El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha resaltado hoy que el proyecto de Ley en Materia de Gestión y Organización de la Administración y otras Medidas Administrativas es una norma de carácter puramente técnico y administrativo, tan necesaria como útil para la región, y que garantiza una mayor calidad en la prestación de los servicios públicos por parte de la Administración regional.
Durante el pleno de las Cortes regionales en el que se ha aprobado esta Ley, Ruiz Molina ha subrayado que el objetivo de la misma es mejorar la eficiencia en la gestión de los recursos públicos e introducir una remodelación de los servicios públicos regionales y una mayor racionalización y agilidad de los procedimientos de la Administración regional con el ciudadano.
La Ley en Materia de Gestión y Organización de la Administración y otras Medidas Administrativas adapta la legislación al nuevo marco normativo estatal, tras la entrada en vigor el pasado mes de octubre de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público.
Esta Ley, según ha explicado Ruiz Molina, garantizará un funcionamiento más eficiente y eficaz de la Administración, estableciendo que las notificaciones electrónicas serán el medio preferente a utilizar en el procedimiento administrativo con el ciudadano.
Una Ley que, al objeto de adaptar la normativa a la ley estatal, fija un plazo común de nueve meses para la resolución de aquellos procedimientos sancionadores de competencia de la Comunidad Autónoma que no tengan regulado un plazo determinado.
El titular de Hacienda y Administraciones Públicas ha indicado que esta Ley, además, dotará de mayor agilidad al procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia y acceso a los servicios y prestaciones del Sistema de Atención a la Dependencia.
De igual manera, esta ley también garantizará que las actuaciones de emergencia ciudadana reguladas tengan un carácter prioritario en su tramitación y resolución sobre el resto de sus competencias, tanto por los órganos gestores como por los fiscalizadores.
Por otra parte, la Ley en Materia de Gestión y Organización de la Administración y otras Medidas Administrativas aborda una reforma del sector público regional, que lo que busca es modernizar la Administración autonómica.
De esta forma, se amplía el objeto social de la empresa pública Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha (GEACAM) para adaptarla a las nuevas necesidades que requiere el sector público, tras más de diez años de actividad.
En segundo lugar, se incluye el Centro de Investigaciones Agropecuarias ‘Dehesón del Encinar’ entre los centros adscritos al Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal de Castilla la Mancha (IRIAF).
Según ha explicado Ruiz Molina, la ley que hoy se ha aprobado en las Cortes modifica la Ley 8/1999 de Ordenación del Turismo en Castilla-La Mancha, con el objetivo de modernizar la actividad turística, uno de los sectores claves de la economía regional, y buscando también adaptarlo al modelo de mercado único de España y de la Unión Europea.
Así, se introduce una detallada regulación de los modelos de empresa y establecimientos turísticos de Castilla-La Mancha; se incluyen modificaciones por las cuales se regula la definición y actividad de las agencias de viaje, con el objeto de adaptarlas a la regulación estatal; se reforman los artículos de la Ley Regional de Turismo, que regulan el nuevo régimen jurídico de las empresas de turismo y ecoturismo, y se introducen cambios en el texto normativo que refuerzan el respaldo legal a operadores y usuarios.
El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas ha incidido en que las modificaciones que se han planteado en la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística (LOTAU), a través de este proyecto de ley, tienen como fin mejorar los procedimientos para la rehabilitación urbana en municipios y regular un instrumento legal con el que flexibilizar la regulación del suelo urbano.
Y por último, ha concluido Ruiz Molina, se aborda una nueva regulación del servicio de emergencias del 1-1-2, de manera que las llamadas que reciban se conservarán durante todo el tiempo que resulte conveniente para gestionar el incidente y, en su caso, por un plazo máximo de dos años desde que se cierre el incidente.
Durante su intervención el titular de Hacienda y Administraciones Públicas ha resaltado que el proceso de elaboración de la Ley en Materia de Gestión y Organización de la Administración y otras Medidas Administrativas ha durado bastantes meses, ya que se comenzó a tramitar en el mes de febrero.
Una ley que ha seguido todos los trámites estipulados por la legislación vigente en materia de información pública, que ha contado con todos los informes preceptivos, además de haber sido evaluado por el Consejo Consultivo antes de su aprobación por el Consejo de Gobierno como proyecto de ley.
