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Puertollano: La prohibición a Ferroatlántica de vender centrales hidroeléctricas abre la incógnita sobre Aurinka

- 27 julio, 2017 – 17:4711 Comentarios

La Xunta de Galicia ha denegado la solicitud de Ferroatlántica para segregar las actividades industriales y energéticas y así poder vender las centrales hidroeléctricas que explota en la Costa da Morte, de los ríos Xallas y Grande. Con la suma obtenida de la enajenación de esos activos, el grupo pretendía ejecutar un plan de inversiones que, entre otros proyectos, incluye el desarrollo de la fábrica de silicio solar de Aurinka que planea en Puertollano, y cuyo futuro debe aclarar ahora la propia empresa.
Aurinka
La Xunta, a través de Augas de Galicia, tenía la última palabra sobre la segregación planteada por Ferroatlántica en sus negocios hidroeléctricos y de aleaciones y este miércoles ha informado a los alcaldes y a los representantes de los trabajadores de que esta petición no cumple con los requisitos necesarios que fija la legislación, según informa Europa Press.

Fue el propio presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, quien comunicó esta decisión por teléfono a alcaldes de la comarca, mientras que el conselleiro de Industria, Francisco Conde, fue el encargado de trasladárselo al comité de empresa.

En un comunicado, la Xunta explica que, tras evaluar en detalle la solicitud de la empresa, dictaminó que no se cumplen los requisitos legales para eliminar la condición esencial prevista en la concesión, que consiste fundamentalmente en garantizar el mantenimiento de la actividad industrial.

Los trabajadores de la Costa da Morte emprendieron una serie de movilizaciones, apoyados por alcaldes de la comarca, para rechazar la segregación entre las fábricas de ferroaleaciones y las centrales eléctricas gallegas porque veían amenazada la continuidad de sus empleos.

Ferroatlántica anuncia consecuencias para empleados y comarcas por la imposibilidad de vender las centrales

Por su parte, Ferroatlántica recurrirá la resolución denegatoria de la Xunta a su petición de segregación de las actividades que desarrolla en la Costa da Morte, (A Coruña) con la que pretendía la venta de las centrales hidroeléctricas.

Además, a través de un comunicado de prensa, la empresa anuncia consecuencias para los trabajadores y también para las comarcas “al tener que revisar sus actuaciones de mecenazgo de las que se benefician numerosos clubes y sociedades del entorno de sus plantas, a las que se dedican anualmente 400.000 euros”.

El rechazo de la Xunta, según avisa, “impide la realización del plan de futuro”, con el que Ferroatlántica anunciaba que iba a invertir en Galicia 100 millones de euros “para mejorar sus capacidades y promover una nueva fábrica de silicio solar”.

Además de “las mejoras frustradas”, la compañía señala que el rechazo de la Xunta “deriva asimismo en la precarización de los 533 empleos actuales en las centrales hidroeléctricas y en las fábricas de Cee, Dumbría y Sabón, dado que las plantillas no tendrán ninguna garantía de estabilidad, frente a la que Ferroatlántica ofrecía en el plan de futuro”.

“La decisión de la Xunta perjudica gravemente los intereses de Galicia al despreciar la creación de 200 empleos directos y 300 indirectos en Sabón (entorno de A Coruña), Cee y Dumbría”, critica.

Abortado el proyecto de Sabón

La negativa también “aborta” la implantación en Galicia de un proyecto “de gran futuro”, según subraya, en alusión a la fabricación de silicio solar, que, según avanza, “ahora tendrá que replantearse en cuanto a tamaño y alcance y deberá buscar nueva localización allá donde las condiciones económicas, industriales y sociales sean más favorables”.

“Por ello carece de sentido mantener en Sabón las actividades de Silicio Ferrosolar, que serán paralizadas de inmediato, una vez que se tramiten las medidas laborales correspondientes”, adelanta.

La compañía afirma que “también tendrá que adoptar medidas reorganizativas en sus instalaciones y revisar sus actuaciones de mecenazgo de las que se benefician numerosos clubes y sociedades del entorno de sus plantas, a las que se dedican anualmente 400.000 euros”.

“Disposición ilegal”

Su objetivo, según destaca en la nota, sigue siendo tratar de “revocar la cláusula” que impide la segregación de sus activos hidráulicos en los ríos Xallas y Grande.

La empresa se muestra “convencida” de que dicha cláusula constituye “una disposición ilegal”, además de “no atenerse, por anacrónica, a la realidad industrial de la compañía”, y de tratarse a su juicio de “un ejemplo de discriminación en el libre ejercicio de la actividad económica”.

Por ello, advierte de que la decisión de la Xunta será recurrida primero ante la propia Administración autonómica y, “en su caso, ante la justicia, por vía contencioso-administrativa y en cualesquiera otras instancias donde la empresa pueda hacer valer sus derechos”.

Ferroatlántica incide en que lo que había solicitado era que se “devolviese las concesiones hidroeléctricas a su régimen original, que no impedía la segregación de esos activos de las fábricas de ferroaleaciones”.

Recuerda que dos catedráticos de Derecho Administrativo de la Universidade de Santiago, José Luis Carro Fernández-Valmayor y Luis Míguez Macho, concluyeron que la Administración gallega “carecía de base jurídica para negarse a la petición de la compañía”, de manera que, al hacerlo, “incurriría en una arbitrariedad”.

Asegura que la desestimación es “flagrantemente contraria a derecho porque vulnera la libertad de empresa y el principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos”.

Plan de inversiones

El plan de inversiones de Ferroatlántica tuvo su prolegómeno en la constitución en Madrid, a finales de mayo, de una comisión de seguimiento en la que están representados la dirección de la compañía y los sindicatos UGT, CC.OO. USO y SU. Este plan prevé la creación de 940 empleos y una inversión que supera los 200 millones de euros, con los que, entre otros proyectos, se construirá la nueva planta de silicio de Aurinka en Puertollano, según la empresa.

En diciembre de 2016, el Ministerio de Economía resolvió la concesión de un préstamo de 45 millones de euros a Ferroatlántica para la construcción de la planta en Puertollano.

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