La Audiencia de Ciudad Real, a través de su Auto nº 57 de 11 de febrero de 2016, acaba de anular el sobreseimiento que la extitular del Juzgado de Instrucción nº 2 de Valdepeñas había realizado respecto de la imputación por tráfico de influencias a Javier Pérez Avilés, Jefe de los Servicios Culturales del Ayuntamiento de Valdepeñas, y a Julián Vélez Rivas, arqueólogo municipal.
Según asegura el denunciante, Luis Benítez de Lugo, en una nota, este arqueólogo municipal, según estableció el Tribunal Superior de Justicia de la región, «fue favorecido en una oposición convocada por el Ayuntamiento de Valdepeñas regido por el senador y alcalde socialista Jesús Martín».
«Esta anulación de la Audiencia de Ciudad Real del intento de sobreseer la causa se suma a otra anulación anterior en el mismo sentido (también de sobreseer la causa por tráfico de influencias). Y, además, al intento, también por parte de la Fiscalía de Ciudad Real y del Juzgado nº 2 de Valdepeñas, de sobreseer injustamente de su imputación por prevaricación a cuatro de los miembros del tribunal calificador de aquella oposición, que fue presidida por Felipe Rodríguez Aguilar, ex-teniente alcalde y ex-Secretario General del PSOE de Valdepeñas», relata Benitez de Lugo.
Según recuerda el denunciante, «en el conocido como ‘Caso Arqueólogo’, la imputación por tráfico de influencias a los dos técnicos de Cultura de Valdepeñas se suma a la de los tres funcionarios del mismo ayuntamiento y a la de la arqueóloga designada directamente por el Alcalde de Valdepeñas para formar parte del tribunal de aquel proceso selectivo, la profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha Rosario García Huerta. La Justicia no ha imputado al quinto miembro del tribunal calificador, un experto designado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha».
«El ayuntamiento de Valdepeñas ha sido declarado responsable civil subsidiario en este proceso. Los imputados por prevaricación ya han satisfecho en el Juzgado de Valdepeñas, en efectivo o avalada con sus bienes, la fianza provisional de 45.000 euros que fue decretada para cada uno de ellos», señala benítez de Lugo.
El castigo previsto por el Código Penal para la prevaricación de una la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo es de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años. La misma pena de multa se impondrá a la persona que haya aceptado la propuesta o nombramiento. En el caso del tráfico de influencias, independientemente de la responsabilidad civil que pudiera ser determinada por el Juzgado, el Código Penal establece que se les podrá castigar con las penas de multa de tres a ocho meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años.
El nuevo Auto de la Audiencia señala que «el hecho de que el Ministerio Fiscal hubiera formulado conclusiones absolutorias tampoco determina el sobreseimiento». Y que «no se trata de prejuzgar ni anticipar una condena, sino de valorar la existencia de una probabilidad en la acusación de modo que, desterrando imputaciones arbitrarias, ilógicas o infundadas, concurra una mínima base que justifique la prosecución de la causa penal».
Luis Benítez de Lugo recuerda que fue desimputado el pasado mes de enero de una denuncia que el Ayuntamiento de Valdepeñas había formulado contra él con posterioridad al ‘Caso Arqueólogo’, por unos supuestos daños al Patrimonio Histórico.
«Es lamentable la actitud corrupta del alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín. Lejos de intentar dar transparencia y Justicia a este caso lo que ha hecho es contratar de nuevo a dedo a su arqueólogo enchufado cuando el Tribunal Superior de Justicia le quitó la plaza. También convocó una oposición ilegal en una forma concreta e ilegal, cuando tenía el mandato del Tribunal Superior de Justicia de no hacerlo así», señala Benítez de Lugo.
«Y para colmo ha dado instrucciones a sus técnicos y concejales para promover una denuncia penal contra mi persona por unos daños al Patrimonio Histórico que se han demostrado falsos e inexistentes, como bien ha señalado mediante un informe pericial la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que es la Administración competente en la protección de nuestro Patrimonio Histórico. Ha utilizado las instituciones, el poder y el dinero público para atacar al ciudadano que ha denunciado un caso clarísimo de corrupción en el ayuntamiento que él gobierna. Si personas como este alcalde y senador -quien busca como Rita Barberá el aforamiento protector del Senado- fueran las únicas propuestas para gobernarnos, estaríamos apañados», ha expresado Benítez de Lugo.
Y yo que pensaba que en los ayuntamientos del Psoe todo era transparencia y limpieza y por eso podemos/ganemos los apoyan.