Se multiplican durante estos días los elogios por los “excelentes” resultados de la gestión hídrica de la Junta de Comunidades. Los políticos se deshacen en parabienes al considerar el importante papel protagonizado por el Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG) en la recuperación de las Tablas de Daimiel. Pese a ello, la realidad es que prácticamente el plan no ha empezado a funcionar (o lo está haciendo mal), es visto por algunas voces críticas como un instrumento para «comprar votos» con fondos comunitarios, es cuestionado por los propios regantes, y ha contado con una deficiente dotación presupuestaria. Sólo las intensas lluvias han permitido la recuperación de las Tablas, sumergiendo bajo las aguas (de momento) al gran fracaso del PEAG. MICIUDADREAL.ES te cuenta por qué.
¿Qué ha salvado, momentáneamente, al Parque Nacional de las Tablas de Daimiel? Todo el mundo parece tenerlo muy claro salvo los gestores políticos. Desde la ministra de Medioambiente, Rosa Aguilar, hasta el consejero de Agricultura, José Luis Martínez Guijarro, pasando por el propio presidente José María Barreda, han coincidido en alguna ocasión en señalar a la política medioambiental de la Junta de Comunidades y al Plan Especial del Alto Guadiana como elementos clave en la recuperación de las Tablas, soslayando las extraordinarias condiciones meteorológicas del último año.
La realidad, no obstante, es que el PEAG apenas ha arrancado, no parece ser tomado en serio por la Administración central, y está huérfano de dotación presupuestaria. En definitiva, tiene aún que demostrarlo todo.
La feliz situación por la que atraviesan las Tablas de Daimiel, encharcadas en la totalidad de su superficie, es motivo de satisfacción, aunque, quizá, no de optimismo. Y es que los problemas endémicos que condujeron al Parque Nacional a la dramática situación en la que se encontraba en 2009 están muy lejos de ser solventados.
Hasta la fecha, las Tablas han sido víctima del cambio climático, pero también del uso fraudulento e indiscriminado de los recursos hídricos del subsuelo tras años de anarquía y desidia ciudadana, así como de la connivencia y dejación de funciones de las administraciones públicas. Aquella pesadilla también fue consecuencia de décadas de costosos trasvases y planes ineficaces.
Ahora, cuando las Tablas de Daimiel se presentan en toda su bella plenitud, ni siquiera el PEAG es garantía de futuro. El fastuoso plan fue anunciado a bombo y platillo por las autoridades regionales y nacionales como el bote salvavidas del patrimonio natural de todos los españoles, y muy especialmente de las Tablas de Daimiel. Para ello, fue avalado por un abrumador presupuesto de más de 5.300 millones de euros en el periodo 2007-2027, el mayor otorgado jamás a un proyecto de recuperación ambiental.
En la actualidad, recién cumplidos tres años desde su puesta en marcha, el PEAG corre el riesgo de ser uno de los mayores fiascos de la historia política medioambiental española, a no ser que las administraciones lo desarrollen plenamente conforme a las expectativas creadas por ellas mismas.
Los problemas crecen
La Junta de Comunidades vendió como panacea un PEAG que tendrá que hacer un sobrehumano esfuerzo para acabar con prácticas agrarias muy arraigadas en la zona, como el abandono de cultivos de regadío insostenibles, la regulación de las explotaciones o la reducción del volumen de extracciones, por no hablar del demencial problema de los pozos ilegales. Aunque el documento es visto sobre el papel con buenos ojos por la mayoría de los agentes implicados, ha habido quien se ha cuestionado su aplicación práctica.
De hecho, algunas voces críticas consideran que el PEAG se ha reducido a una mera continuación del viejo Plan de Recuperación de Humedales por Compensación de Rentas a los Agricultores. Hay que recordar que aquel plan, promovido en 1992, estaba basado en la compensación con cargo a fondos públicos de la supuesta pérdida de renta que los agricultores sufrirían por disminuir sus riegos. En la práctica, los beneficiarios fueron los grandes terratenientes. En diez años, se gastaron unos 36.000 millones de pesetas con unos resultados que se antojan palpablemente desastrosos si echamos la vista atrás y recordamos la situación de los humedales manchegos durante la primera década del siglo XXI.
Ahora tampoco faltan quienes consideran al PEAG un gran fraude, una estafa descomunal: una instrumentalización de fondos comunitarios (el plan responde realmente a la obligatoria aplicación de la Directiva Marco del Agua de la Unión Europea) para “comprar votos” mediante la adquisición pública de derechos del agua a los propietarios de la tierra con el teórico fin de redistribuir el líquido elemento y racionalizar su consumo, entre otras circunstancias, merced a la regularización de las nuevas explotaciones que a su vez acudan a la oferta de esos derechos.
