El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha acordado iniciar el procedimiento para la ampliación del espacio protegido Red Natura 2000 y de la modificación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Reserva Natural de la Laguna de El Hito, en Cuenca. Una ampliación que también afectará a los terrenos en los que se pretende levantar el cementerio nuclear de Villar de Cañas.
El portavoz del Gobierno regional, Nacho Hernando, que ha comparecido esta mañana para dar cuenta de los acuerdos adoptados ayer por el Consejo de Gobierno, ha recordado que esta es una iniciativa del Gobierno, que cuenta con el apoyo de alrededor de 50 asociaciones y ayuntamientos, y que “supone la protección de una zona en la cual habitan especies en peligro de extinción como, por ejemplo, el escribano palustre iberoriental”.
En este sentido, Hernando ha acusado al anterior Gobierno Regional, presidido por la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, de ignorar “deliberadamente” una disposición contraria a la instalación de cualquier cementerio o basurero nuclear que ya se recogía en el Plan de Ordenación Territorial del año 2011.
El portavoz del Ejecutivo castellano-manchego ha apelado también a la “coherencia” de la secretaria nacional del PP al recordar algunas de sus contradicciones cuando el 19 de enero del año 2010, en declaraciones a los medios de comunicación, aseguró que “el PP de Castilla-La Mancha considera que no debe instalarse ningún almacén nuclear, temporal o no, o cementerio, en Castilla-La Mancha o en ninguna de sus provincias o municipios”.
Hernando ha insistido en que el cementerio nuclear “sólo responde a motivaciones políticas y que además supone un elevadísimo sobrecoste que pagaremos entre todos a través de la factura de la luz”. Un sobrecoste que, ha señalado, permitirá financiar un Plan de Empleo Regional con 250.000 empleos o la construcción de dos nuevos hospitales.
Asimismo, ha tildado de “poco serios y acertados”, además de “manipulativos y poco leales” con quienes buscan empleo, los argumentos que apuntan al ATC como una fuente de empleo y riqueza en la comarca cuando, en realidad, es todo lo contrario”. Hernando ha recordado la existencia de un informe de ENRESA que señala que la construcción del ATC sólo generaría setenta empleos fijos de alta cualificación. En contraposición a ello, el Gobierno regional “defiende y defenderá los intereses de Castilla-La Mancha, de esta generación y de las venideras”.
En conclusión, ha continuado, con esta decisión “protegemos la diversidad medioambiental y paralizamos un proyecto que no ofrece garantías suficientes ya que no cuenta con el visto bueno de los expertos y evitamos cualquier posibilidad de que esta comarca se convierta en un desierto nuclear”.
RTVCM
El Consejo de Gobierno también ha mostrado su conformidad a la Proposición de Ley que modificará la Ley de Creación del Ente Público de Radiotelevisión Castilla-La Mancha. El portavoz regional ha explicado que esta modificación responde a la “actitud antidemocrática” del PP en Castilla-La Mancha, dirigido por la secretaria general, María Dolores de Cospedal, al que ha acusado de “bloquear de forma delibrada” la renovación del Consejo de Administración con fines “únicamente electoralistas de cara a las próximas elecciones generales”.
La modificación también obedece, ha añadido, a la “lamentable e inmoral dirección ejercida por el hasta ahora director Nacho Villa cuya gestión se recordará por la manipulación informativa y la vulneración de los derechos de los trabajadores públicos”. “No podemos tolerar este atropello ni un minuto más”, ha explicado, señalado que esta modificación es una medida moral, además de legal, para devolverle la dignidad y la pluralidad al ente público que pagamos entre todos, algo a lo que Nacho Villa viene faltando al respeto desde hace demasiado tiempo”.
Prórroga
Hernando ha repasado también otros acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno como la revisión de una prórroga concedida por el anterior Gobierno para el servicio de “desarrollo personal e integración en la comunidad” realizado en el Centro de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual Gravemente Afectadas ubicado en el polígono residencial Santa María de Benquerencia, en Toledo.
El portavoz ha señalado que se detectó una “sorprendente” del contrato por dos años “excesiva” para poder volver a sacar este servicio a concurso. Hernando ha destacado la “buena voluntad” de la empresa que actualmente lleva a cabo el servicio para reducir la prórroga de dos a un año y conseguir así un ahorro que ha cifrado en 1.780.000 euros. El Ejecutivo, ha recordado, está estudiando todas las prórrogas concedidas por el anterior Gobierno en funciones para renegociar su duración y así conseguir “una mejor prestación de los servicios y una mayor sostenibilidad financiera”.
Auxiliares y notarías
El Consejo de Gobierno también ha sido informado del Programa de Auxiliares de Conversación en centros educativos sostenidos con fondos públicos para el próximo curso 2015/2016. Un programa incluido dentro del Plan Integral de Plurilingüismo que tiene como objetivo “emprender e impulsar las acciones necesarias que favorezcan el aprendizaje de idiomas extranjeros”. La tramitación del programa se hace desde el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, pero corresponde a las comunidades autónomas la elección de los centros.
En total, el próximo curso se incorporarán a estos centros 74 auxiliares de inglés, francés, alemán e italiano. Hernando ha señalado que la asignación de este personal de apoyo con el anterior Ejecutivo respondía a “criterios arbitrarios” y que ahora se aplicarán “criterios equitativos y pedagógicos en función de las necesidades de los centros para quienes más apoyo necesiten sean quienes más apoyo reciban”.
El Consejo también ha acordado refrendar, a propuesta del consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, el nombramiento de siete nuevos notarios nombrados que han superado la oposición estatal.
“El Cavero”
En otro orden de asuntos, y a preguntas de los medios de comunicación, Hernando se ha referido también al desalojo previsto para las 10 horas de esta mañana del asentamiento de “El Cavero”, en el que viven 47 familias. Un desalojo que se ha aplazado a finales de septiembre al no haber efectivos suficientes para alojar a los 53 niños y veinte mayores de más de 80 años que viven en él.
El portavoz regional ha celebrado que, finalmente, haya primado “el sentido común” y el “respeto” a las personas, aunque se ha preguntado “por qué en ciertos asuntos existen una voluntad política y en otros una negligencia política”. “No entendemos como un gobierno del PP, que conocía este problema en marzo, un alcalde del PP que conocía el problema desde hacía veinte años y una Tesorería General de la Seguridad Social también con el PP, no se había dado lugar a ninguna reunión o consenso que permitiera dar una solución digna”.
