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¿Políticas medioambientales o contra la propiedad privada?

- 19 mayo, 2007 – 16:27Sin comentarios
Juan Caballero de la Calle (Candidato nº2 al Ayuntamiento de Ciudad Real)

Solo en nuestra región, nos encontramos ya con casi dos millones de hectáreas declaradas como ZEPAS (Zonas de Especial Protección para las Aves), LIC (Lugar de Interés Comunitario), o/y incluidas en algún tipo de espacio protegido.  En la actualidad, toda esta inmensa superficie con algún tipo de figura de protección, ha sido apresada en el elenco de los Espacios Naturales, cuyo destino pasa a estar administrado por el Organismo Autónomo de Espacios Naturales de Castilla La Mancha, según la Ley 11/2.007, de 29 de marzo, de creación del citado organismo.

Los abandonistas, manejando con precisión a las marionetas que en apariencia representan el poder en cuestiones medioambientales, han aprovechado bien la transferencia, por parte del Estado, del Organismo Autónomo de Parques Nacionales. Nuestros representantes políticos responsables en estas materias en la Junta de Comunidades, pertenecientes todos ellos al PSOE,  han cambiando lo de Parques Nacionales por Espacios Naturales, o lo que es lo mismo, aprovechan la transferencia de los destinos de Cabañeros y las Tablas de Daimiel, para pasar a dirigir los cerca de DOS MILLONES DE HECTÁREAS bajo alguna de las figuras de protección incluidas en unos casos y que ellos incluyen en otros, dentro de los Espacios Naturales. Para que se hagan una idea: la provincia de Ciudad Real, una de las mayores de España, cuenta con aproximadamente 1.980.000 hectáreas: ¡Qué pedazo de cortijo!. Algún conformista pensará que nos queda el resto, pues está equivocado: el artículo 1 apartado c), sobre creación y naturaleza jurídica, de la Ley citada, amplía la elaboración y gestión de planes de actuaciones a las Zonas Periféricas de Protección y Zonas de Influencia Socioeconómica. Ni tan siquiera tenemos posibilidad de saber cual será el límite de semejante latifundio, quizá las lindes de Castilla-La Mancha.
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Al importante número de extremistas del “Medio Ambiente” instalados en la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, ya sólo les faltaba “El Cortijo”, desde donde administrar y dirigir los destinos de las tierras de la región. Hasta el momento se estaban hinchando a cercenar los derechos de los propietarios rústicos, a través de decenas de órdenes, leyes…; les faltaba el sitio para establecer una dirección autónoma que ya han conseguido, gracias a la Ley11/2.007, que Barreda y compañeros de madera articulada se han dado prisa en aprobar, antes de las próximas elecciones autonómicas y municipales de mayo del presente año.

A las personas que siguieran el proceso de transferencia del Organismo Autónomo de Parques Nacionales, seguro que les sorprenderá que el Organismo Autónomo no sea exclusivamente para Parques Nacionales, debido a las notables protestas desde muy distintos colectivos, incluidos los grupos ecologistas más influyentes, contra la cesión a las autonomías, basadas en que siempre el Estado Central tendría más medios para atender los Parques. Es difícil entender que los citados grupos no hayan levantado una sola voz contra la Ley 11/ 2.007, cuando la transferencia iba en contra de sus criterios y más aun cuando el Organismo deberá dedicar sus esfuerzos y dotaciones económicas en casi cincuenta veces más terreno del que realmente ocupa la superficie de Parques. Entre otras cuestiones, encontraremos multitud de municipios esperando las compensaciones prometidas en forma de subvenciones, turismo rural y otros: tendrán que repartir.

Para el Gobierno Regional de Castilla La Mancha, el hecho de que las zonas protegidas estén mal dotadas económicamente no es problema, pues sus políticas son las de abandono: nada de aprovechamientos forestales o/y cinegéticos; ni infraestructuras; ni ganadería; y si pudieran ni personas. De todas formas, malamente se puede seguir viviendo en un pueblo donde se van limitando, poco a poco, los aprovechamientos tradicionales y donde con dificultad podrán llegar empresas, debido a las infinitas limitaciones derivadas de las zonas de protección, que condicionan totalmente los estudios de impacto ambiental.  

Si a nivel del Estado impera la política de negociación con la banda terrorista ETA, a nivel de nuestra autonomía es la rendición ante los ecoabandonistas. No intento comparar una banda de asesinos con una pandilla subvencionada, desde el punto de vista de sus acciones, pero si desde los fines que pretenden conseguir, pues forman parte del núcleo duro de las convicciones de la mayoría de los españoles: la unidad de España y la existencia de la propiedad privada. Los etarras tratan de fragmentar nuestro País, mientras que los segundos son gentes con ideas comunistoides que han encontrado la forma de erosionar los cimientos, no ya de la cinegética y resto de los aprovechamientos forestales como objetivo primero, sino de la propiedad privada.

Estos personajes sin cartera, tras la caída del muro, nos intentan engañar continuamente con la deformación de la realidad y se apoyan en cuestiones generalistas como “el cambio climático”, que nada tienen que ver con la propiedad rural, para justificar sus demandas.  Al hablar de propiedad rural, me refiero no solo a la de particulares, también a la de Ayuntamientos, Autonomías, incluso a la del Estado. Intentan manejarla y poco a poco lo van consiguiendo, comportándose entonces como reyezuelos que imponen sus ideas, ayudados por una legislación que ellos mismos han parido y que la ceguera de muchos políticos ayuda a traer a la luz. Estas leyes ecoabandonistas ponen en manos de muy pocos y de similar tendencia, en Castilla La Mancha, la toma de decisiones sobre el si o no a multitud de las cuestiones que un propietario pretende realizar en su terreno, y además sobre lo que no pueden controlar tardan poco en conseguir un cambio en la legislación. Los problemas que técnicos que se creen progresistas y grupos ecoabandonistas originan sobre el progreso de nuestros pueblos o sobre la caza y otros aprovechamientos rurales, son daños colaterales del fondo de la cuestión: la erosión de la propiedad privada y el intento de controlarla.

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