Según ha informado la agencia de noticias EFE, la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha ha sido condenada por el Tribunal Supremo a indemnizar con 800.000 euros a una joven que sufrió la amputación de los pies a causa de la meningitis.
La campaña de vacunación de 2000 emprendida por la Junta de Comunidades no fue suficiente ni adecuada, pues se dirigió a menores de seis años, privando así a los padres de los mayores de esa edad el acceso a una información “suficiente, comprensible y adecuada” sobre la vacuna.
El Gobierno de Castilla-La Mancha incurrió en “dejación de actuaciones”, según el Tribunal Supremo, al emitir “informaciones incompletas” que provocaron en los ciudadanos la “falsa seguridad de estar protegidos frente a esta enfermedad”.
