¿La hora de los empleados públicos locales?

Ángel Pareja Mayordomo,  funcionario de la Diputación provincial.– ¡Quién sabe! Aunque ha sido mucho lo  hablado y escrito sobre la nueva configuración de los Ayuntamientos, el tratamiento de la organización municipal como principal instrumento para la prestación de servicios de calidad y proporcionar la mayor satisfacción a los deseos y necesidades de los ciudadanos, ha sido, hasta el momento, escaso.

opinionY sin embargo, no hay que disponer de una bola de cristal para saber que sin una profunda reforma organizativa de las organizaciones municipales, las promesas electorales y el profundo cambio anunciado en nuestros municipios no se podrán cumplir.

Gobernar de forma distinta es perfectamente posible, sobre todo viniendo de ejemplos del pasado tan poco encomiables. No obstante, dar satisfacción a las expectativas creadas en los ciudadanos es algo muy distinto.

Tomemos, sólo a título de ejemplo, una promesa electoral del equipo de gobierno: convertir Ciudad Real en una ciudad de congresos. Desde luego,  para ello, habría que pensar en el lugar que ocupamos geográficamente, en las potencialidades y ventajas competitivas con respecto a posibles alternativas, en el apoyo e interacción institucional que podría concitar, etc. Bien, pues algo así no se podría  llevar a cabo desde una organización municipal que no estuviese familiarizada  con modelos de gestión pública, al menos en el departamento que pudiera llevar la iniciativa. No se puede obviar que sin modelos de planificación estratégica se suelen tomar decisiones erráticas y, a veces costosísimas, baste recordar el penoso caso del teatro-auditorio. El problema es que si bien  una estrategia es un espacio vacío si no se llena de proyectos, la elaboración de proyectos debe responder a una metodología que hay que conocer muy bien. Y no es el caso de los funcionarios locales porque nadie se ha preocupado de formarlos en las necesidades del futuro que hoy es presente. Ningún tiempo que perder, por tanto.

Pero si nos referimos a la reciente polémica sobre las retribuciones de los concejales, también quedan al descubierto carencias significativas en la clase política. Es un cuestión delicada pero de suma importancia. En mi opinión, lo acontecido es el resultado de la vieja política, la que enumera el conjunto de áreas o departamentos diferenciados de la institución y procede al reparto agrupado entre concejales por afinidades, gustos, o porque yo ya tengo cuatro áreas y tú, sólo tres. En realidad, si contemplamos cómo se organizan los ayuntamientos más dinámicos en nuestro país, veríamos que es el responsable político del plan de ciudad, el alcalde o alcaldesa, quien se encarga de liderar el cambio promocionándolo, haciéndolo visible, creíble, entre los vecinos y entre las instituciones, presentándolo de forma ilusionante a las asociaciones y a todo tipo de agentes económicos y sociales. Es la persona que se debe situar a la cabeza, quien ejerce el liderazgo. Podría haber un teniente de alcalde que impulsara internamente el trabajo tanto del equipo directivo de la institución –que debe haberlo-, como el trabajo operativo, que liderase el plan estratégico municipal en el día a día. El resto de concejales tendrían responsabilidades de acuerdo a una asignación proporcional a sus características: relación con otras instituciones, relación directa con las asociaciones y grupos vecinales, etc. Todos trabajos de campo, que tengan como objetivo la cohesión social, la calidad de vida, la comunicación Ayuntamiento-ciudad. Esas cosas hay que llevarlas aprendidas, y si no, manos a la obra.

Y volvemos a la pregunta clave: ¿Quién llevaría los trabajos adelante? Pues quien debe y puede: los empleados públicos. En los últimos decenios y en la mayoría de los Ayuntamientos, no en todos, los políticos se han dedicado a hacer o intentar hacer lo que no les correspondía. Han interferido con demasiada frecuencia en el trabajo de los funcionarios que, hastiados, han tirado la toalla y se han acomodado en un sistema de promociones y retribuciones que casi nunca ha tenido correlación con unos objetivos o unos resultados determinados. El sistema organizativo jerárquico, piramidal, decimonónico,  no se ha alterado más que formalmente, y eso cuando lo ha hecho. Los departamentos de recursos humanos, si es posible llamarlos así, no han posibilitado el desarrollo de normas existentes que pudieran alterar el status quo que tanto les beneficiaba. Los sindicatos apenas se han preocupado por la calidad de los servicios, y demasiado de las retribuciones y las promociones. Y, a pesar de ello, o precisamente por ello, creo expresar el sentir de muchos compañeros si digo que los funcionarios estamos con una buenísima disposición al cambio. Necesitamos que nos formen, que nos motiven, que los políticos responsables, los políticos que hemos elegido, quizá con más ilusión que otras veces, se den cuenta de ello, que ni se entrometan, ni nos ignoren, que colaboren y se entiendan con nosotros, que le den sentido a nuestro trabajo para que no sea todo procedimiento administrativo y presupuesto ordinario, el mantra esgrimido por los alérgicos al cambio. En definitiva, que consideren la política de personal como un instrumento necesario para hacer posible el cumplimiento de los objetivos que se pretenden para la ciudad.

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