En el umbral del nuevo curso, el área de Educación para la Ciudadanía y Derechos Humanos (EpC), un conjunto de asignaturas que cambia de nombre según el curso en el que se imparta (Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos en 2º ó 3º de ESO, Educación Ético-Cívica en 4º de ESO, Filosofía y Ciudadanía en 1º de Bachillerato) sigue siendo objeto de una fuerte polémica.
Otra de las novedades para el curso es el inicio de la asignatura en Bachillerato, a costa de la Filosofía. En este caso, además, el currículo, redactado ya bajo la presión social de la polémica, enmascara su contenido moralizante aunque en algunas, como Andalucía, la intención ideológica de Filosofía y Ciudadanía sigue siendo explicita.
{mosgoogle}Los padres son, indudablemente, los protagonistas del mayor movimiento de objeción de conciencia que se haya producido en España, exceptuando el que reivindicaba este mismo derecho respecto al servicio militar. Según PROFESIONALES POR LA ÉTICA, una de las asociaciones promotoras de la objeción, la mayoría de los padres objetores lo han hecho no por los contenidos de la asignaturas sino por el planteamiento global de las mismas, cuyo objeto, según la normativa legal aprobada por el Consejo de Ministros (BOE de 5 de enero de 2007), es profundizar en la ética personal de los alumnos, contribuir a que se construyan un pensamiento y un proyecto de vida propios y una conciencia moral. En definitiva, como indica Jaime Urcelay, presidente de PROFESIONALES POR LA ÉTICA, «EpC vulnera de lleno el artículo 27.3 de la Constitución Española según el cual los poderes públicos deben garantizar que la educación sea conforme a las convicciones morales y religiosas de los padres».
A pesar de que la objeción de conciencia es un derecho fundamental reconocido por la Constitución Española y por diversos tratados internacionales, numerosos padres objetores a EpC encontraron, durante el curso pasado, numerosos obstáculos.
El primero de estos obstáculos ha sido la intransigente postura del Gobierno central, que ha amenazado sistemáticamente a los padres objetores ignorando sus derechos y despreciando las resoluciones judiciales que les dan la razón. Sin ir más lejos, Mercedes Cabrera, ministra de Educación, ha reiterado el pasado viernes, al término del Consejo de Ministros, que faltar a clase de EpC es como faltar a Matemáticas. Por tanto, objetar a EpC implicaría el suspenso; Cabrera no cita que las resoluciones judiciales están declarando exentos a los hijos de objetores, quiénes no podrán ser, por tanto, suspendidos ni represaliados.
Las comunidades autónomas en las que gobierna el PSOE implantaron EpC el curso pasado. Un caso emblemático ha sido Andalucía, comunidad autónoma que se mostró muy beligerante con los padres objetores, acosando a los alumnos y suspendiéndoles en la primera evaluación. Sin embargo, las 15 sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y setenta autos dictando medidas cautelares favorables a los objetores (que el alumno no entre en clase hasta que no se dicte sentencia) obligaron a la Consejería de Educación a dictar instrucciones para que los objetores protegidos por los tribunales no fueran suspendidos. El resto de los objetores, debido a la intransigencia del Gobierno andaluz, tendrá que seguir pidiendo el amparo de la justicia.
En Aragón, Asturias, Extremadura, Cantabria, Cataluña (comunidades en las que se imparte EpC desde el curso pasado) la cerrazón de la Administración autonómica ha obligado a los padres a acudir a los tribunales al ver negado su derecho a objetar a estas asignaturas. En Asturias la Consejería de Educación ha llegado a abrir expedientes por absentismo a los hijos de los objetores.
En Castilla-La Mancha, Baleares y Galicia, comunidades gobernadas por el PSOE, EpC se implanta a partir de este curso. Ambos gobiernos autonómicos han rechazado las objeciones de los padres mediante resoluciones administrativas, lo que ha dado lugar ya a 32 recursos judiciales en Galicia y a casi 200 en Castilla-La Mancha, además de varios cientos de recursos en vía administrativa. En Baleares, por el momento, hay 8 recursos judiciales presentados.
También en el País Vasco la asignatura se implanta este año y 435 padres ya han anunciado que recurrirán a los tribunales si se les deniega la objeción.
En las comunidades gobernadas por el PP o sus socios, la cuestión es más compleja. A pesar de que el propio Mariano Rajoy se ha mostrado contrario a las polémicas asignaturas e incluso ha anunciado su propósito de objetar a EpC (El País, 31 de agosto de 2008) ejerciendo un derecho constitucional, los gobernantes de su propio partido han actuado a su libre albedrío, en lo que constituye una desautorización en toda regla al presidente del PP.
Un caso significativo ha sido Navarra, comunidad en la que el PP gobierna indirectamente a través de UPN. Esta Comunidad, al igual que las gobernadas por el PSOE, implantó EpC el pasado curso; el gobierno autonómico ha rechazado sistemáticamente las objeciones obligando a los padres a acudir a los tribunales de justicia.
El resto de las comunidades gobernadas por el PP introducen EpC durante el presente curso. Sin embargo, en ellas ya se han producido objeciones. Castilla y León, por ejemplo, ha rechazado las objeciones mediante resolución administrativa que ya ha sido recurrida en los tribunales de justicia. Los gobiernos de la Comunidad de Madrid y la Región de Murcia, por su parte, han declarado que aceptarán las objeciones a EpC aunque no han emitido, hasta la fecha, orden ni resolución alguna concretando esa aceptación. La Comunidad Valenciana, por su parte, ha acepado las objeciones dentro de un sistema alternativo de evaluación de la asignatura, que ha sido paralizado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana a instancias del Gobierno central.
Finalmente, La Rioja, gobernada por el PP, ha admitido objetar a EpC mediante resoluciones administrativas enviadas a los padres objetores. Como consecuencia, los alumnos no estarán obligados a ir a clase y no serán evaluados en EpC.
A todo esto, las comunidades gobernadas por el PP adaptaron los contenidos mínimos que el Ministerio de Educación había establecido para EpC. A juicio del Gobierno de la nación, en el caso de Murcia, Madrid, La Rioja y Castilla y León dicha adaptación no recogía suficientemente los contenidos mínimos, por lo que han sido recurridos en los tribunales por el propio Ministerio de Educación.
Este es el panorama con el que se encuentra la Administración educativa en la vuelta al cole: más de 44500 objetores a EpC, mayoría de sentencias y autos favorables a los padres objetores y casi 400 recursos pendientes de resolver en las diferentes instancias judiciales, algunos de ellos ya en el Tribunal Supremo. Hay también cientos de recursos administrativos que muy posiblemente llagaran a los tribunales en los próximos meses.
«Todo indica», asegura Jaime Urcelay, «que en las próximas semanas se incrementarán las objeciones a EpC y se dictarán nuevas sentencias relativas a este derecho. Todo ello fruto de la intransigencia de un gobierno que, al igual que sucedió con los primeros objetores al servicio militar, ha escogido el camino de la amenaza e incluso de la represión de un derecho fundamental».
