El Gobierno de Castilla-La Mancha ha registrado hoy en las Cortes regionales el proyecto de Ley en Materia de Gestión y Organización de la Administración y otras Medidas Administrativas, un texto que tiene por objeto mejorar la eficacia y la eficiencia del funcionamiento de la Administración regional.
El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha presentado este proyecto de Ley en una rueda de prensa, en la que ha explicado que se trata de un texto legal de carácter estrictamente técnico y administrativo, que contempla multitud de materias y, por lo tanto, afecta prácticamente a todas las consejerías.
Una parte de la futura Ley nace de la necesidad de adaptar el nuevo marco normativo del Estado a la Comunidad Autónoma y, en concreto, dos leyes esenciales en la estructura administrativa básica como son la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público.
Así, el proyecto de Ley establece las notificaciones electrónicas como medio preferente de comunicación entre la Administración y los ciudadanos, evitando que tengan que desplazarse a las instituciones para la tramitación de sus asuntos, y agilizando las actuaciones y resoluciones administrativas.
Asimismo, se incrementa el porcentaje de reducción de las sanciones, hasta un máximo del 50 por ciento de su cuantía, en caso de que el infractor reconozca su responsabilidad y proceda al pago voluntario, además de manifestar su desistimiento o renuncia a interponer acciones o recursos administrativos contra la sanción.
También se establece un plazo común de resolución de nueve meses para todos los procedimientos sancionadores, que actualmente está fijado en tres meses.
Por otro lado, en la nueva norma se abordan una serie de modificaciones de leyes sectoriales de la Comunidad Autónoma para adaptar determinados aspectos de su articulado a la situación actual e incrementar su eficacia y eficiencia en la prestación de los servicios y en la gestión de los recursos económicos.
En primer lugar, se modifica la Ley 8/1999 de Ordenación del Turismo en Castilla-La Mancha, fundamentalmente para adaptar el sector al modelo de mercado único.
De esta forma, se amplía la relación y regulación de modelos de empresas turísticas de Castilla-La Mancha, se introducen modificaciones que refuerzan el respaldo legal a operadores y usuarios y se crea un régimen unificado de profesionales que pueden operar en la región.
En segundo lugar, se modifica la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística (LOTAU) para introducir nuevas figuras, como es el aprovechamiento preexistente, para agilizar los instrumentos de planeamiento de los municipios, o el concepto de complejo inmobiliario.
Esta Ley también es necesario que se modifique para adaptarla a la sentencia del Tribunal Constitucional por la cual se establece como de obligado cumplimiento iniciar un nuevo trámite de información pública de los planes de ordenación cuando se produzcan modificaciones sustanciales en los mismos.
Igualmente, se va a modificar la Ley de Servicios Sociales para agilizar el procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia.
Finalmente, se aborda una nueva regulación que otorga mayor efectividad al servicio de emergencias del 1-1-2, al establecer que las grabaciones de las llamadas recibidas en el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias de Castilla-La Mancha se conserven un máximo de dos años, salvo que el incidente esté bajo proceso judicial cuya duración supere el citado plazo, ya que entonces las llamadas se conservarían hasta que existiera una resolución judicial firme. Con esta modificación queda garantizada la confidencialidad de las comunicaciones y la protección de los datos personales de los usuarios.
