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Puertollano: Inhabilitados los administradores de Aconsa, la empresa que ejecutó las obras de accesibilidad del Carmen y las Mercedes

- 14 octubre, 2017 – 13:0110 Comentarios

Santos G. Monroy.- El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Ciudad Real, con competencias en lo Mercantil, ha acordado la calificación de culpable del concurso de acreedores de Obras Aconsa S.L. una de las principales empresas adjudicatarias de obra pública durante el mandado del exalcalde de Puertollano, Joaquín Hermoso Murillo, incluida la ejecución de la accesibilidad de los barrios de El Carmen y Las Mercedes. El magistrado aprecia en Aconsa “irregularidades graves, relevantes, muy cuantiosas y esenciales”.

Pasarela de Las Mercedes

Pasarela de Las Mercedes

En la sentencia de 4 de septiembre de 2017, consultada por miciudadreal.es, el juez ponente, Amalio de Juan Casero, ha estimado la demanda de calificación de la administración concursal y el Ministerio Fiscal y ha acordado inhabilitar a la administradora inicial de la empresa por el plazo de cuatro años para administrar bienes ajenos. También ha condenado a dos años de inhabilitación a la empresa Serpro Grupo Bobal SL, y a su administrador, que adquirió el control social de Aconsa en noviembre de 2012.

Además, el magistrado ha condenado a la persona inhabilitada durante cuatro años a pagar a los acreedores el importe a determinar en ejecución de sentencia al que alcancen las deudas de la concursada contraídas o generadas entre julio de 2011 y hasta el momento en que cesó en su cargo de administradora societaria, el 23 de noviembre de 2012, y que los acreedores no perciban en la liquidación de la masa activa.

Aconsa fue una de las habituales adjudicatarias de obras del Ayuntamiento de Puertollano durante la alcaldía de Joaquín Hermoso Murillo, ya fuera en solitario o formando unión temporal de empresas (UTE). Precisamente en UTE con Imesapi (fruto de la fusión de las empresas Api e Imes, ambas pertenecientes al grupo ACS), Aconsa fue concesionaria de numerosas obras. La UTE Api-Aconsa fue, por ejemplo, la encargada de las obras de ejecución de colector de la calle Gran Capitán, o de la urbanización de la segunda fase del polígono La Nava. Como UTE Imesapi-Aconsa, estas empresas se encargaron de la construcción del Centro de Servicios Municipales de la barriada Fraternidad.

Aconsa también estuvo vinculada a las polémicas obras de construcción del parque del Terri ya que, si bien no se presentó al concurso (la actuación fue adjudicada a Imesapi), sí figuró como peticionaria de un estudio geotécnico realizado por la empresa Euroconsult.

Una de las actuaciones más importantes que Aconsa emprendió fue la ejecución de la accesibilidad de los barrios de El Carmen y Las Mercedes de la ciudad minera. Este proyecto fue objeto de litigio entre el Ayuntamiento de Puertollano y la Gobierno regional de María Dolores de Cospedal, que pleitearon por la responsabilidad del pago de parte de las obras acordado en un convenio firmado en 2010. Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla–La Mancha obligó a pagar al consistorio puertollanero unos 2,5 millones de euros a los sucesores concursales de Aconsa tras detectarse  “cambios sustanciales” en el proyecto.

“Irregularidades graves, relevantes y muy cuantiosas”

En la sentencia conocida ahora, el magistrado de lo Mercantil aprecia en Aconsa “irregularidades graves, relevantes, muy cuantiosas y esenciales, que alteraban la imagen fiel de la concursada, hasta el punto de expresar una situación de solvencia y una capacidad de pago irreal”.

Entre otros aspectos, el juez aprecia que además de “evidenciarse diferencias de cuantía económica muy significativas”, se estima que varias de las anotaciones contables no se corresponden con la realidad de operaciones. Es el caso de pagos metálicos por caja por importes superiores a 2.000.000 euros cuando el saldo previo existente en caja según la contabilidad de la concursada era inferior a 1.000 euros, anotaciones contables según las cuales el 30 de septiembre de 2012 se produjo la entrega en metálico a la concursada por parte de diversas entidades bancarias de la suma de 5.613.200 euros, y asientos de una cuenta según los cuales se realizaron pagos por caja por importe de 6.696.035 euros para cancelar pasivos reconocidos a diversas entidades crediticias o se ingresó en caja un cobro al Ayuntamiento de Puertollano por importe de 3.871.086 euros.

Igualmente “determinantes” describe el magistrado las omisiones en las operaciones contables del ejercicio 2012 “que en modo alguno contribuyen a la comprensión de su situación patrimonial como es la falta de anotación de la cesión de créditos efectuada por la concursada a favor de Navarro Piquer, S.A., respecto de parte de los créditos que la primera ostentaba frente al Ayuntamiento de Puertollano, así como la falta de reflejo documental ni en la contabilidad ni en las cuentas anuales de la parte proporcional que le correspondía en diversas UTES de su porcentaje de participación en los activos y pasivos ni la parte proporcional de ingresos y gastos”.

Por otra parte, califica como de “falta de la más mínima diligencia debida” el “inexistente seguimiento cronológico de las operaciones al no quedar registradas día a día en un libro diario o la irregularidad de reflejar en la contabilidad la obtención de un crédito concedido por Globalcaja por importe de 4.800.000 euros una vez transcurridos más de cuatro meses desde su concesión”.

A juicio del magistrado, la concursada también incumplió el deber de solicitar la declaración de concurso, ya que considera que era conocida por la administración  la causa de insolvencia desde julio de 2011, y se demoró en la declaración de concurso hasta febrero de 2013. Esta sentencia es susceptible de recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Ciudad Real.

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