El pasado día 17 de junio, el Presidente del Consejo General de Enfermería, Máximo González Jurado y el Fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido mantuvieron una reunión para tratar la situación de los enfermeros y enfermeras en lo referente a la prescripción farmacológica enfermera y las agresiones que los profesionales sanitarios sufren en el ejercicio de sus funciones.
La reunión resultó muy positiva por cuanto la fiscalía general mostró gran sensibilidad en los dos temas planteados. Sobre la posibilidad de que un enfermero o enfermera pueda verse denunciado por intrusismo profesional al realizar actuaciones prescriptoras, la Fiscalía General del Estado entiende que en tales supuestos, no parece lógico que se ejerza la acusación por tal delito, dado que se trata de una situación transitoria en la que los profesionales de enfermería actúan para evitar la paralización del sistema sanitario y evitar que los pacientes no reciban la atención a la que tienen derecho.
{mosgoogle}El dictamen del Consejo de Estado ha establecido cuales son las reglas del juego. Mediante una orden ministerial como la que había desarrollado el Ministerio de Sanidad, sólo se podría regular la prescripción de medicamentos que no requieren receta médica. Sin embargo quedarían fuera todas aquellas actuaciones clínicas en las que los enfermeros, a través de protocolos multidisciplinares, están prescribiendo medicamentos que a día de hoy requieren prescripción médica. Para el presidente del Colegio de Enfermería Ciudad Real, José Medina Mingallón, “estamos ante la oportunidad de regular la prescripción enfermera de la forma más excelente posible, dotando a las enfermeras de plenas garantías jurídicas en su quehacer diario”.
Por su parte, el Ministro de Sanidad, Bernat Soria sigue manteniendo el compromiso claro con la Organización Colegial de Enfermería de buscar la fórmula legal adecuada que permita a los profesionales de Enfermería legalizar su cotidiana actividad de prescripción de medicamentos Soria ha vuelto a ratificar su palabra ante las diferentes dificultades que ha ido encontrando en el camino. Cuando ya se había consensuado una solución que contentaba a todos, pudimos saber que el texto de la famosa disposición duodécima de la Ley del Medicamento, sobre la que se había desarrollado la que iba a ser la regulación jurídica de la prescripción enfermera, no era el que había sido aprobado por el Congreso de los Diputados.
Como la orden ministerial se basaba en el texto anterior, que ya ha sido modificado mediante una corrección de errores, Sanidad preguntó al Consejo de Estado la viabilidad de sacar adelante la orden a pesar de esta nueva realidad jurídica. La respuesta fue en los términos descritos en el párrafo anterior: regulación de la prescripción enfermera de medicamentos conocidos como OTC o sin receta médica sí, regulación de la prescripción enfermera bajo protocolos de medicamentos que requieran receta médica no. Cabe señalar que el propio Consejo de Estado reconoce en su dictamen que regular la prescripción de medicamentos sin receta sería insuficiente puesto que la realidad sanitaria pasa porque los profesionales ya lo realizan. Para el Consejo de Estado la solución es clara: la aprobación de una norma con rango de ley que establezca las reglas del juego. Conocido por el Ministro Soria su respuesta ha ido en la misma línea que hasta ahora, si es eso lo que se necesita pongámonos a trabajar en ello y saquemos adelante la mejor norma para que se devuelva la seguridad rápidamente y con todas las garantías para los pacientes y los profesionales.
Cambio de competencias
Para el Ministro de Sanidad, con la adaptación a Bolonia, se produce un cambio competencial en diversas profesiones. También las de tipo sanitario. Las diplomaturas desaparecen, adquiriendo un nivel de grado y, por lo tanto, eso significa mayores conocimientos y también mayores competencias. Tanto el Ministerio de Sanidad como el Consejo General de Enfermería mantienen contacto continuado de cara a consensuar con qué tipo de norma con rango de ley se va a devolver la seguridad jurídica a los profesionales. El Ministerio y el propio Gobierno, que se ha implicado de lleno en el asunto poniendo a disposición de Sanidad algunos de sus mejores juristas, están decidiendo qué tipo de norma con rango de ley sería "la más viable y rápida" para modificar la denominada Ley del Medicamento y regular por fin la actividad de los enfermeros en este ámbito. La opción elegida será consensuada con quien ha sido la voz de la profesión durante todo el conflicto, el Consejo General de Enfermería que decidirá junto a ellos la solución más óptima a este problema.
