El Ayuntamiento de Daimiel, contra el botellón

El Ayuntamiento de Daimiel está decidido a paliar los desordenes derivados de este tipo de concentración aumentando la presencia policial y aplicando la Ordenanza Municipal de 2005 que observa sanciones significativas de hasta 3.000 euros. Entre tanto, en www.daimiel.es se expone las propuestas recabadas tras las reuniones sectoriales de la Mesa del Ocio y la Convivencia a fin de determinar otras medidas estructurales.

El Ayuntamiento de Daimiel incrementará la presencia policial y los controles acústicos, de alcohol y estupefacientes en la zona donde se sitúa el botellón. También aplicará de forma “estricta” la Ordenanza Municipal de 2005 que regula los desórdenes que afectan a la convivencia ciudadana y a los bienes urbanos contemplando sanciones que en último extremo podrían alcanzar los 3.000 euros.

Estas son las primeras medidas que se adoptan para lograr que, como señalaba el alcalde José Díaz del Campo, “Daimiel siga siendo la ciudad tranquila y de alto nivel de vida que es donde se haga compatible el respeto y convivencia con el ocio”.

Entre tanto, durante 20 días queda expuesta en el portal municipal www.daimiel.es una síntesis de las propuestas ciudadanas “responsables y razonables” extraídas de las reuniones con los sectores implicados en la Mesa por el Ocio y la Convivencia creada en septiembre de 2009. Las aportaciones de los vecinos que participaron en los citados encuentros pueden consultarse al tiempo que se abre la vía a otras sugerencias que llegarían al equipo de Gobierno a través del Buzón del Administrado.

En este punto incidía la concejala de Bienestar Social, Cristina Maestre, quien explicó que uno de los planteamientos es buscar un lugar surgido del consenso donde ubicar un espacio al que dirigir el botellón con la mínimo invasión del casco urbano y máxima seguridad de acceso y desplazamiento para los jóvenes. Por otro lado no se descartarían -igualmente con el quórum de los daimieleños especialmente de los sectores implicados-  otras vías más drásticas como la elaboración de una ordenanza que regularía expresamente el consumo de alcohol en la calle, “en qué zonas y situaciones determinadas se podría beber”. Subrayando lo controvertido del asunto, Maestre se preguntaba “¿Prohibimos radicalmente el consumo al aire libre en toda localidad?”,  cuestión de difícil acometida. Tampoco se descartaría regular del mismo la venta de alcohol (establecimientos, horarios, etc.). Medidas sancionadoras, prohibiciones y también educación no formal encaminada a la prevención en el consumo de alcohol y otras sustancias estupefacientes.

Todos estos asuntos son abordados “recogiendo la sociedad comprometida y participativa de Daimiel” en el documento. El boceto contempla el análisis desde el punto de vista de asociaciones, empresarios, padres y madres y propios jóvenes y donde queda reflejado que “los que rompen las normas del juego son una minoría y que la meta es aminorar el impacto de ruidos, garantizar la seguridad y control y permitir el ejercicio de la conducta ciudadana”.

Control y sanciones
Por su parte, el concejal de Obras puso el acento en que el botellón “afecta a todos”. Las actuaciones concretas que se van a poner en marcha van a ser el refuerzo de la presencia de presencia de Policía Local y Guardia Civil que realizarán los controles respectivos; además de la ubicación de patrulleras que velarán por la zona y el mobiliario urbano. En el ámbito de la Limpieza, se añadirán los contenedores y papeleras, con recipientes específicos para vidrio y plástico. El aparcamiento en la zona del césped y parque San Isidro se dirigirá a la vía contigua a la RENFE para evitar entorpecer y molestar en las zonas más próximas a los barrios residenciales. También se ha decidido dejar abiertos los servicios ubicados en el parque San isidro. No en vano, insistía Escuderos, “habrá mano duro con quienes incumplan la normativa”.

El edil explicó que las sanciones leves se mueven en una horquilla de hasta 600 euros; las graves van hasta los 1.500 euros, mientras que las muy graves alcanzan los 3.000 euros.

En el caso de las terrazas de verano, aclaró, se tendrán en cuenta las licencias de apertura y la actividad, teniendo en cuenta también los respectivos controles en este y otros establecimientos atendiendo a la Ordenanza de 6 de junio de 2005.

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