La termosolar de Arenas: un nuevo caso de nepotismo

Desde hace 50 años, las Tablas de Daimiel y el conjunto de los humedales manchegos, han protagonizado con mayor o menor frecuencia numerosos titulares. Durante los últimos meses, su lamentable estado, que desembocó en el incendio de turba que afectó al Parque Nacional, ha ocupado primeras páginas y cabeceras de todos los medios informativos a escala internacional.
Las lluvias que se han sucedido a partir del 14 de diciembre pasado, nos están proporcionando una visión idílica de la mayor parte de estos ecosistemas que, aunque enmascaran los problemas estructurales que se mantienen vigentes, aportan también una dosis de esperanza a los que seguimos esperando su recuperación.

Sin embargo, la desaparición de los Ojos del Guadiana, la insostenible proliferación de los regadíos, la nula ordenación del territorio, la inexistencia de una adecuada política de desarrollo rural, el sistemático incumplimiento de las normativas y el cómodo recurso a las subvenciones y a la petición de trasvases, no agota el catálogo de amenazas que se ciernen sobre este singular patrimonio que es, con diferencia, el principal tesoro que albergan las tierras manchegas.

Cuando apenas se apagan los ecos del incendio y la oportunidad o no del trasvase desde el Tajo, cuando queda pendiente la amenaza de descatalogación por parte de la UNESCO para el conjunto de la Mancha Húmeda como Reserva de la Biosfera, una nueva amenaza se materializa en otras Tablas, éstas ignoradas.

Las Tablas de Daimiel eran sólo una cuenta en el largo rosario de lagunas fluviales que jalonaban el Guadiana y sus dos afluentes principales de cabecera. Ciertamente una perla muy singular, pero incapaz de desacreditar a otras de notable importancia también: las Tablas de Villarrubia, las Tablas de Arenas, las Tablas de Villarta, las Tablas de Herencia, las de Alcázar de San Juan y muchas otras.

Es ahora en las inmediaciones de las Tablas de Arenas, a caballo entre los términos municipales de esta localidad y de las vecinas de Puertolápice y Villarta, donde se han iniciado los trabajos para la instalación de una Central Termosolar que consumirá nada menos que 1.600.000 m3 de aguas subterráneas. Además, esta instalación ocupará el Dominio Público Hidráulico que corresponde al río Gigüela, acabará con centenares de añosas encinas y alterará radicalmente el hábitat de infinidad de especies acuáticas, esteparias y de bosque mediterráneo.

La sinrazón de este proyecto es tal, que se ha colado aprovechando la ingenuidad de las organizaciones ambientales que daban por descontada su inviabilidad. ¿Cómo es posible, por tanto, que las administraciones competentes hayan permitido su avance? Nos encontramos, de nuevo, con poderosas razones de orden económico que parecen suficientes para transgredir el sentido común y la legislación. Es un caso más, que se suma a los conocidos y en los que se demuestra el comportamiento indecente de las administraciones.

Se advirtió repetidamente de lo inadecuado de su ubicación. Hubiera bastado con un replanteamiento que, por otra parte, hubiera generado notables beneficios sociales y ambientales. Se propuso su protección, que debía llegar a tanto como formar parte de un nuevo Parque Nacional de las Tablas del Guadiana y del Gigüela. Hemos intentado concienciar in extremis a políticos y a gestores de la barbaridad y de las oportunidades de esta situación. Todo en balde.

Los mismos agentes medioambientales, a los que se ha encomendado la supervisión de los trabajos, han resistido tanto como les han dejado para evitar esta nueva tropelía. Todo inútil.

¿Qué compromisos ha contraído la administración regional con las empresas que están detrás de este proyecto? Desde luego, deben ser de rango superior a los que tiene con los ciudadanos, con la legislación vigente y con su propia ética.

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