Lamata ha hecho estas declaraciones tras acabar la reunión del Pleno del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia que se ha celebrado hoy en la sede del Ministerio de Sanidad y Política Social, con la presencia de la ministra Trinidad Jiménez y de los consejeros autonómicos responsables de las políticas sociales.
“Tras tres años de aplicación de la ley, se ha consolidado en España este derecho, y lo que hemos hecho hoy es aprobar criterios de comunes para su aplicación en el conjunto del país a fin de que todos podamos seguir la misma pauta, ya que esta norma nos da un derecho social no por ser castellano-manchegos, andaluces o madrileños sino por ser españoles”, ha manifestado Lamata.
En el pleno se decidió que las comunidades autónomas apliquen en sus respectivos territorios a lo largo de este año una orden en el que se establezca un plazo máximo de seis meses para la resolución de una solicitud de dependencia. Este plazo ya ha sido establecido por el Gobierno de Castilla-La Mancha el pasado mes de diciembre, mediante decreto.
En el pleno se ha acordado también actualizar las prestaciones económicas por grado y nivel para este año, se han establecido criterios comunes en la concesión y seguimiento de la prestación de cuidados en el entorno familiar, así como en la composición de los órganos de valoración y procedimientos.
Más de 26.000 personas se están beneficiando en Castilla-La Mancha de su derecho subjetivo a la atención de su situación de dependencia mediante el cobro de una prestación económica o la atención en un centro o servicio especializado y, en este marco, se están prestando más de 31.000 prestaciones y servicios.
De otro lado, más de 6.600 personas se han dado de alta en la Seguridad Social en el convenio especial de cuidadores de personas en situación de dependencia.
Castilla-La Mancha se sitúa por encima de la media nacional en los distintos parámetros que valoran el proceso de aplicación de la ley en España, siendo cada vez mejor su posición relativa respecto al resto de las comunidades autónomas, según los últimos datos publicados por el Imserso y la Tesorería General de la Seguridad Social.
