Ayer era el día asignado para la toma de declaración al funcionario de Recaudación del Ayuntamiento de Ciudad Real, al que la Tesorería General de la Seguridad Social imputa un delito de prevaricación , que cabe, recordar, trae su causa en el impago por parte de la Tesorería de la Seguridad Social del Impuesto de Bienes Inmuebles que adeuda al Ayuntamiento de la capital el Hospital General de Ciudad, propiedad de la citada tesorería, y que alcanza casi los tres millones de euros.
A la hora señalada ha comparecido en el Juzgado correspondiente el funcionario municipal, acompañado del concejal de Economía y Hacienda, Miguel A. Rodríguez, y del abogado al que el Ayuntamiento ha encargado su defensa jurídica, Cipriano Arteche.
Según la versión que el Ayuntamiento de Ciudad Real ofrece en el comunicado que ha enviado a los medios, «una vez que el Tesorero municipal, órgano competente del Ayuntamiento, decretó la providencia de apremio, la única opción que tenía el funcionario demandado era iniciar el procedimiento de embargo de cuentas, ante la resistencia de la Tesorería al pago. Contra toda lógica, la TSGG de la Seguridad Social, en vez de pagar interpuso una querella criminal contra el funcionario queriendo en palabras del concejal de Hacienda, Miguel A. Rodríguez, matar al mensajero».
Para Miguel A. Rodríguez «se trata de una medida con claros tintes políticos decretada por el Gobierno de Rodríguez Zapatero, con la complicidad de los socialistas de Ciudad Real y de Castilla La Mancha, que pretende asfixiar financieramente al Ayuntamiento de Ciudad Real así como coaccionarlo para que no ejerza su legítima pretensión al cobro de la deuda. Máxime teniendo en cuenta que el Consejero de Sanidad, Fernando Lamata, se comprometió ante la Alcaldesa Rosa Romero a encontrar una pronta y satisfactoria solución a un problema generado por la falta de entendimiento de dos administraciones socialistas que están perjudicando gravemente a Ciudad Real».
