El Gobierno regional defiende que no puede hablarse de agua excedentaria con unos pantanos en la cabecera del Tajo al 19 por ciento de su capacidad

La consejera de Fomento, Agustina García Élez, ha defendido que no puede hablarse de agua excedentaria para trasvasar con unos pantanos de la cabecera del río Tajo a un 19 por ciento de su capacidad. Por lo tanto, ha dicho que el último trasvase autorizado, triple de 60 hectómetros cúbicos para los meses de abril a junio, es “un nuevo ataque a los intereses de Castilla-La Mancha, un trasvase ilegal”.

La consejera ha defendido que la ley en la que se amparan los que están defendiendo el trasvase dice que “solo se trasvasa agua que sea excedentaria”, por lo que con la situación actual de los embalses Entrepeñas y Buendía se ha dirigido al delegado del Gobierno de España en la región para pedirle que “vaya a los pueblos ribereños y a los de la cabecera del Tajo, donde se tienen que abastecer con camiones cisterna, y les diga allí que esa agua es excedentaria, que no la necesitan para el desarrollo y que, por tanto, pueden seguir cerrando negocios y empresas dedicadas al turismo de la zona, porque no se necesita el agua”.

En este sentido, ha pedido “respeto a los ciudadanos de la cabecera y a todos los de Castilla-La Mancha, porque ampararse en que un trasvase es legal por la ley es decir que se está de acuerdo con el trasvase, pero que luego no se atreve a decirlo”.

La titular de Fomento ha declarado que “el Gobierno regional no está de acuerdo con este trasvase y va a recurrir este trasvase”, por lo que ha reiterado que ya “estamos trabajando jurídicamente para comprobar los términos cuando se publique, porque no hay agua que se puedan llevar”. Del mismo modo, ha insistido en que “hay unas normas y unos criterios de explotación que tienen que cambiar según la ley, porque esos mínimos se podrían regular y lo que estamos pidiendo es que se haga”.

García Élez ha sostenido que “es lamentable que se amparen en una ley que se están saltando”, porque “contempla que esos 400 hectómetros como mínimo no trasvasable sea revisable, bajo un criterio técnico y lógico” que contemple una media de las aportaciones naturales que caen al año. Teniendo en cuenta la media que recoge el Memorándum, y que en la realidad ha bajado, “hoy el mínimo trasvasable sería de 510 hectómetros cúbicos”.

Los ataques a los intereses de Castilla-La Mancha también se tienen que defender en los tribunales

A preguntas de los medios, la consejera ha dicho que recurrir los trasvases “no es cosa de ahora, desde inicio de legislatura, el presidente García-Page lo tenía claro. Defendemos el agua a través de los medios de comunicación y también jurídicamente”. Así, ha añadido que “lo venimos haciendo porque los ataques a los intereses de Castilla-La Mancha se tienen que defender en los tribunales, dan fe los 23 recursos a los 23 trasvases; no sé si otras instituciones o administraciones pueden decir lo mismo”.

Del mismo modo, ha señalado que el Gobierno alza la voz pidiendo que haya representación en la Comisión de Explotación del trasvase Tajo-Segura, ya que es “ilógico” que no haya ningún miembro de Castilla-La Mancha, por lo que ha solicitado “compromiso” al Gobierno central, al que ha pedido que defienda que “en la mesa donde se decide que el agua de los pantanos de cabecera vaya al Levante haya representación de esta región, como lo hay de la Comunidad Valenciana, Murcia o los regantes de esa zona”.

Finalmente, la consejera ha lamentado que haya “menor inversión” para Castilla-La Mancha en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018, y ha criticado que 144 millones vayan destinados a un cementerio nuclear después de que los tribunales hayan dicho que el POM de Villar de Cañas es ilegal, algo en lo que “el Gobierno de España sigue apostando”.

Por eso, ha manifestado que ese montante “se destine a inversión real en Castilla-La Mancha y en la provincia de Toledo, y que no intenten vender humo con partidas que aparecen y que ya se reflejaban en 2017 y 2016”, como por ejemplo la de la plataforma logística de Talavera con 200.000 euros de los que “no se ha ejecutado ni un solo euro”. “Pedimos que se ejecute, el problema del Gobierno central es que luego no ejecuta”, ha concluido.

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