Esta iniciativa que, tras su paso por la Cámara Alta ha introducido algunas enmiendas de carácter técnico, ha salido adelante con el apoyo de PSOE y PP, así como de la mayoría de los grupos parlamentarios.
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El diputado y ponente socialista, Sebastián Fuentes, ha destacado el apoyo mayoritario alcanzado en el último trámite de esta Ley que, “pretende dar amparo legal a la investigación y a la búsqueda de evidencias criminales dentro de los modernos sistemas de comunicación”, con la finalidad de evitar que “actividades delictivas se oculten dentro de la compleja red de comunicaciones”.
Sebastián Fuentes, también ha resaltado que “con esta iniciativa se refuerzan considerablemente los instrumentos disponibles para el ejercicio de las funciones de seguridad pública de los cuerpos policiales competentes (estatales y autonómicos con competencia para la protección de personas y bienes y para el mantenimiento del orden público), así como del Centro Nacional de Inteligencia y de Vigilancia Aduanera”.
Es decir, con la nueva norma dichos cuerpos podrán acceder a unos datos que, en la actualidad, no están siempre disponibles y dificultan la persecución de los delitos. Además, para Fuentes “con este acto legislativo contribuimos a consolidar el espacio único europeo de seguridad y justicia en el marco de la cooperación europea, para luchar con mayor eficacia contra la delincuencia organizada y sobre todo, contra el terrorismo, una amenaza a la que somos especialmente sensibles en nuestro país”.
El diputado socialista también ha destacado que este Proyecto de Ley “se ha elaborado sobre la base de la seguridad pública y el respeto de los derechos individuales que puedan verse afectados, como son los relativos a la privacidad y a la intimidad de las comunicaciones, en el marco de otras Leyes ya existentes en nuestro ordenamiento jurídico como la Ley Orgánica de protección de datos de carácter personal”.
Así, el parlamentario del PSOE ha remarcado que “los datos que deben retenerse estarán exclusivamente vinculados a la comunicación para identificar el origen y el destino de la misma, y no revelarán en ningún caso el contenido de ésta”. Además, “la cesión de los mismos requerirá siempre la autorización judicial previa, y siempre que la investigación verse sobre delitos graves, con lo que se establece mayor seguridad jurídica tanto para los cuerpos policiales como para los operadores”, ha matizado Fuentes.
Según el parlamentario del PSOE, esta norma llega el Pleno “bastante consensuada” y fruto de las enmiendas introducidas en su tramitación, “el tiempo de conservación de los datos por los operadores será de 12 meses, y el plazo de cumplimiento de la cesión de datos lo fijará el juez,”. Asimismo, ha indicado que “el tiempo de adaptación tecnológica de los operadores a la nueva regulación será de 6 meses”.
Por otro lado, Fuentes también se ha referido a que “los operadores que comercialicen tarjetas prepago de telefonía móvil deberán llevar un libro-registro en el que conste la identidad de los clientes que adquieran esta modalidad”. No obstante, para las tarjetas adquiridas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley, los operadores dispondrán de un plazo de dos años para cumplir con las obligaciones de inscripción en el libro-registro.
Por último, el parlamentario del PSOE ha aseverado que “con esta transposición se ha conseguido un gran avance en eficacia, prevención y reacción frente a los grandes delitos, e igualmente en garantía de los ciudadanos”.
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El diputado y ponente socialista, Sebastián Fuentes, ha destacado el apoyo mayoritario alcanzado en el último trámite de esta Ley que, “pretende dar amparo legal a la investigación y a la búsqueda de evidencias criminales dentro de los modernos sistemas de comunicación”, con la finalidad de evitar que “actividades delictivas se oculten dentro de la compleja red de comunicaciones”.
Sebastián Fuentes, también ha resaltado que “con esta iniciativa se refuerzan considerablemente los instrumentos disponibles para el ejercicio de las funciones de seguridad pública de los cuerpos policiales competentes (estatales y autonómicos con competencia para la protección de personas y bienes y para el mantenimiento del orden público), así como del Centro Nacional de Inteligencia y de Vigilancia Aduanera”.
Es decir, con la nueva norma dichos cuerpos podrán acceder a unos datos que, en la actualidad, no están siempre disponibles y dificultan la persecución de los delitos. Además, para Fuentes “con este acto legislativo contribuimos a consolidar el espacio único europeo de seguridad y justicia en el marco de la cooperación europea, para luchar con mayor eficacia contra la delincuencia organizada y sobre todo, contra el terrorismo, una amenaza a la que somos especialmente sensibles en nuestro país”.
El diputado socialista también ha destacado que este Proyecto de Ley “se ha elaborado sobre la base de la seguridad pública y el respeto de los derechos individuales que puedan verse afectados, como son los relativos a la privacidad y a la intimidad de las comunicaciones, en el marco de otras Leyes ya existentes en nuestro ordenamiento jurídico como la Ley Orgánica de protección de datos de carácter personal”.
Así, el parlamentario del PSOE ha remarcado que “los datos que deben retenerse estarán exclusivamente vinculados a la comunicación para identificar el origen y el destino de la misma, y no revelarán en ningún caso el contenido de ésta”. Además, “la cesión de los mismos requerirá siempre la autorización judicial previa, y siempre que la investigación verse sobre delitos graves, con lo que se establece mayor seguridad jurídica tanto para los cuerpos policiales como para los operadores”, ha matizado Fuentes.
Según el parlamentario del PSOE, esta norma llega el Pleno “bastante consensuada” y fruto de las enmiendas introducidas en su tramitación, “el tiempo de conservación de los datos por los operadores será de 12 meses, y el plazo de cumplimiento de la cesión de datos lo fijará el juez,”. Asimismo, ha indicado que “el tiempo de adaptación tecnológica de los operadores a la nueva regulación será de 6 meses”.
Por otro lado, Fuentes también se ha referido a que “los operadores que comercialicen tarjetas prepago de telefonía móvil deberán llevar un libro-registro en el que conste la identidad de los clientes que adquieran esta modalidad”. No obstante, para las tarjetas adquiridas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley, los operadores dispondrán de un plazo de dos años para cumplir con las obligaciones de inscripción en el libro-registro.
Por último, el parlamentario del PSOE ha aseverado que “con esta transposición se ha conseguido un gran avance en eficacia, prevención y reacción frente a los grandes delitos, e igualmente en garantía de los ciudadanos”.
