Convertir la mentira en política de Estado es el delito más grave del representante público. La ambigüedad y el camuflaje verbal como trinchera ante las evidencias, y la cortina de humo semántica como herramienta para ocultar la verdad son, tristemente, prácticas habituales que desvirtúan el sistema democrático, traicionan la confianza del ciudadano, y allanan el camino a la corrupción. Precisamente esta prevaricación del lenguaje ha sido la marca de la casa en las declaraciones de los responsables de la Fundación Virtus (Puertollano, Ciudad Real) desde que las irregularidades cometidas en su seno saltaran a la palestra mediática.
Ayer mismo, la concejala delegada de Virtus, Eva Morales, afirmaba rotundamente que era “mentira” la información publicada el pasado lunes por este digital, en la que se anunciaba la autorización judicial para la realización de una nueva auditoría en Virtus, en el contexto de la demanda de concurso necesario de acreedores a instancias de Interconsult Servicios Estratégicos.
Según Morales, todo es mentira. Sin matices. Según Morales, esa auditoría no existe. Según Morales, en realidad se trata de “un informe pericial” que deberá esclarecer el estado de las cuentas de Virtus en el momento en que fue cursada la denuncia.
Pues bien, las declaraciones de la concejala, a las que se presupone el visto bueno y autorización del alcalde de Puertollano, Joaquín Hermoso Murillo, denotan o bien un cinismo político del que hace gala sin sonrojo alguno, o bien una ridícula y clamorosa ignorancia del proceso judicial en el que ella misma está involucrada.
Precisamente, y tal y como se puso de manifiesto en la propia vista celebrada el pasado 14 de octubre en el juzgado ciudadrealeño, la prueba pericial necesaria para esclarecer la situación económica de Virtus no es otra que una auditoría realizada por un auditor de cuentas; una auditoría que investigue con un fin específico (y en mayor o menor medida, amplitud y detalle) la realidad documental de la entidad, y que se constituya en prueba pericial de probada imparcialidad como elemento de juicio para la toma de decisiones en el proceso.
El perito es un auditor de cuentas. Y Morales parece ignorar que, sencillamente, el informe pericial es una auditoría. Y lo niega todo sin ningún tapujo, enmascarada en el tecnicismo, y ejerciendo la ambigüedad como arma de desinformación para llegar a la conclusión de que la información publicada por este medio es mentira. Paradójicamente, para ello se refugia en el término “informe pericial”, expresión jurídica que en todo caso evidencia ante la ciudadanía precisamente lo que el Ayuntamiento ha querido ocultar: que existe un proceso concursal abierto en los tribunales contra la Fundación Virtus.
Un insulto a la inteligencia
La concejala Morales, en definitiva, o miente expresamente haciendo mangas y capirotes de la inteligencia de la ciudadanía, o es una ignorante de las cuestiones que le atañen directamente como concejala delegada de la Fundación Virtus.
Lamentablemente, éste no será el último caso. Ni es el primero. La política municipal puertollanera, al igual que la de otros muchos municipios y regiones españolas sin distinción del partido gobernante, es prolija en episodios de tergiversación dialéctica si nos atenemos sólo a los ejemplos de los últimos meses. El mismo caso Virtus ya fue objetivo de estos equívocos: el alcalde Hermoso Murillo negó durante las semanas que precedieron al escándalo toda vinculación del Ayuntamiento con Virtus. Después, los gobiernos municipal y autonómico se refirieron al agujero de 3,5 millones de euros como un “desfase económico”.
Hace unas semanas, el concejal de Deportes puertollanero, Manuel Rodríguez, negaba que el Ayuntamiento hubiera pagado, sin control municipal, 600.000 euros al Club Deportivo Puertollano. Efectivamente, el pago no había sido realizado, pero la realidad era que el alcalde Joaquín Hermoso Murillo ya lo tenía comprometido mediante Resolución de Alcaldía. El mismo primer edil presumía tras el verano de que el Ayuntamiento no solicitaría más deuda en el próximo ejercicio, pero ignoraba aparentemente el informe del Sindicato de Técnicos de Hacienda que incluye a Puertollano en la breve lista de los municipios castellano-manchegos que tiene prohibido pedir créditos por su excesiva morosidad.
Puertollano es, pues, un ejemplar feudo de la “mentira política”, término muy trajinado por los filósofos y sociólogos. La mentira política en términos platónicos era el cínico arte de engañar al pueblo por su propio bien. Hoy, la mentira política quizá sólo sea el arte de embaucar al ciudadano para perpetuarse en el poder.
