Prosiguen los procedimientos judiciales contra el anterior alcalde y secretario municipal de Villanueva de San Carlos

El grupo municipal socialista de Villanueva de San Carlos ha enviado una nota a los medios en la que informa de que el Tribunal de Cuentas ha admitido a trámite la demanda formulada por Ayuntamiento contra el anterior alcalde del Partido Popular C.M.G. en la legislatura 2007-2011 y el anterior secretario-interventor de la corporación D.M.C. «por la supuesta disposición injustificada de fondos públicos, estando pendiente el procedimiento de ser contestado por ambos demandados».
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Según el PSOE, «este procedimiento tiene su origen en la remisión que desde la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Ciudad Real se realizó ante ese Tribunal de la denuncia formulada por el actual alcalde por la existencia de posible irregularidades contables en el funcionamiento del Ayuntamiento, en concreto por la inexistencia de una contabilidad en las arcas municipales, disposición de fondos públicos sin justificación documental o de hecho de tal forma que su percepción no era declarada ni a la Agencia Tributaria ni a la Seguridad Social; inexistencia de expedientes que acreditaran el fin de los fondos públicos recibidos, etc. etc.».

Recientemente por el Tribunal de Cuentas se ha dictado resolución en la que se fijan las cuantías cuya devolución se solicita por parte del Ayuntamiento contra el anterior alcalde de la Corporación C.M.G y contra el secretario D.M.C. receptor de esas cuantías y se señala el acto de la Audiencia Previa para el próximo día 9 de Junio de 2015 a las 12 horas de su mañana».

En otro orden de cosas, el grupo municipal socialista  indica que igualmente en el Juzgado de Instrucción nº 1 de Puertollano, también a instancias de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Ciudad Real, sigue abierta la causa iniciada también contra el anterior alcalde del municipio y el secretario municipal por la presunta comisión de un delito de malversación de fondos públicos y prevaricación administrativa.

«De las actuaciones que constan en el Juzgado aparece la realización de obra pública por el sistema de administración, expresamente prohibido por la legislación administrativa, al haberse realizado su adjudicación sin procedimiento negociado, ni concurso público; existencia de pagos de facturas sin la aprobación del pleno; la inexistencia de contabilidad; adjudicación de obras públicas por procedimiento negociado donde las únicas empresas que comparecen tienen el mismo Administrador; la percepción de más de dos millones de euros recibidos de otras administraciones en el período 2007-2011 –aparte de presupuesto ordinario- cuyo destino esta en entredicho, etc.», señala la nota.

«Los hechos denunciados en concreto la malversación de caudales públicos lleva aparejada penas privativas de prisión que van desde los tres a los seis años de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de seis a diez años; la prevaricación administrativa conlleva pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años», concluye el PSOE.

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