¡Y que más da!

Ante una nueva reedición de pelea de gallos entre portavoces del PSOE y PP regionales, sobre el dichoso documento de propuesta de privatizaciones enviado al Ministerio de Economía, del que nadie reconoce su paternidad, desde IZQUIERDA UNIDA afirmamos, ¡y que mas da!

El documento dado a conocer por un periódico de tirada nacional, informa de los presuntos planes de Barreda de privatizar colegios, centros socio-sanitarios e infraestructuras de transportes, así como la radio televisión pública regional.

El PSOE y Barreda niegan rotundamente la existencia de este documento, incluso la futura ex – Ministra Salgado desmiente la recepción en su ministerio del mismo, pero que quieren que les diga, hace 2 años el Gobierno de Zapatero envió un documento a la UE en el que anunciaba el retraso de la edad de jubilación a 67 años, y del revuelo que se armó la Sra. Salgado salió desmintiendo tal extremo…, hoy ya es ley.

Si es cierto lo que dice el PP, al final resulta que Cospedal está continuando con los planes y las políticas de Barreda, pues no hay más que consultar su Plan de “garantías”. Si el PSOE lo niega es que no tiene memoria, pues la privatización de servicios públicos ha sido su práctica habitual en los últimos años, y ahí están muchas residencias de mayores y servicios sociales, sin ir más lejos.

Por eso, mientras el PP y el PSOE nos aburren con sus peleas dialécticas, el Estado del Bienestar ya inició su desmantelamiento con Barreda, y Cospedal simplemente va a continuar con la pócima relatada en dicho documento, por eso a los ciudadan@s nos da igual quien sea el padre de la criatura, si al final se siguen degradando nuestros servicios públicos, generando más paro y frustración, y la crisis se sigue cebando en los sectores más débiles de la población.

Lo que si podemos decir, con toda carga de razón, es que los recortes que Cospedal, Rosa Romero, y los que vengan, son la aplicación adelantada de la reforma constitucional pactada entre el PSOE y el PP, de espaldas al pueblo español y negándole su derecho a decidir sobre su norma básica.
Ciudad Real, a 22 de septiembre de 2011.

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