WWF y Ecologistas en Acción alertan de un grave caso de envenenamiento en Toledo

El pasado mes de agosto se descubría en la finca La Casa Nueva en Gerindote (Toledo) más de treinta cadáveres de  rapaces, entre ellas un águila imperial y cuatro milanos reales- especies catalogadas en peligro de extinción, además de águilas ratoneras, milanos negros y varios animales  domésticos. Los análisis toxicológicos han confirmado el envenenamiento de distintos ejemplares mientras que otros animales presentaban disparos. De momento, se ha suspendido la caza en el coto y hay un imputado por vía penal. Ecologistas en Acción y WWF, que se han personado en el proceso, esperan que se actúe con contundencia en este caso y que se intensifiquen los esfuerzos del Plan Regional de lucha contra el veneno.

La finca La Casa Nueva, en el término municipal de Gerindote (Toledo), como denuncian WWF y Ecologistas en Acción, posee un largo historial relacionado con delitos contra la fauna cuyo último episodio ha sido el descubrimiento de una treintena de rapaces muertas por envenenamiento y disparos el pasado mes de agosto.

En la investigación han intervenido técnicos responsables del Plan Regional de lucha contra el veneno en Toledo, agentes medioambientales de la comarca de La Sagra, la Unidad de Agentes Medioambientales especializada en  casos de venenos (UNIVE), la patrulla canina regional para la detección de cebos envenenados y el SEPRONA de Toledo. Como consecuencia, se ha suspendido la caza en el coto y hay un imputado por vía penal que la Guardia Civil ya ha puesto a disposición de los Juzgados de Torrijos.

WWF y Ecologistas en Acción se han personado como parte interesada en los expedientes administrativos que se han abierto en este caso y lo harán en próximos días en el procedimiento penal. Las entidades solicitan que se apliquen todas las medidas legales que recoge la normativa para este tipo de casos, para recuperar la biodiversidad de esta zona y para que este tipo de sucesos no vuelvan a suceder. Será necesario un mínimo de 2 a 4 años de suspensión de la caza para que la zona se recupere del grave daño causado. Por otra parte, se pedirán las máximas penas de cárcel, hasta de dos años, para el imputado, ya que se ha provocado la muerte de varios ejemplares de especies en peligro de extinción

Este coto de caza es reincidente ya que en mayo de 1999, agentes medioambientales de la Junta de Castilla-La Mancha y del SEPRONA localizaban en dependencias de esta finca un búho real que se utilizaba como señuelo para dar muerte a rapaces (águila calzada, búho chico, aguilucho cenizo, etc) a las que se disparaba tras haberlas atraído con el búho. Además, se hallaron  más de 100 huevos de codorniz envenenados, dispuestos para su uso.

El proceso judicial en el Juzgado de Instrucción de Torrijos (Toledo), continúa pendiente de señalamiento de juicio tras presentación de querella por WWF en noviembre de 2003, acusando al guarda de La Casa Nueva de tres delitos recogidos en el Código Penal:  empleo de veneno para la caza, captura de un búho y su uso como señuelo y la muerte de varias rapaces amenazadas. Los actuales gestores de la caza son las mismas personas que lo hacían entonces.

Carta a la Consejera de Agricultura de la Junta de Castilla-La Mancha

A raíz de este nuevo caso en la misma finca, las organizaciones han enviado una carta a la nueva Consejera de Agricultura de la Junta de Castilla-La Mancha donde  le recuerdan la gravedad del problema del uso ilegal de cebos envenenados en la región. En la última década se ha confirmado la muerte por veneno en esta Comunidad Autónoma de más de 30 águilas imperiales (el mayor número de casos de toda España) y más de un centenar de Buitres negros. Más de la mitad de estas muertes se han localizado en la provincia de Toledo.

En su carta las organizaciones ecologistas señalan que, al menos desde 2007, el Plan Regional de Lucha contra el Veneno no funciona como debiera y que es imprescindible sancionar los casos que se produzcan e impulsar el trabajo de las patrullas especializadas. Estas patrullas están integradas por agentes medioambientales, y son especialmente necesarias en Toledo y en Ciudad Real, las dos provincias con mayor número de casos.

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