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¿A dónde va la política cultural de la Diputación?

- 7 enero, 2009 – 10:59Sin comentarios
conlosojosbienabiertoshttp://www.politicacultural.es/ En las últimas semanas ha aparecido en la prensa nacional la protesta de una gran parte de los artistas vascos ante la decisión del Gobierno de aquella comunidad de subvencionar con 702.000 euros al músico bilbaíno Kepa Junkera para editar una serie de discos que fusionan diversas culturas musicales. El Área de Cultura del gobierno vasco ha justificado la ayuda con el fin de promover la "renovación y apertura al exterior de la música vasca, desde el fomento de la interculturalidad".
Por su parte, los artistas agraviados ponen en tela de juicio los criterios de "cultura y modernidad" esgrimidos para conceder tal importe y de la misma manera se preguntan "con qué tipo de planificación pretenden superar los graves desafíos a los que la cultura vasca se enfrenta en el contexto actual".
Algo parecido es lo que ha ocurrido y viene ocurriendo en nuestra tierra con ciertos colectivos culturales. Hace poco un caso semejante suscitó la queja de un nutrido grupo de colectivos de teatro de la provincia que asistían a la publicación de una convocatoria hecha a medida de la única entidad que podía cumplir los requisitos exigidos. La entidad en cuestión es la conocida compañía de teatro Narea. Nada hay que reprochar en este sentido a la compañía, pues como empresa hace bien su trabajo de producción y venta de productos culturales, más concretamente teatrales. Nos encontramos en este caso con una situación en la que las ambiguas e inconcretas competencias culturales de una Diputación parecen justificar cualquier “cosa cultural” que haga con tal de que haga algo. Y sin duda, para una administración en general, y más para las que tienen una función cultural incierta, es más cómodo ir de compras al mercado en busca de productos de temporada que diseñar una verdadera política cultural. Nos encontramos así con que la Diputación, como otras administraciones, fomenta ese tópico de las llamadas industrias culturales, frente a las gravosas y poco rentables asociaciones culturales. Se pretende así, quizás sin buscarlo, un cierto halo de modernidad, pues es sabido que se lleva eso de dar protagonismo a las industrias culturales, como profesionales de la cultura. Como si la responsabilidad cultural de una administración se consiguiera yendo de compras al mercado, o como si lo profesional y lo empresarial fueran necesariamente sinónimos. Otro lugar común es el de los requisitos. Cualquiera puede presentarse a la convocatoria, pero sólo quien cumpla los requisitos podrá comerse al pastel. La trampa está en que los requisitos manifiestan una voluntad política a priori pactada probablemente con quien se sabe que será el beneficiario final. Qué duda cabe de que luego la compañía agraciada contratará y subcontratará, repartirá, en fin, el fruto de su asignación, dando de comer a otros muchos más pequeños. Pero que nadie dude que este reparto podría realizarse de una forma más equitativa, justa y participativa mediante una acción directa de la propia Diputación, quien parece más interesada en dar dinero para que se hagan cosas, que en diseñar de forma participativa un plan de fomento, promoción y acción cultural en la provincia. Es decir, repartir a los ciudadanos y colectivos culturales responsabilidad, capacidad de decisión, y capacidad de acción, y no sólo dinero. Este reparto de atribuciones diferencia la acción pública de la de un simple comprador de actividades culturales. En el caso local que nos ocupa los colectivos de teatro, empresas y asociaciones, se quejan porque saben que el proyecto sacado a licitación (la creación de una Compañía joven de teatro provincial) no resuelve de ninguna forma los problemas que tiene el teatro provincial. Sin embargo, a la Diputación parece bastarle con los fastos que pueda generar el proyecto en sí. Lo importante es que movilice a muchas personas, jóvenes mejor, y que dé ocasión de retratarse para dejar constancia del esfuerzo cultural realizado, y de la apuesta seria que la Diputación hace en materia de teatro. Pero quienes se dedican a ello saben bien que el esfuerzo no es tal, es un simple desembolso de casi 60.000.000 de pts a favor de la Compañía adjudicataria. El esfuerzo estaría en atender las demandas de los grupos de teatro de la provincia y de revisar, después de tantos años, la política cultural en general de la Diputación, y la teatral en concreto. Y posteriormente diseñar y desarrollar conjuntamente un nuevo modelo de política cultural. Sólo así es posible saber si se está haciendo bien el trabajo, y cuáles son las necesidades de los ciudadanos de la provincia. Es tiempo ya de generar una reflexión profunda de las competencias y funciones culturales de la Diputación, analizar el impacto de su acción cultural en la provincia, canalizar las demandas y opiniones de los colectivos culturales a través de cauces formales y serios que dignifiquen la tarea de quienes se dedican a la cultura. Sólo así será posible que, a estas alturas del siglo XXI, los artistas sean tratados como ciudadanos más que como titiriteros y cómicos que deambulan por la vasta geografía provincial al albur de un destino incierto.

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