El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha acordado la suspensión de la aplicación de los pactos y acuerdos suscritos por la Administración regional y las organizaciones sindicales en relación con los derechos sindicales en el ámbito del empleo público autonómico. Este acuerdo, que persigue la reducción del déficit público, implica suprimir las subvenciones a las organizaciones sindicales, con lo que se ahorra a esta Administración un total de 477.000 euros que destinó a tal fin en la última anualidad.
Tal y como ha destacado el consejero portavoz, Leandro Esteban, estas medidas se enmarcan en el Plan de Garantía de los Servicios Sociales, que anunció en su momento la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal.
Este acuerdo, que persigue la reducción del déficit público, implica suprimir las subvenciones a las organizaciones sindicales, con lo que se ahorra a esta Administración un total de 477.000 euros, que destinó a tal fin en la última anualidad.
De esta forma, el Gobierno regional, basándose en la regulación normativa de las liberaciones sindicales, contenida en hasta cuatro leyes de diferente rango, ha acordado suprimir hasta 501 liberados a tiempo total, es decir un 63 % por encima del mínimo legal, que se sitúa en los 284 que sí va a mantener la Junta de Castilla-La Mancha. En este sentido, ha precisado que el Gobierno socialista mantuvo 785 liberaciones sindicales que hemos decidido reducir al mínimo legal de 284.
Asimismo, ha indicado que en la actualidad estaban utilizándose 610 liberaciones por parte de los sindicatos, dedicándose las 175 restantes a horas sindicales de distintos representantes. Estas 610 están distribuidas de la siguiente manera: 214 en la Administración General, 235 en las Instituciones Sanitarias (SESCAM) y 161 de personal docente. El total anual de las 610 liberaciones asciende a un coste de 23 millones de euros.
