Apenas se ha cerrado el nuevo mapa municipal y autonómico, y un maltrecho PSOE de Castilla-La Mancha se enfrenta de nuevo a una nueva cita electoral. Lo apropiado en este caso es esperar al 20-N para constatar lo que muchos barruntan ahora: la culminación del vía crucis pasional socialista. Sin embargo, no dejan de llamar la atención los movimientos que se han producido en el seno del PSOE desde los catastróficos resultados de las elecciones de mayo. Sorprende que en las circunstancias actuales, el PSOE regional no haya aprendido la lección y se empecine en funcionar como si no hubiera pasado nada, con las mismas caras, y al margen de las bases.

El descontento de los farmacéuticos con la Administración regional por la demora en los pagos de los medicamentos dispensados es comprensible, como es de derecho que su malestar se haga visible y que se anuncien medidas de presión para cobrar lo que es de justicia. Pero tanto los profesionales de la Farmacia como la Junta de Comunidades están obligados a actuar con mesura y voluntad de acuerdo. El sector debe ser consciente de que está reglado y sujeto a normas que lo diferencian del resto, en virtud de su extrema responsabilidad social como garante de la salud y el bienestar. Por otro lado, la justificación del Gobierno regional, apelando sistemáticamente a la falta de recursos, esboza un inquietante escenario que puede convertir en odiosas ambas posturas, con una víctima final: el ciudadano.

Lejos de remitir, aumenta la presión atmosférica en ese “medio hostil” en el que se ha convertido el debate político provincial y regional. Dicen los ingenieros de la sociología que cuando los grupos sociales se dejan llevar por inercias indeseables es muy difícil pisar el freno y reconducir la situación. Es lo que está pasando, quizá de manera inevitable, en esta campaña electoral que nos ofrece la visión más lacerante, antipática, egoísta y mendaz de la conquista democrática por el poder. ¿Será necesario un cordón sanitario frente a las declaraciones políticas ponzoñosas?

El asunto del supuesto espionaje del que han sido objeto destacados cargos del PP provincial es lo suficientemente grave como para tomárselo muy en serio. En cualquiera de los casos, tanto si es una invención de los populares como si realmente hay una mano turbia socialista que mueve los hilos del trabajo detectivesco destinado a elaborar informes para utilizarlos contra el enemigo político, el juego democrático, sosegado, civilizado, normal y limpio, ha quedado dañado de manera irreparable. Abróchense los cinturones para lo que viene.

La información aparecida el pasado viernes en el diario El País, que recogía el contenido de la denuncia presentada en los juzgados por el empresario Jesús Manuel Rosado y que señalaba al Ayuntamiento de Ciudad Real como el supuesto escenario de una densa trama de corrupción, es de tal gravedad que exige el esclarecimiento exhaustivo de los hechos hasta el último dato. No obstante, la trascendencia de la noticia para el futuro político de la región obliga a tener en cuenta algunas consideraciones. Lee el editorial de MICIUDADREAL.ES

El club de balonmano Renovalia Ciudad Real está protagonizando durante estos días un episodio que atenta directamente contra el libre  ejercicio de  la profesión periodística, el cual no debe tener más tutela que la de la Constitución y las leyes. El artículo publicado la semana pasada por nuestro compañero Santos González Monroy, titulado “Domingo Díaz de Mera, el incómodo convidado del poder (I y II)”, ha provocado las iras de la plantilla al completo con su entrenador a la cabeza, Talant Dujshebaev, quien profirió el pasado viernes unas duras descalificaciones contra el redactor de este digital en el transcurso de una concurrida rueda de prensa.

Convertir la mentira en política de Estado es el delito más grave del representante público. La ambigüedad y el camuflaje verbal como trinchera ante las evidencias, y la cortina de humo semántica como herramienta para ocultar la verdad son, tristemente, prácticas habituales que desvirtúan el sistema democrático, traicionan la confianza del ciudadano, y allanan el camino a la corrupción. Precisamente esta prevaricación del lenguaje ha sido la marca de la casa en las declaraciones de los responsables de la Fundación Virtus (Puertollano, Ciudad Real) desde que las irregularidades cometidas en su seno saltaran a la palestra mediática.

“Catástrofe electoral si el PSOE no cambia de rumbo”. Con esta telúrica admonición avisaba a Ferraz un desconocido, por lo contundente, José María Barreda, a la sazón secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha. Advertencia de grueso calibre que se sintetiza en un escopetazo, insólito hasta ahora, del dirigente castellano-manchego. El presidente advirtió: con Zapatero, el PSOE camina hacia la catástrofe. No sólo hacia una pérdida de votos de la que, aunque derrotado, Zapatero pudiera salir del trance con cierta dignidad, sino que se trataría de la mismísima catástrofe. O lo que es lo mismo, Zapatero convertido en un gigantesco agujero negro llevándose consigo todo vestigio de poder socialista… Y por mucho tiempo.

Jamás en la historia democrática española se produjo un atentado tan grave contra los derechos de los trabajadores, y jamás se ha producido un debate tan mediatizado y torticero sobre la legitimidad de los sindicatos y la utilidad de una jornada de paro. La convocatoria de mañana, la séptima huelga general realizada en España, se presenta como una encrucijada vital en el futuro laboral de millones de españoles, pero también pone de manifiesto la poderosa influencia de las grandes corporaciones, la banca, el Gobierno y los partidos políticos sobre unos medios de comunicación de masas que han cuestionado seriamente la vigencia de un derecho fundamental recogido en la Constitución española: el de la representación sindical obrera.

Fue ayer, durante el Pleno de las Cortes regionales, cuando Leandro Esteban levantó la liebre: habló de presiones a los medios, de chantajes. Habló de mafia y citó a la revista Ecos. Mar G. Illán, su directora  había dejado escrito que "reflexionada o no, unilateral o compartida, la decisión de castigar a un medio periodístico por lo que opina es una cacicada. Y los que hacen cacicadas son caciques".