«La crisis no va para atrás, sino que sigue avanzando, y los afectados aumentan. Para los más pobres, esta crisis va a tener una resaca, y una resaca larga». La alerta proviene de quienes mejor conocen la dura situación de cientos de miles de personas, pues Cáritas Española atendió durante 2009 a 800.000 víctimas de la crisis, a las que no llegan unos servicios sociales públicos masificados y que «no atienden a la persona en su totalidad», según denunció hace unos días el nuevo secretario general de Cáritas, Sebastián Mora.
El nuevo secretario general de Cáritas Española, Sebastián Mora, hizo estas declaraciones durante la presentación del IV Informe del Observatorio de la Realidad Social de Cáritas, en el que se analiza cuál está siendo la respuesta de los servicios sociales públicos ante la crisis.
Según señala el documento, al analizar el actual sistema de protección social en España, cuyo modelo gira fundamentalmente en torno al empleo y a la cotización, se constata, como indicó el secretario general de Cáritas, que “cuando el trabajo es escaso, se tambalea, lo que, unido al escaso y desigual desarrollo de otros ámbitos de la protección social, como servicios sociales, garantía de rentas, servicios y prestaciones para vivienda, pone de manifiesto la precariedad de la protección social en España”.
Este hecho cuestiona “el pretendido crecimiento económico como impulsor de un verdadero desarrollo social, ya que cuando hubo crecimiento no hubo desarrollo”. En la actualidad, la proporción del gasto social en España con relación al PIB (22,7 %) está 5 puntos por debajo de la media europea, que era de un 27,7% en 2007.
Política social fragmentada y sin criterios comunes
Junto a este déficit, Sebastián Mora apuntó también a la fragmentación de nuestra política social en diversos ámbitos de actuación, donde los servicios sociales, además de carecer de una definición legal y técnica unificada, están sometidos a un proceso de legislación desigual y abierto. Por ello, uno de los retos ante el impacto de la crisis “pasa por definir claramente las tareas básicas y mínimas de los servicios sociales como una condición necesaria para racionalizar su gestión.
Como señaló el secretario general de Cáritas, los servicios sociales “tienen que establecer una gradación de sus servicios y prestaciones, y distinguir entre los que constituyen un derecho subjetivo del ciudadano y aquellos otros que, siendo responsabilidad u obligación de la Administración, tienen carácter discrecional y no se originan por el reconocimiento de un derecho”.En dos años, se ha duplicado el número de personas atendidas por Cáritas en su Servicios de Acogida
El último informe del Observatorio de la Realidad Social de Cáritas muestra también que el número de personas atendidas por la red estatal de Servicios de Acogida y Asistencia aumentó de 400.000 a 600.000 personas del 2007 al 2008, y que previsiblemente alcanzará las 800.000 personas en el 2009. Esto supone que en dos años se ha duplicado el número de personas atendidas por Cáritas en sus servicios de Acogida y Asistencia, lo cual, como aseguró Sebastián Mora, “supondrá un récord en los datos de atención de este área de trabajo de Cáritas”.
Al mismo tiempo, los datos del Informe revelan que, en general, los servicios sociales públicos no se cubren muchas necesidades básicas de las personas más acuciadas por la crisis, bien porque no están incluidas dentro de las prestaciones básicas que ofrecen, o bien porque los criterios de acceso a estas prestaciones se han endurecido y son muy desiguales entre Comunidades Autónomas en cuanto a tiempo de tramitación, cuantías concedidas y duración de la prestación. De hecho, los agentes de Cáritas en toda la Confederación constatan la lentitud o la falta de respuesta de los servicios públicos ante situaciones de emergencia: mientras que para las citas los períodos de espera van de 30 a 90 días como promedio, los tiempos para la valoración y la resolución de las ayudas son de tres meses o superiores.
Esta demora lleva como consecuencia que Cáritas debe asumir en muchos casos la cobertura inmediata de las necesidades urgentes de estas personas y familias, e incluso el “adelanto” de cantidades que vayan a ser concedidas por los servicios públicos. Como aseguró Mora, “Cáritas realiza una ingente labor de contención”, una afirmación que viene avalada por el dato de que el 52% de las personas atendidas por la institución vienen derivadas de los servicios sociales públicos. A este respecto, el secretario general recordó que “la opción de Cáritas es la de complementar a los servicios sociales públicos, no sustituirlos”.
Propuestas de Cáritas para la acción social
Además del análisis de los servicios sociales públicos, en el Informe del Observatorio de la Realidad de Cáritas se recogen hasta diez propuestas concretas dirigidas a corregir la actual falta de respuesta ante la crisis, que van desde el incremento del esfuerzo en protección social para acercarlo al porcentaje medio de la UE sobre el PIB hasta la revisión de la acción social de acuerdo con prioridades y criterios, para que sean garantía cercana y operativa de inserción social, pasando por el aumento de los recursos humanos y económicos para garantizar la cobertura de las mismas necesidades básicas en todo el Estado o unificar los criterios de acceso y concesión en el Sistema de Garantía de Rentas Básicas o Mínimas, entre otras.
Por último, el Informe recoge también algunas iniciativas innovadoras puestas en marcha por Cáritas para responder con mayor eficacia ante la crisis en las respuestas a las demandas de ayudas básicas de emergencia, de vivienda y de empleo.
Un nuevo modelo social
Precisamente el lunes Cáritas Regional de Castilla-La Mancha presentó a la sociedad el documento “Hacia la construcción de un nuevo modelo social. Cáritas ante la crisis. Denuncias y Propuestas”, un extenso trabajo con el que esta organización quiere denunciar el papel de las administraciones, en sus distintos niveles, que no están pagando debidamente a las empresas ni a las entidades sociales que trabajan con los más empobrecidos, a los empresarios que especulan y que, aprovechando la actual situación de crisis, despiden a sus trabajadores con el fin de rebajar los costes sociales, y a la banca a la que se le ha inyectado dinero público para que afronte la crisis y en vez de ayudar a las familias y pequeñas empresas siguen poniendo dificultades.
Igualmente, Cáritas Castilla-La Mancha denuncia también el papel de los sindicatos por el “mutismo” ante los cientos de despidos que se están produciendo en nuestra comunidad autónoma.
Ante esta situación, la Cáritas regional propone apostar por un trabajo integral con la persona, poniendo el acento en la participación real de los más vulnerables, trabajar de manera coordinada entre la administración y Cáritas y que la administración cumpla con los plazos previstos en las convocatorias tanto en las resoluciones como en el pago de las mimas.
Por último, Cáritas de Castilla-La Mancha exige a los sindicatos que cumplan con su papel en la defensa de los trabajadores, sobre todo de los más vulnerables, y pide a los empresarios que no busquen el máximo lucro en sus actividades empresariales y miren más por sus empleados, buscando soluciones diferentes al despido de los mismos.
