La consejera para la Coordinación del Plan de Garantías Ciudadanas, Inmaculada Herranz, ha celebrado una nueva jornada del Plan de Garantías Ciudadanas, esta vez dirigida a los vecinos y vecinas de la provincia de Toledo.
Una nueva parada del recorrido que está realizando por la región, con la idea de “establecer un proceso de diálogo abierto con la ciudadanía” porque “creemos”, ha señalado, “que la administración está al servicio de la ciudadanía; y que ésta debe dar cuenta del trabajo que está haciendo”.
“Nuestro objetivo”, ha seguido la consejera, “es poder hablar y ponerle voz a las necesidades que nosotros podemos estar viendo a través de ese diagnóstico que se ha hecho de la región, y a través de la implementación del Plan de Garantías”, pero esto no es suficiente, ya que “queremos dar cuenta de cuáles son los resultados, en el caso de Toledo, tanto del Plan en el año 2017, como del diagnóstico en la provincia y en el municipio de Toledo; y queremos que la población nos diga qué opina del trabajo que estamos haciendo y si la Ley de Garantías cree que puede cubrir sus necesidades”.
La consejera para la Coordinación del Plan de Garantías Ciudadanas ha detallado también algunas de las particulares de la provincia de Toledo; por ejemplo, que en el año 2017 han sido concedidas 49.000 prestaciones, el mayor número de las cinco provincias de Castilla-La Mancha; de las cuales, 3.200 corresponden a prestaciones en materia de garantía habitacional, 3.800 a garantía de suministros y 42.000 a garantía de renta.
En cuanto a los datos revelados por el diagnóstico elaborado desde la consejería, tanto la provincia de Toledo como su capital sitúan la media de hogares con vulnerabilidad habitacional (aquellos hogares donde se destina el 40% de los ingresos al pago de la hipoteca o el alquiler) dos puntos por encima de la media regional: el 22% de hogares.
Sin embargo, el dato de los hogares con vulnerabilidad económica (aquellos con bajos ingresos) se sitúa, tanto en la provincia como en la capital, por debajo de la media regional. Salvo en el caso de los hogares con menores y bajos ingresos, cuya media supera el dato autonómico.
La importancia de conocer estos datos, ha afirmado la consejera, “no es dar respuesta a la situación del momento”; de alguna forma, lo que la ciudadanía demanda es “un mecanismo estable que le proteja de manera permanente”.
“Se trata de elevar a derecho”, ha concluido Inmaculada Herranz, “se trata de que la población tenga un mínimo de ingresos asegurados que le permita, si mañana hay otro ciclo económico que va a generar una crisis como lo que he hemos estado viviendo y de la que aún no hemos salido, no estar a expensas de no poder alimentar a sus familias”.
