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El Gobierno regional insta a las Cortes a aprobar un Presupuesto para 2017 que permite seguir compatibilizando la recuperación económica y social con el rigor de las finanzas públicas

- 6 abril, 2017 – 14:38Sin comentarios

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha instado hoy a los grupos parlamentarios a aprobar los presupuestos de Castilla-La Mancha para 2017, ya que permitirán continuar con la recuperación social y económica, así como con el rigor de las finanzas públicas puestos en marcha con las cuentas regionales del año pasado.

Ruiz Molina así lo ha manifestado durante su intervención en las Cortes regionales, con la que se ha abierto el pleno de debate y votación de la Ley de Presupuestos Generales de Castilla-La Mancha para 2017.

Este pleno, ha destacado el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, se celebra tras conocerse que “por primera vez Castilla-La Mancha ha cumplido en 2016 el objetivo de déficit marcado para ese ejercicio, que era del 0,7 por ciento”.

Por tanto, ha continuado Ruiz Molina, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, “cumple los compromisos adquiridos con los ciudadanos de recuperar derechos y servicios públicos arrebatados en la anterior legislatura y cumple con los objetivos de estabilidad presupuestaria marcados por el Gobierno de España y la Unión Europa”.

El titular de Hacienda y Administraciones Públicas ha resaltado que este objetivo se ha cumplido, además, sin compartirlo, porque desde el Gobierno regional se ha sido “bastante crítico” con el reparto de “los objetivos a cumplir por parte de la Administración del Estado y por parte de las comunidades autónomas”.

En relación con el cumplimiento del objetivo de déficit, Ruiz Molina ha puesto en valor que Castilla-La Mancha ha registrado un mejor dato que la media de las comunidades autónomas, cuyo déficit se sitúo en el 0,8 por ciento, y que el Gobierno de Castilla-La Mancha haya sido capaz de “reducirlo en un solo ejercicio en una décima, pasando del 1,7 por ciento con el que finalizó 2015 al 0,7 por ciento del PIB en el ejercicio de 2016”.

Esto ha supuesto, según ha explicado Ruiz Molina, que se haya reducido un 56 por ciento la necesidad de financiación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en un solo año, de tal manera que “de 628 millones que fueron necesarios en diciembre de 2015 para cuadrar el presupuesto de ese ejercicio, en el ejercicio de 2016 solo han sido necesarios 275 millones, es decir, que hemos necesitado endeudarnos 353 millones de euros menos”.

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas ha resaltado que Castilla-La Mancha es una de las comunidades autónomas que más rápidamente paga a sus proveedores. Así, de acuerdo al último dato oficial publicado por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, el pasado mes de enero, Castilla-La Mancha pagó en 11 días a sus proveedores, frente a los 25 días de media que tardaban el resto de comunidades autónomas.

Ruiz Molina ha calificado este registro como “un dato histórico”, que ha comparado con lo que se tardaba en pagar a los proveedores en enero de 2014, cuando se empleaban 36 días y se superaba el plazo legal de pago de 30 días, por lo que en solo dos años se ha reducido casi un mes el periodo medio de pago a proveedores de la región “con los mismos mimbres”.

El Gobierno de Castilla-La Mancha, además, tal como ha puesto de manifiesto Ruiz Molina, es uno de los que menos se endeuda en España. Según los últimos datos oficiales del Banco de España, la deuda pública de Castilla-La Mancha ha crecido desde el inicio de esta legislatura menos de lo que lo ha hecho la de las comunidades autónomas, ya que, en porcentaje sobre el PIB, la deuda de la región se ha incrementado siete décimas entre el segundo trimestre de 2015 y el cuarto trimestre de 2016 y en ese mismo periodo en el conjunto de España el crecimiento ha sido del 1,1 puntos, es decir, cuatro décimas más.

Teniendo en cuanta la variación interanual de la deuda pública, con el Gobierno de García-Page la deuda crece cuatro veces menos de lo que lo hacía en la anterior legislatura. Además, durante 2017 Castilla-La Mancha va a tener que abonar tres millones de euros al día para amortizar vencimientos de préstamos suscritos durante entre 2011 y 2015.

“Una política presupuestaria rigurosa que está contribuyendo a tener un escenario macroeconómico muy positivo para Castilla-La Mancha”, ha indicado Ruiz Molina, para referirse a continuación a los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), según los cuales el PIB de la región creció un 3,1 por ciento en 2016, un crecimiento superior al 3 por ciento, algo que no se conseguía en esta región desde 2007, hace 10 años.

En relación con el crecimiento de la economía regional, Ruiz Molina también ha recordado que, de acuerdo con los principales servicios de estudios económicos, Castilla-La Mancha crecerá por encima de la media nacional tanto en 2017 como en 2018.

