El Gobierno regional suma fuerzas con once comunidades para pedir al Ministerio de Empleo un mayor aprovechamiento de la Garantía Juvenil

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha mantenido hoy una reunión junto a los titulares de Empleo de once comunidades autónomas del país, en el Congreso de los Diputados, con la intención de “hacer llegar a la opinión pública la situación de la Garantía Juvenil en España y de la  financiación de las políticas activas de empleo”, así como para “exigir todas juntas al Ministerio de Empleo que abra una nueva etapa de diálogo social y de comunicación con las administraciones autonómicas para poner el empleo y, en particular, a los desempleados jóvenes y de larga duración, en el centro de la agenda política”.

Tras la reunión con representantes de las Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Cataluña, Extremadura, Navarra, Euskadi y Valencia, la titular de Empleo se ha mostrado convencida de que “se han desaprovechado 3 años, desde la puesta en marcha del Programa Operativo de Empleo Juvenil, dotado con 6.000 millones de euros, 3.000 de ellos para España, destinados a desarrollar el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, en un país como el nuestro, con la mayor tasa de desempleo juvenil de Europa, un 43,6%, sólo superada por Grecia”.

Como explica la consejera, “este Sistema apenas se ha desarrollado, en buena medida por las barreras puestas por el propio Gobierno español, que exige requisitos a los jóvenes de nuestro país que no se piden en otros países”, además de poner en marcha un fichero que “ha sido más un obstáculo que una verdadera vía de acceso, dos circunstancias que ha reconocido el propio Ejecutivo central, que ha iniciado, aunque tarde, su rectificación”.

Esfuerzo del Gobierno regional para impulsar la inscripción en Garantía Juvenil

Pese a todo ello, la consejera ha puesto en valor “el serio esfuerzo que hemos realizado desde Castilla-La Mancha para fomentar el aprovechamiento de estos fondos, hasta tal punto que ya tenemos casi 16.800 jóvenes desempleados inscritos, frente a los 1.300 que había cuando llegamos al Gobierno”.

Patricia Franco también ha indicado que las consejerías de Educación y de Economía están trabajando ya, de manera conjunta, en la estrategia de empleo juvenil para los próximos años, además de destacar los casi 2.000 contratos realizados dentro de la iniciativa Contrato Joven, incluida en el Plan Extraordinario por el Empleo.

Patricia Franco ha señalado deficiencias concretas del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, como es “la falta de una verdadera garantía en España, que es el único país que no incluye un plazo para atender a los jóvenes”, así como “la inexistencia de fondos, puesto que, en un marco de recorte en el gasto en empleo y con el bloqueo en la gestión de los fondos nacionales de empleo, la iniciativa se ha quedado sin liquidez”.

La consejera, además, ha subrayado “la marginación de los servicios públicos de empleo, que han quedado como actores secundarios”.

Patricia Franco ha señalado que las Comunidades Autónomas reunidas “han buscado acuerdos sobre el modelo de financiación de las políticas de empleo y, especialmente, sobre los inasumibles retrasos de la orden de distribución del fondo”. En este sentido, ha recordado que el pasado 7 de diciembre se publicó la orden que distribuía entre las comunidades autónomas los fondos de políticas activas de empleo para 2016, con la obligación de comprometerlos antes del 31 de diciembre, “un modelo que hace muy difícil cualquier planificación”, como ha aseverado.

La consejera también ha puesto en cuestión “la fragmentación de los fondos en paquetes finalistas, algo que acaba recortando la autonomía de las Comunidades”, así como “la vinculación de los fondos a los indicadores de evaluación y no a las necesidades y, por supuesto, la reducción considerable de fondos para desempleo desde los presupuestos de 2011”.

En consecuencia, como ha concluido, “las Comunidades exigen al equipo del Ministerio de Empleo que abra un periodo de diálogo y trabajo en común con las Comunidades Autónomas, que negocie una nueva estrategia española de empleo, un nuevo modelo de financiación de las políticas activas de empleo y que redefina el Programa de Empleo Juvenil para que pueda ser realmente útil a la sociedad”.

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