Castilla-La Mancha volverá a estar a la vanguardia en materia de transparencia y buen gobierno. Es el objetivo que persigue el Gobierno regional con la tramitación de la nueva Ley de Transparencia y Buen Gobierno cuyo borrador anteproyecto ha tomado en consideración esta semana el Consejo de Gobierno.
El vicepresidente del Ejecutivo autonómico, José Luis Martínez Guijarro, que ha dado cuenta de los acuerdos aprobados por el Consejo de Gobierno junto al portavoz regional, Nacho Hernando, ha avanzado que desde esta misma tarde los ciudadanos podrán consultar dicho borrador en el portal www.castillalamancha.es y realizar las aportaciones y sugerencias que consideren oportunas.
En palabras del vicepresidente, “el proyecto de ley que estamos planteando va muchos más allá de la legislación básica del Estado”, incorporando importantes novedades y tres grandes apartados: transparencia, buen gobierno y responsabilidades.
Publicidad activa
En el de transparencia destaca una apartado de publicidad activa, en el que se incrementan notablemente las áreas a las que obliga la legislación estatal. Así, el anteproyecto recoge la obligatoriedad de publicar las agendas institucionales, las relaciones de puestos de trabajo, los gastos de representación de los altos cargos, los gastos realizados en campañas de publicidad, la información sobre todo tipo de contratos o la relación de vehículos oficiales a disposición de la Junta.
Silencio administrativo ‘positivo’
En la parte del acceso a la información pública, cualquier ciudadano puede solicitar cualquier documento que se encuentre en poder de la Administración regional, con las limitaciones que establece la legislación básica del Estado. “Hemos puesto una cláusula de garantía para los ciudadanos, porque el silencio administrativo en Castilla-La Mancha en materia de transparencia será positivo. En la legislación básica del estado el silencio administrativo es negativo, si no hay contestación se entiende denegado, aquí lo contrario”, ha explicado Martínez Guijarro
Por otra parte, se amplía la condición de alto cargo a todas aquellas personas que ejercen funciones efectivas de dirección en el ámbito del sector publico regional, sea cual sea su relación laboral con la administración. Todos ellos estarán obligados al cumplimiento de un código ético, que en el plazo de seis meses desde la publicación de la ley se tiene que aprobar.
Además, se establece como condición imprescindible la obligación de que todos los altos cargos realicen una declaración responsable sobre el cumplimiento de los principios de buen gobierno, estableciendo sanciones en caso de no hacerse.
‘Grupos de interés’
Por otra parte, Castilla-La Mancha regulará los ‘grupos de interés’, convirtiéndose así en la segunda Comunidad Autónoma de nuestro país, tras Cataluña, en hacerlo. Estarán obligados a inscribirse en un registro e informar de cuáles son sus objetivos, las actividades que realizan o los encuentros que mantienen para tal fin.
El anteproyecto incluye también un régimen sancionador que regula la responsabilidad por el incumplimiento de los deberes y de las obligaciones que impone la ley tanto en materia de transparencia como en la de buen Gobierno. Así, se establecen sanciones en función de la gravedad de la infracción que van desde los 600 a los 12.000 euros. También se prevé el cese de aquellos altos cargos que incumplan la ley e incluso su inhabilitación durante un periodo de tiempo.
Por último, el anteproyecto contempla una serie de órganos de control como son la Oficina de Transparencia y el Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno, un órgano independiente adscrito a las Cortes de Castilla-La Mancha.
