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La construcción del nuevo Campo de Fútbol del Cerrú, uno de los proyectos estrella del Ayuntamiento de Puertollano, puede quedarse en un gigantesco fiasco. O al menos eso parece, salvo que  los responsables municipales encuentren una salida a la angustiosa situación en que les ha dejado la reciente declaración en quiebra de Tecnología de la Construcción (Teconsa), la constructora que ejecutaba las obras y que ahora presenta impagos por valor de más de 30 millones de euros.

A pesar de que eran vox populi los graves problemas financieros que asolaban a Teconsa, que ésta aparecía en el primer auto del juez Garzón (31 de marzo) sobre el caso Gürtel [trama de concesión fraudulenta de proyectos públicos que sentó en el banquillo a numerosos cargos del PP], y que la constructora había incumplido los plazos de finalización del proyecto, el Ayuntamiento de Puertollano decidió el pasado 15 de abril no resolver el convenio vigente. Por el contrario, ofreció a Teconsa un nuevo margen de confianza, ampliando en cinco meses el plazo concedido a la empresa para la entrega de la obra.

Ahora, tras la quiebra de Teconsa, muchos se preguntan qué ocurrirá con la “ilusión azul” de los hinchas de la UD Puertollano, con el campo de fútbol, y con los terrenos anejos que la constructora recibió de manos del Ayuntamiento, en el marco de la operación que permitió iniciar las obras del nuevo Cerrú. De hecho, la urbanización de esta zona, el PAU IV, se encuentra paralizada, lo que ha convertido a la barriada del Abulagar en un escenario lunar repleto de colectores descubiertos. Aunque algunos de ellos están en pleno funcionamiento, sólo están ridículamente tapados con palés de madera, con el consiguiente peligro para los transeúntes.
 
¿Chollo o tocomocho?
La remodelación del nuevo Cerrú, muy demandada por la afición de la UD Puertollano, y anunciada con grandes alharacas por el Equipo de Gobierno en octubre de 2007, corría a cargo de las empresas Teconsa y Proinsa, pertenecientes al grupo castellano-leonés Martínez Núñez.  Según el convenio firmado con el Ayuntamiento, ambas constructoras se encargarían de la resucitación de un nuevo y espectacular Cerrú para 7.000 espectadores a cambio de la cesión para aprovechamiento urbanístico del Sector IV, zona en la que estaba prevista la creación de una gran urbanización. El coste de la instalación deportiva se cuantificó en siete millones de euros.  
 
Los responsables municipales se mostraban en aquel entonces eufóricos por el acuerdo alcanzado, calificándolo prácticamente como un auténtico chollo. Así, el alcalde, Joaquín Hermoso Murillo, se felicitaba por que la empresa constructora hubiera aceptado el precio de los terrenos propuesto por el Ayuntamiento, unos 8.600.000 euros. De este modo, según el primer edil, si la construcción del estadio suponía un total de 7.000.000 euros, al Ayuntamiento le quedaba un remanente de 1.600.000 euros. En definitiva, Puertollano, según palabras del alcalde y de los concejales socialistas, “no tenía que soltar ni un euro” para hacer realidad el sueño de los futboleros locales.

Sin embargo, muchos puertollaneros tienen ahora la sensación de que al Consistorio se la dieron con queso. La realidad, hoy por hoy, es que en el estadio sólo juegan las langostas, y que los terrenos del Pau IV bien podrían confundirse con los campos de trincheras de Verdún. Es más, la suspensión de la actuación urbanizadora, que estaba a cargo de Promotora Almodoveña, ha dejado tras sí a decenas de colectores completamente abiertos. Muchos de ellos están en pleno funcionamiento, aunque tapados con simples tablones de madera procedentes de palés, lo que supone un serio peligro para quienes transitan por la zona y los niños que allí juegan.
 
La ilusión azul se torna gris
El Ayuntamiento se ha quedado, pues, compuesto y sin novia, y abandonado a la incertidumbre de los nuevos procesos jurídicos. A la declaración de concurso necesario de acreedores (la antigua quiebra) de Teconsa por el juzgado de lo Mercantil número 3 de Madrid, hay que añadir que Proinsa también comunicó en septiembre al juzgado su intención de negociar un plan de pagos con sus acreedores, a los que debe más de 300 millones de euros, antes de formalizar su petición para ser declarada insolvente. Proinsa se ha acogido a las nuevas posibilidades que ofrece la Ley Concursal, que da un plazo de tres meses para negociar un convenio anticipado de pagos con los acreedores, con el objetivo de agilizar el procedimiento posterior de insolvencia.

Con Teconsa o sin ella
Hace meses que el Ayuntamiento lo veía venir. Tras la paralización de las obras del campo de  fútbol, y en medio de continuos rumores sobre la posible quiebra de las empresas de Martínez Núñez, el Equipo de Gobierno siempre aseguró que los terrenos seguirían siendo municipales, y que tanto el Campo de Fútbol como la urbanización de viviendas serán una realidad, “con Teconsa o sin ella”.

No opina igual el portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida, Florentino López Montero. “Muchos ciudadanos se acercan a los concejales de IU y nos preguntan sobre el nuevo Cerrú. No podemos contestarles; la respuesta no está en el viento, como escriben los poetas, la tiene el alcalde, o quizás tampoco él haya encontrado todavía la puerta para salir de este laberinto”. De hecho, IU solicitó en julio al alcalde la comparecencia del concejal de Urbanismo para que explicara la situación de la instalación deportiva y el Sector IV, aunque, “como viene siendo habitual, rechazó la solicitud (no ha permitido nunca la comparecencia de un concejal delegado en el Pleno), y nos quedamos sin conocer los motivos de la situación actual de ambos proyectos, y sus posibles vías de solución”.

López Montero ha recordado que la estipulación segunda del convenio firmado entre Teconsa-Porinsa y Ayuntamiento establecía que la empresa promotora entregaría la obra en el plazo máximo de 14 meses, a contar desde la fecha de concesión de la licencia de obras. “Según esta cláusula del convenio, el plazo para la entrega del nuevo campo de fútbol acabó el pasado 13 de abril de 2009. Para evitar tomar las medidas que establece el propio convenio (resolución o emisión de aval bancario por el importe del valor de lo que quede por ejecutar), la Junta de Gobierno Local en su reunión del 15 de abril de 2009, después de analizar los informes técnicos pertinentes, acordó ampliar en cinco meses el plazo concedido a la empresa, sin que las obras hayan finalizado”, explica el edil de IU.

¿Hizo bien el Ayuntamiento evitando la resolución del contrato y manteniendo la confianza en unas empresas sobre las que ya entonces pesaba la losa de la duda, la sombra de la corrupción, y la amenaza de los impagos? ¿O bien, técnicamente, no le quedaba otra salida que intentar acabar la obra con las herramientas que tenía en su mano, habida cuenta de la tremenda envergadura del proyecto? ¿Cuánto tiempo tendrá que pasar antes de que se desenrede esta madeja? Lo cierto es que se abre ahora un periodo de incertidumbre cuyo desenlace es, hoy, todo un enigma.

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