelegación del Gobierno es mala y ha vuelto Franco”.
Permuta de parcelas
Por otra parte, Ángel Puente se ha referido a la permuta de parcelas llevada a cabo en 2008 por la anterior Corporación Municipal, y ha señalado que tanto desde el punto de vista económico como jurídico, en esta permuta hay diversas irregularidades. Así, tras recordar que el Ayuntamiento dio a una empresa unas parcelas residenciales por valor de 3,9 millones de euros, sólo recibió a cambio una parcela pequeña de 420.000 euros. Además, en el momento del acuerdo, el Ayuntamiento debía haber ingresado 170.000 euros, algo que no recibió. Tampoco se ha encontrado en la Intervención municipal el reparo de legalidad relativo a la falta de esa cantidad.
Además, la Secretaría del Ayuntamiento ha detectado también otra irregularidad jurídica, y es que la empresa a la que se dio las parcelas de 3,9 millones no es la misma que dio a cambio la parcela de 420.000 euros, lo que es una grave irregularidad que, unida a las demás, permiten al actual equipo de Gobierno iniciar el expediente de rescisión del acuerdo de intercambio de parcelas.
Por último, Ángel Puente ha señalado que desde el Ministerio de Hacienda y la Delegación de Economía y Hacienda de Ciudad Real, se ha recomendado al Ayuntamiento que en caso de solicitud de permisos para la realización de obras, los solicitantes paguen por separado las tasas administrativas y el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO). Según ha comentado, cuando un vecino o un empresario paga ambos conceptos y después no realiza la obra, se le debe devolver la cantidad pagada por el ICIO, aunque no las tasas administrativas. Al estar ambos conceptos en un mismo recibo, se dificulta la devolución.
Por ello, se pretende cobrar ambas cosas por separado. Además, Puente ha indicado que en años anteriores correspondientes al anterior equipo de Gobierno socialista, se han detectado expedientes en que se devolvía todo, tanto las tasas como el ICIO, a empresas, pero no a los vecinos particulares. Este trato de favor a determinados empresarios coincide precisamente con algunos casos de irregularidades detectadas recientemente por el actual equipo de Gobierno.
