CSI·F denuncia los privilegios de los altos cargos de la Junta

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI·F) denuncia que «el Gobierno de la Junta de Comunidades está empeorando las condiciones laborales de funcionarios, laborales y estatutarios, a la vez que consolida los privilegios de sus altos cargos y además, en el horizonte, planea la incertidumbre sobre el cobro de las nóminas de los próximos meses».
 

CSI·F señala que la Ley del Empleo Público de Castilla-La Mancha y los planes de reorganización de recursos humanos y control del absentismo del Gobierno de Barreda, están «empeorando» la situación de los empleados públicos de nuestra región, con recortes salariales de las retribuciones básicas en 2010, en las retribuciones complementarias en 2011, con la rebaja de las pensiones firmada por el Gobierno, CC.OO.  UGT y la Patronal o con la inspección y fiscalización abusiva y coaccionadora de su trabajo.

Privilegios indecentes

«Mientras tanto, la Junta de Comunidades incrementa las libres designaciones y los asesores a su servicio, los complementos salariales vitalicios, su recolocación e inmersión directa en empresas públicas, así como las dietas, coches, gastos de representación, etc».

CSI·F califica de «indecente mantener estos privilegios ante la gravísima situación económica, cuando deberían estar dando ejemplo de austeridad y solidaridad». CSI·F denuncia la discriminación entre los cercanos al poder y el resto de profesionales que realizan un trabajo eficaz al servicio de los ciudadanos.

«Los representantes de CC.OO. y UGT aplaudían recientemente la aprobación de la Ley del Empleo Público de Castilla-La Mancha, mientras CSI·F se manifestaba frente a las Cortes, en Toledo, porque esta Ley recorta los derechos de los trabajadores y favorece a los altos cargos».

«Por si este panorama no fuese ya suficientemente grave-apuntan desde el sindicato-, la Junta de Comunidades está amortizando plazas y no convoca Oferta Pública de Empleo perjudicando a interinos y contratados, no fomenta la carrera profesional y pone en duda la dignidad y profesionalidad de los empleados públicos».

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