El Diario Oficial de la región publica hoy el nuevo decreto que regula los proyectos de Ayuda Humanitaria de Castilla-La Mancha

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha publica hoy el nuevo Decreto 48/2017, de 25 de julio, por el que se regula la concesión de subvenciones para financiar proyectos de Acción Humanitaria y de Emergencia concedidas por el Gobierno regional, que en 2016 se realizaron mediante convocatoria pública y se dirigieron a atender a unas 100.000 personas afectadas por conflictos bélicos o catástrofes naturales en el mundo.

La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, ha señalado que este nuevo decreto “pretende ser un instrumento para llevar a cabo las políticas de acción humanitaria de Castilla-La Mancha”, vinculada tanto a “dar respuesta inmediata a las situaciones de emergencia como a la rehabilitación y al desarrollo futuro, en la que se reconoce el papel esencial de los agentes humanitarios”.

La consejera ha subrayado que “Castilla-La Mancha no va a olvidar a las poblaciones afectadas por las diferentes crisis humanitarias que tienen lugar en el mundo, en consonancia con los compromisos adquiridos por el Estado español en la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 y con la acción de la Unión Europea, en el ámbito de la acción humanitaria”.

Hasta el año 2016 estas subvenciones se han regulado por el Decreto 9/2008, de 22 de enero, pero desde ahora “este nuevo decreto se alinea con las principales iniciativas internacionales de mejora de la calidad de la acción humanitaria, se adapta a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y recoge las últimas modificaciones de la normativa de subvenciones”, ha enumerado la consejera.

En 2017 el presupuesto destinado a financiar proyectos de Ayuda Humanitaria será de 235.400 euros y el importe máximo individualizado por cada proyecto subvencionado será de 25.000 euros.

El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día siguiente al de la publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y finalizará el día 31 de octubre de 2017.

Proyectos financiados en años anteriores

En el año 2015 la acción humanitaria apoyada por la Junta de Comunidades comprendió una serie de acciones y recursos destinados a ayudar a las víctimas de desastres desencadenados por una catástrofe natural, como el terremoto que tuvo lugar el 25 de abril en Nepal, a la población refugiada y desplazada a causa de los conflictos armados de Oriente Próximo (Siria e Irak).

Igualmente, atendieron a las poblaciones afectadas por “crisis crónicas”, como las poblaciones refugiadas saharaui y palestina. “Los proyectos subvencionados han estado orientados a aliviar su sufrimiento, garantizar su subsistencia, proteger sus derechos fundamentales y defender su dignidad”, ha recordado la consejera.

Proyectos de Ayuda Humanitaria en 2016

En año 2016, el Gobierno regional ha apoyado diez proyectos para continuar procesos de protección internacional de las poblaciones refugiadas. En concreto, cinco proyectos para dar respuesta a las necesidades de la población siria, tanto en el propio país como en Líbano y en el campo de refugiados de Zaatari (Jordania) como consecuencia de la grave crisis humanitaria ocasionada por el conflicto bélico, así como de las llamadas “crisis olvidadas” de la población palestina y saharaui.

En América Latina se contribuyó a frenar el proceso de aumento de la vulnerabilidad de la población campesina en Guatemala y El Salvador, debido a la sequía recurrente causada por el cambio climático en el Corredor Seco de Centroamérica.

También se respondió al terremoto acaecido el 12 de abril en Ecuador. UNICEF, a través de su Comité de Castilla-La Mancha ha recibido financiación para proporcionar instalaciones adecuadas de agua y saneamiento en los albergues y refugios levantados tras el terremoto en las provincias de Esmeraldas y Manabí.

Finalmente, y tras el Huracán Matthew en el mes de octubre que asoló la costa caribeña, se subvencionaron dos intervenciones para Haití, como respuesta a las necesidades de la población de agua potable y saneamiento básico.

 

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