La paradoja radica en que, en la práctica, a la venta de derechos se acogen aquellos agricultores que realmente no usan o no necesitan el agua, parte de la cual se derivaría a usos intensivos con el consiguiente aumento en el consumo y un agravamiento de la sobreexplotación de los acuíferos. En este caso, también los grandes beneficiaros económicos serían los grandes propietarios y la patronal agraria… si hubiera dinero público para financiar estas operaciones.
En este sentido, el Gobierno regional asegura que en los últimos años se ha ofertado adquisición de derechos para los agricultores por unos 85 millones de euros, aunque también es cierto que, durante el año 2010, el dinero que el plan recibió de las administraciones competentes para la compraventa de derechos ascendió a… cero euros.
Abandono presupuestario
Porque el dinero también es un problema. Mejor dicho, la falta de dinero destinado tanto a la venta de derechos como a la adquisición de fincas por parte de la administración pública. Éste último es un mecanismo por el cual se pretende reducir la superficie de cultivo y la explotación del subsuelo. Pero, en este aspecto, el mismo Estado español no parece haberse tomado en serio el PEAG: se aprobó un plan que ha recibido escasas aportaciones, salvo puntuales ofertas para la adquisición de terrenos. En este capítulo, el plan preveía para 2009 unos 100 millones de euros, aunque hasta la fecha la partida sólo ha llegado a los 23 millones.
Los propios regantes han manifestado su malestar ante el “abandono presupuestario”. El presidente de la Comunidad de Usuarios y Regantes del Acuífero 23, Jesús Pozuelo, ha lamentado recientemente la falta de partidas presupuestarias de la administración para hacer efectivos ciertos cambios exigidos desde la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), como el cambio de contadores anteriores a los de nueva generación o la compra de derechos del agua. Esta última es una de las inquietudes de los regantes. Según Pozuelo, “hasta la fecha sólo se han dispuesto 65 millones de los 115, 120 y 145 que se disponían respectivamente y de forma anual en el PEAG desde 2008 y hasta 2010”. A su juicio, “no hay perspectivas de sacar nueva oferta de adquisición de derechos”.
Estos argumentos dificultan que se lleve a cabo una medida con la que los regantes perjuran que no pretenden “sacar más agua” sino “acomodar sus explotaciones a la norma”. “En el PEAG se contempla el respaldo económico a las comunidades de regantes desde 2009. Con todo, hasta ahora hemos recibido cero euros de los millones que considera el plan”.
Desde el PP se mantiene la misma postura. La viceportavoz del Grupo Parlamentario Popular, María Luisa Soriano, recuerda que en el año 2010 no ha venido “ni un euro” del Plan Especial del Alto Guadiana para la compra de derechos de agua.
Soriano asegura que en el pasado año tampoco llegó dinero del PEAG a Daimiel para la instalación de caudalímetros, reforestación de tierras agrícolas o para las comunidades de regantes. El PP también ha criticado que tampoco se hayan regularizado los pozos. “Son más de 2.800 los agricultores que están esperando la regularización de pozos y lo único que perciben nuestros agricultores son multas millonarias que los están llevando a la ruina. El PEAG se ha quedado en agua de borrajas y sólo ha servido para recolocar al que fue presidente de la CHG, Eduardo Alvarado Corrales«.
El plan es una realidad
Desde el Gobierno regional las cosas se ven bajo otro prisma. El consejero de Agricultura, José Luis Martínez Guijarro, sostiene que el plan es “una realidad”, ya que en los últimos años se ha ofertado adquisición de derechos por unos 85 millones de euros. Con ellos, según el Gobierno regional, se han adquirido 29 hectómetros cúbicos que han permitido regularizar sus cultivos a unos 5.000 agricultores. Además, Guijarro subraya que sigue tramitándose la regularización de pozos de explotaciones prioritarias.
El consejero recordó que en el último Consejo de Administración del PEAG se abordaron dos aspectos fundamentales como la culminación del proceso de regularización para que, antes de la temporada de riegos, se tengan los informes favorables y la CHG pueda iniciar el proceso de concesiones de agua.
De todos modos, para Guijarro el PP incurre en una incongruencia: “mientras predican austeridad y contención del déficit, sólo hacen propuestas para generar más gasto público«.
El PEAG se presenta, pues, con la espada de Damocles del fracaso bajo la feliz aunque traicionera estampa de unas Tablas de Daimiel más bellas que nunca. ¿Estaremos perdiendo una oportunidad única para regenerar los acuíferos y salvar a las Tablas? ¿Qué ocurrirá con ellas cuando cambie el ciclo climatológico y sobrevenga la siguiente crisis hídrica? Sólo el tiempo dirá…
