Los colectivos de estudiantes de Ciudad Real valoran como una victoria la moratoria en la implantación de los grados de tres años

MICR/EGCJ.- La conferencia de rectores españoles (CRUE) ha acordado por amplia mayoría una prórroga hasta 2017 en la aplicación del plan de flexibilización de las carreras universitarias, aprobado recientemente y conocido como el decreto 3+2, que permitirá ofertar carreras de tres años de duración en lugar de los grados de cuatro años que se cursan en la actualidad.

asamblea-de-letrasEsta tarde se ha reunido la Asamblea de Letras en el campus de Ciudad Real para abordar esta cuestión. Víctor Manuel Arias, portavoz de la Asamblea de Letras y miembro del Colectivo Estudiantil de Ciudad Real, asegura que ven «con buenos ojos» la moratoria de dos años de la aplicación del decreto 3+2 por parte de la CRUE hasta 2017, entendiéndola como una «pequeña victoria» del movimiento estudiantil que ha reaccionado con celeridad ante este «gravísimo ataque» a la educación pública. Sin embargo, considera que no es sino un pequeño paso, aún insuficiente, y anuncia que desde los colectivos estudiantiles continuarán luchando para que el modelo 3+2 quede descartado por completo del sistema universitario español y europeo.

En este sentido, ha avanzado que los diferentes colectivos estudiantiles de Ciudad Real trabajarán conjuntamente en este asunto y que para finales de febrero o durante los primeros días de marzo se celebrará una asamblea conjunta en la que abordar esta reforma del sistema universitario.

Un reforma que, según Arias, «no es ni más ni menos que la continuación del Plan Bolonia que fue implantado bajo los famosos grados (4+1) que consistían en cuatro años de grado y uno de máster». El nuevo decreto 3+2 se basa en la implantación de grados de tres años que se complementan con dos de máster.

Los colectivos estudiantiles advierten de que el Gobierno tratan de vender que esta reforma supondrá un ahorro en la economía de las familias, con el argumento añadido de que la mayoría de los países de Europa cuentan en sus universidades con este sistema. «Según defienden desde el Ministerio, este modelo repercutirá en beneficio de los estudiantes de cara a  una mejor incorporación al marco del mercado laboral europeo y mayor internacionalización de sus estudios dentro del marco del Espacio Europeo de Educación Superior».

Sin embargo, el portavoz de la Asamblea de Letras asegura que no es cierto que la mayoría de los países europeos hayan implantado el  modelo 3+2.  «La mayoría de los países no cuentan en sus universidades con el 3+2 y en las que se aplica no se hace de forma homogénea, sino que se combina con el grado (4+1). Además -añade-, varias  universidades europeas cuestionan la conveniencia de este modelo tras haberlo aplicado».

Por otro lado, Víctor Manuel Arias afirma que este plan no traerá ningún beneficio económico a las familias españolas. Al contrario, arguye que supondrá un aumento del coste de la formación universitaria. «Debemos tener en cuenta que con la aplicación de Bolonia solo un 25% del total de los estudiantes acaba cursando un máster debido a su elevado coste. Un máster es un 67% más caro que el grado, llegando a costar actualmente entre 4.000 y 8.000 euros. Si subimos a dos años el máster los precios oscilarán entre 8.000 y 12.000 solo el máster», explica.

Este portavoz estudiantil acusa al Gobierno del Partido Popular de perseguir con este decreto que aquellos estudiantes con menos dinero solo puedan cursar estudios superiores muy generales y con unos contenidos muy básicos (3 años de grado), mientras que aquellos que tengan más recursos económicos podrán acceder a una especialización (2 años de máster) para poder optar a mejores puestos de trabajo en un futuro. «En definitiva, que las y los hijos pertenecientes a las clases trabajadores se verán excluidos del sistema universitario o con una formación muy básica que no les servirá para mucho, ya que nos exigen una especialización», denuncia.

Por último, recuerda que, además, los bancos, «y en especial el Banco Santander», están ofertado sus «becas préstamos» con las que «muchos universitarios que se ven desesperados al no poder pagar sus estudios hipotecan sus vidas». Este decreto, concluye Arias, entiende la educación como algo con lo que se pueda hacer negocio.

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