Tenemos votos

A estas alturas a nadie puede extrañar o sorprender que desde Izquierda Unida mantengamos la necesaria reivindicación de modificar la ley electoral regional para hacerla más justa y democrática. No se trata de cubrir objetivos partidistas o de exculpar debilidades propias, se trata de defender y exigir que se cumplan principios constitucionales básicos y superiores del ordenamiento jurídico español y de la Carta Magna. Aunque a otros políticos les pueda sorprender, hay personas, colectivos, organizaciones sociales y formaciones políticas que valoran la necesidad de respetar principios y valores democráticos como el pluralismo político, la libertad, la justicia y la igualdad; ¡qué vamos a hacer!, somos así. Por el contrario, es evidente que algunos solo piensan en mantener a toda costa el sillón y el poder por encima de todo.
Lo verdaderamente extraño y sorprendente es que en la región sigamos sufriendo, todos los ciudadanos y ciudadanas, las consecuencias de mantener una ley electoral que imposibilita traducir en escaños los votos que consiguen las formaciones políticas alternativas al PSOE y al PP y, sobre todo, de soportar una clara discriminación entre la ciudadanía ya que unos votos tienen más valor que otros. Mientras el PP y el PSOE en Castilla-La Mancha obtienen un diputado regional por cada 22.000, IU con casi 40.000 votos no tiene ningún diputado. ¿Dónde queda el sufragio universal, libre, directo, igual y secreto? ¿Dónde está el sistema electoral proporcional que recoge como mandato la Constitución y el Estatuto de Autonomía?  

Aunque no comparto el sentido de las declaraciones del excompañero y ahora Consejero de Presidencia del Gobierno regional, Sr. Valverde, acierta en señalar que es una cuestión de votos, pero es que los votos están, los tenemos, existen, el problema es el filtro al que se les somete por voluntad de los que hoy nos gobiernan. Él no es un político cualquiera y a pesar de sus obligadas declaraciones conoce bien el problema de fondo.

El déficit democrático que sufren nuestras Cortes no tiene parangón en ningún otro parlamento autonómico del país. Junto a Extremadura somos la única región bipartidista en cuanto a la composición del parlamento regional, siendo el caso de los extremeños puramente circunstancial ya que con un millón de habitantes menos que Castilla-La Mancha se eligen a 65 diputados, es decir, 18 más. En Aragón son 67 los diputados a elegir, veinte más de los 47 actuales aquí; allí hay 730.000 habitantes menos. Las comparaciones resultan sangrantes, Aragón con menos extensión y menos habitantes tiene 20 diputados regionales más. Así podríamos seguir con cualquier otra comunidad autónoma. La que vivimos en Castilla-La Mancha es una situación injusta y poco democrática solo defendible y justificable para unos pocos desde la perspectiva del mantenimiento o el acceso al poder por encima de todo. Pero tampoco el poder es justificación. En otras regiones gobierna el PSOE o el PP, durante muchísimos años con mayorías absolutas históricas (Aragón, Extremadura, Andalucía…), y tienen hasta cinco formaciones políticas, porque cuentan con leyes electorales, mas proporcionales y menos injustas, que encauzan mejor las pluralidad de pensamiento de la sociedad.

Lo que esta en juego es la calidad democrática de una región, la salud democrática de Castilla-La Mancha y de unas Cortes que no representan la pluralidad política y social existente.

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