El portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Puertollano, Florentino López Montero, ha denunciado el “trato de favor” recibido por personas ligadas “por lazos familiares” al concejal de Urbanismo, Rafael Sánchez. A juicio de IU, los propietarios del restaurante Sambo han conseguido una licencia de obras que atenta contra el Plan General de Ordenación urbana y que consolida una infracción que se remonta a los años 80.
Según López, una empresa del sector de la construcción solicitó licencia de obras al Ayuntamiento el pasado 28 de mayo para la “colocación de friso de piedra a media altura en fachada y enlucido de monocapa el resto de la fachada”, en la calle Cañerías, 34. Se trata de una casa adquirida por el popular restaurante Sambo para ampliar el negocio hostelero.
A juicio del portavoz de la formación de izquierdas, la concesión de esta licencia atenta gravemente contra la legislación municipal de ordenación urbanística que afecta al retranqueo y ordenación de los edificios. “Conceder esta licencia significa renunciar definitivamente al objetivo preferente establecido en la solución provisional de un expediente de infracción urbanística abierto en año 1985 a la misma empresa hostelera, haciendo efectivo el retranqueo que condicionaba la licencia de obras concedida, y volver a cometer una infracción urbanística en una casa fuera de ordenación”.
“Significa también –prosigue López- mantener un trato de favor con estos infractores, hoy estrechamente ligados por lazos familiares con el actual concejal de urbanismo”. En este sentido, el concejal de IU en la Comisión Municipal de Urbanismo pidió explicaciones sobre esta licencia de obras. “No recibimos ningún tipo de respuesta, sólo el tono amenazador habitual que el concejal utiliza cuando se dirige al edil de IU”.
Florentino López ha asegurado que “nunca hubo tantos motivos para cesar al concejal de Urbanismo, sin autoridad moral ya para exigir el cumplimiento de la legalidad urbanística al resto de los ciudadanos”.
La historia se remonta a los 80
Tal y como recuerda IU, el acta del Pleno Ordinario de la Corporación Municipal, celebrado el día 27 de octubre de 1988, recoge los datos básicos de un expediente de infracción urbanística que proporcionan los concejales del Grupo Municipal de Izquierda Unida. Son los siguientes:
– El expediente se inicia el 16 de enero de 1985 y finaliza el 2 de mayo de 1985.
– El 16 de enero de 1985, un requerimiento del alcalde ordena la suspensión de las obras y otorga un plazo máximo de dos meses para que éstas se ajusten a la legalidad urbanística vigente.
– El 30 de abril de 1985, en Escritura Pública ante notario, la propiedad del restaurante que ha cometido la infracción urbanística contrae el compromiso, en un plazo de dos años, de ajustar la obra a la legalidad urbanística existente. Pasado este plazo, el Ayuntamiento está facultado para hacer cumplir el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
El asunto llega al Pleno, después de que los concejales de IU pidieran en reiteradas ocasiones explicaciones en la Comisión de Urbanismo sobre unas obras que incumplían las normas urbanísticas, y comprobaran el incumplimiento del acuerdo notarial.
El 19 de noviembre de 1988, el entonces alcalde, Ramón Fernández Espinosa, en escrito dirigido a los concejales de IU, número 10.712, certifica que dicho expediente de infracción urbanística “resultó corresponder al inmueble donde está situado el bar-restaurante “Sambo”.
El entonces alcalde justificaba el incumplimiento del acuerdo notarial entre el Ayuntamiento y los infractores en que éstos trasladarán el negocio a un hotel que están construyendo y entonces se recuperará la legalidad urbanística. Insiste en su respuesta que “el objetivo urbanístico primordial es el conseguir la alineación oficial” (sic). Y ésta era “mejor solución que permitir la consolidación previo pago del beneficio obtenido ya que de esta forma no se llegaba a cumplir el objetivo preferente (la alineación oficial)” (sic).
Los concejales de IU, en rueda de prensa celebrada el 15 de diciembre de 1988, insisten que el equipo de gobierno municipal debe hacer cumplir a los propietarios del mesón “Sambo”, infractores de las normas urbanísticas al ampliar su negocio sin retranquearse y respetar la alineación oficial de la calle, los acuerdos notariales para restituir la legalidad urbanística.
«Insistimos en esta idea en el programa radiofónico Contrastes y en cuantas comparecencias públicas realizamos en aquella época. Hoy los ciudadanos pueden comprobar que el esfuerzo resultó inútil, la casa adquirida para ampliar el negocio hostelero sigue estando hoy fuera de ordenación», concluye IU.
