Ayer se publicó la Declaración de Impacto Ambiental de la Autovía de Toledo-Ciudad Real y los grupos ecologistas no han tardado en denunciar que «está jurídica y técnicamente mal fundamentada en lo que constituye una burda justificación de una decisión que no se ha tomado con criterios técnicos o ambientales sino claramente políticos».
Desgraciadamente, para las élites con acceso al poder, la normativa medioambiental es papel mojado: argumentos fácilmente reciclables cuando molestan y un bonito trofeo con el que acreditar la modernidad cuando el viento sopla a favor. Esto es así porque, no nos engañemos, la ciudadanía lo quiere así: por ejemplo, recordemos cómo se entendió necesario el avutardicidio en pro del funesto aeropuerto de Ciudad Real. De acuerdo, aceptemos como atenuante el torrente de manipulación informativa al que estamos sometidos. Sin embargo, no olvidemos que estos fuertes impactos continuos, psicotrópicamente atorrijadores, no nos eximen de culpa. Y somos tan fáciles de engañar que no hace falta ni que nos den la miel, ni que nos la muestren, sólo con la promesa de las mieles del éxito, del progreso, ya empezamos a salivar. Deslumbrados por el sueño de la tierra prometida, en la que, además de miel, fluyen leche y empleos, somos carne de corrupción y engaño. Cualquiera puede entonces pasar por encima de las obligaciones medioambientales y de lo que sea menester y utilizar a su antojo todo lo público, lo semipúblico, lo privado y hasta la voluntad popular, en beneficio propio o del entorno más cercano.
Como aseguran Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y WWF, en la DIA se mantiene buena parte del trazado invalidado en su momento por el Ministerio de Medio Ambiente, ignorando los verdaderos impactos ambientales de la alternativa seleccionada. Una resolución tan «inaceptable» como la del aeropuerto de Ciudad Real o la del vertedero de Toledo.
La compensación, el «peaje» por sacar adelante la tropelía medioambiental son seis millones de euros en medidas compensatorias. Que ya está bien: si hay que buscar alternativas para lo que no se puede hacer, se buscan, pero no permitamos que a base de «medidas compensatorias» la clase política tenga bula para hacer y dejar hacer lo que le venga en gana pasando por encima de cualquier cosa que se ponga por delante: lo mismo les da una colonia de colorines que los derechos de los trabajadores. La práctica habitual debería ser el respeto de los espacios naturales; y las medidas compensatorias – o lo que es lo mismo, un intento de resarcir el daño que se va a cometer conscientemente- quedar reservadas para casos extraordinarios y muy concretos que supusieran un beneficio notable e irrenunciable para el conjunto de la sociedad o la posibilidad de solventar un perjuicio general de difícil reparación. ¿Pero creen ustedes, por ejemplo, que estas premisas se tuvieron en cuenta en el caso del aeropuerto de Ciudad Real? ¿Era aquella ubicación la mejor con una ZEPA o una localidad, como Villar del Pozo, a escasos metros? ¿Quién se beneficiaba de la revalorización de esos terrenos? ¿O no fue acaso que la DIA legitimó y priorizó intereses particulares por encima de los de todos nosotros? Reconozcamos, con ayuda de la perspectiva que nos brinda el paso del tiempo, que muchos ciudadanos, confundidos y turbados por los augurios de pitonisas y encantadores de serpientes, vieron aquello como razonable; e incluso habrá personas que aún defiendan la idoneidad de las decisiones que se adoptaron. La realidad, las consecuencias, demuestran, una vez más, que los egoísmos políticos y empresariales sólo reportan beneficios individuales o daños colectivos.
Lo más desdeñable de la DIA publicada es «una partida de 550.000 euros a repartir en 5 años destinada a convenios con organizaciones conservacionistas, lo que puede sin duda ser interpretado como una fórmula para acallar la contestación de las ONG a este proyecto. Las ONG rechazan de plano esta medida y consideran su inclusión en la DIA un despropósito inadmisible». Si mencionamos términos como ‘república’ o ‘democracia’ nuestra mente seguramente viaje a recónditos lugares y épocas pasadas como la antigua Grecia o la Francia revolucionaria. Si hablamos de clientelismo, nuestra imaginación quedará atascada en la Castilla-La Mancha contemporánea, pues no debe haber lugar en el mundo donde se sublime con más cuidado y esmero esta práctica política. La Junta de Comunidades busca siervos obedientes y dependientes. No es difícil, con la suficiente capacidad presupuestaria, hacerse con el monopolio en el mercado de las voluntades. Una vez creada la dependencia los lazos son irrompibles y así es como se entreteje la red de relaciones político-económicas sobre la que se sustenta nuestra sociedad más cercana. No hay nada más vil y alejado de los valores democráticos, si exceptuamos la violencia.
«Con todo, lo más grave de esta burda DIA es que la mayor parte de los 6 millones de euros se quiere destinar para completar el presupuesto de un proyecto Life que debe ser financiado con fondos propios de medio ambiente de Castilla-La Mancha. Es indudable que la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente ha descubierto una nueva forma de financiar los presupuestos que no le concede el Gobierno Regional; hacérselos pagar a los promotores de proyectos de gran impacto ambiental, lavando así su conciencia y reduciendo los números rojos», dicen los ecologistas.
Sin duda, la mejor noticia del DÍA es, una vez más, la resistencia de las asociaciones ecologistas a las tentaciones demoníacas de la clase política. En este desierto moral en el que cohabitamos, los gestos honestos y valientes son los que nos reconcilian con la humanidad y nos permiten soñar con que las cosas, algún día, puedan cambiar. La esperanza, hoy, es más verde gracias a Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y WWF.