Avances sociales y económicos gracias al Presupuesto de 2016

“Una política presupuestaria y económica desarrollada por el Gobierno de García-Page que está contribuyendo a que, por ejemplo, la tasa de paro haya disminuido cinco puntos en lo que va de legislatura, haya 47.600 parados menos, un 22 por ciento menos de hogares con todos sus miembros en paro, se hayan creado 4.492 empresas o que en 2016 las exportaciones hayan crecido seis veces por encima de lo que lo hicieron en el conjunto del país”, ha enfatizado Ruiz Molina.

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas ha subrayado que esa política presupuestaria y económica ha permitido también importantes avances sociales y económicos, como que haya 22.500 beneficiarios del Plan Extraordinario por el Empleo, 1.100 beneficiarios de la incorporación de jóvenes a la agricultura, el reinicio de las obras de los nuevos hospitales de la región, la renovación del equipo tecnológico de los hospitales, 20.000 personas menos en listas de espera, la disminución de los ratios de alumnos por aula en infantil y secundaria, el incremento de la financiación para el funcionamiento de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y de la Universidad de Alcalá de Henares (UAH), más de 32.000 personas beneficiadas del plan contra la pobreza energética, un 21 por ciento más de beneficiarios en dependencia, la aprobación de 2.244 plazas de empleo público o la devolución de la totalidad de la paga extraordinaria a los empleados públicos.

En definitiva, ha añadido Ruiz Molina, “2016 ha sido un gran año para Castilla-La Mancha, con el objetivo de déficit cumplido, la recuperación de Castilla-La Mancha en marcha, la deuda controlada, con un crecimiento económico por encima del 3 por ciento y todo ello sin subir la presión fiscal”. En este sentido, ha indicado que se ha demostrado, por tanto, que con los mismos mimbres presupuestarios “otro presupuesto, otra gestión, otra forma de hacer política era posible. Con alma, con corazón y con cabeza”.

Los presupuestos de 2017 continúan con la senda de recuperación iniciada con las cuentas de 2016

El titular de Hacienda y Administraciones Públicas ha destacado que “con ese mismo trazo y con ese mismo espíritu” se ha elaborado el proyecto de Presupuestos para 2017, que es “la segunda anualidad del plan de recuperación social y económica de Castilla-La Mancha que el presidente García-Page quiere llevar a cabo en esta legislatura” y que se ha elaborado desde el diálogo social y con aportaciones del grupo parlamentario Podemos. “Será una herramienta fundamental para que Castilla-La Mancha siga recuperando su autoestima y su confianza como región”, ha añadido.

La intervención de Ruiz Molina en el pleno de las Cortes ha continuado con la explicación de las cifras principales del proyecto de Presupuestos regionales para 2017, que tal como ha recordado asciende a 8.919,8 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 5,9 por ciento respecto a 2016, es decir, 499,6 millones de euros más. Desde el punto de vista de presupuesto no financiero, es decir, excluyendo el gasto motivado por la deuda pública, el crecimiento del presupuesto es del 3,7 por ciento.

Un presupuesto que está elaborado para cumplir el objetivo de déficit de 2017, fijado en el 0,6 por ciento del PIB regional, y el objetivo de deuda pública, del 35 por ciento del PIB de la región.

Según ha detallado el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, con estas cuentas regionales se continúa la senda iniciada por el Gobierno de Castilla-La Mancha en el inicio de esta legislatura para reconstruir el Estado de bienestar, derruido en la anterior legislatura, y, además, se incentiva y estimula la generación de riqueza y de empleo; manteniendo al mismo tiempo unas cuentas públicas saneadas.

Mejorar la calidad de vida de las personas constituye un objetivo fundamental, lo que implica necesariamente priorizar el gasto social, el principal pilar de estas cuentas públicas y al que se dedica el 70 por ciento del gasto no financiero, es decir, más de 5.000 millones de euros, 13,7 millones de euros al día.

El capítulo que más crece en estos presupuestos es el de inversiones, que lo hace un 21 por ciento y que tiene como objetivo dotar a los servicios públicos de las infraestructuras necesarias para que estos se presten con la calidad que se merecen los ciudadanos y, al mismo, beneficiarnos del efecto multiplicador que la inversión pública tiene sobre el empleo.

En relación con el empleo público, el proyecto de Presupuestos para 2017 contempla el pago del último tramo de la paga extraordinaria que se suprimió a los empleados públicos en 2012, la recuperación del 50 por ciento de la ‘Tasa Cospedal’ y el incremento general del 1 por ciento de las retribuciones.

El segundo objetivo del Presupuesto de 2017 es incentivar el crecimiento económico y la creación de empleo y a ese objetivo se van a destinar 5,4 millones de euros diarios. En dos ejercicios presupuestarios el Gobierno de García-Page ha incrementado en un 35 por ciento las partidas destinadas al desarrollo económico.

Por último, Ruiz Molina se ha referido al Plan de Garantías Ciudadanas, dotado con 119,2 millones de euros y que refuerza el compromiso de García-Page de no dejar en la cuneta a ningún ciudadano que se encuentre en situación de pobreza o exclusión social. Para ello, se vincula la renta garantizada a un empleo y solo cuando el ciudadano no puede trabajar entran en funcionamiento otros mecanismos de garantías.

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