La Audiencia de Barcelona ha suspendido la ejecución de la condena de tres meses de prisión e inhabilitación que el Tribunal Supremo impuso al director general de Globalcaja, Miguel Ángel Calama, aunque sus antecedentes penales quedarán registrados. Según publica El País, los jueces ha admitido la suspensión porque las penas impuestas «son de corta duración y su cumplimiento haría ilógico el indulto que ha solicitado al Gobierno». No obstante, considera que no hay base legal para «dejar de inscribir la condena en el Registro de Penados».
Según la Audiencia, la supresión de antecedentes en el registro impediría en un futuro aplicar el agravante de reincidencia en el caso de volviera a cometer un delito. En el auto, el tribunal considera que las consecuencias y decisiones afectadas por la «honorabilidad» del procesado corresponden ahora a las autoridades bancarias.
Miguel Ángel Calama, antiguo director general de Caja Rural de Ciudad Real (ahora en el grupo Globalcaja) fue condenado el pasado mes de marzo por el Tribunal Supremo a tres meses de prisión y su consecuente inhabilitación por haber cometido un delito de acusación falsa en 1994, cuando era director regional en Cataluña de Banesto.
No obstante, y nada más conocerse la sentencia, el Consejo Rector de Caja Rural de Ciudad Real se reunió para ratificar a Calama en su cargo. Poco después, el propio Calama anunciaba su intención de pedir un indulto al Gobierno, cuyo trámite aún puede dilatarse un año.
La sentencia fue dictada por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que también condenó a la misma pena al consejero delegado del Banco Santander, Alfredo Sáez; y al letrado Rafael Jiménez de Parga.
El juez estimó que Calama, junto a los otros dos acusados, cometieron un delito de acusación falsa. Los hechos se remontan a hace quince años, cuando Calama era director regional en Cataluña de Banesto. Según la sentencia, que fue recurrida en su momento ante el Tribunal Supremo, Alfredo Sáenz, Miguel Ángel Calama y Rafael Jiménez de Parga interpusieron en 1994 una denuncia falsa contra los accionistas del Grupo Harry Walker, Pedro Olabarría, los hermanos Luis Fernando y José Ignacio Romero García, y Modesto González por el impago de una deuda al banco de 600 millones de pesetas.
