Desde UPyD queremos denunciar los recortes sociales que la presidenta de Castilla La Mancha,
María Dolores de Cospedal, está llevando a cabo contra los ciudadanos castellano manchegos. En
concreto esta vez, los perjudicados han sido una vez más los jóvenes.
Se ha publicado en el DOCM, la Orden de 12/12/2011 de las Consejerías de Fomento y de Empleo y
Portavoz del gobierno, por la que se deroga la Orden sobre ayudas a los jóvenes, consistente en la
reducción del 50% en el precio del billete en los viajes de los servicios regulares de transporte
interurbano de viajeros por carretera, dentro del territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha, lo que a efectos prácticos significa que a partir del 1 de enero desaparecerá este carnet.
La supresión de esta ayuda del Carnet Joven perjudicará a los menores de 26 años de la comunidad
castellano manchega, que ya se ven afectados por elevadísimas cotas de desempleo y la carencia de
recursos económicos, que además ahora como consecuencia de esta medida tendrán que pagar
un 50% más por sus billetes de autobús.
El PP por su parte no ha salido a dar declaración sobre este tema.
¿Qué conllevará esta medida?
1- En primer lugar afecta al turismo Joven intrarregional, el cual supone gran porcentaje del turismo
del que se beneficia nuestra Comunidad Autónoma.
2- Al dificultarse económicamente el desplazamiento por carretera en transporte público, éste ya no
saldrá rentable para los jóvenes manchegos ,lo que incrementará el desplazamiento en vehículos
particulares.
3- El punto 2 viola las consideraciones medioambientales impuestas por los protocolos sobre emisión
de gases de efecto invernadero, debido a que desincentiva el uso del transporte en autobús,
favoreciendo el incremento del desplazamiento en vehículo particular y por tanto el incremento de
gases nocivos.
4- Afecta a los estudiantes universitarios que residen muy lejos de su hogar, los cuales se desplazan
cada semana o cada dos semanas a su hogar familiar y se verán obligados a pagar el doble por el
desplazamiento.
5- Los trabajadores con los sueldos más bajos y desempleados, que no se pueden permitir la compra
de un vehículo, se verán también obligados a pagar el doble por los desplazamientos, con el
considerable perjuicio que les causará en sus economías.
6- Los parados jóvenes menores de 26 años que se desplacen para buscar empleo a otras ciudades
verán reducidas sus posibilidades de buscar y encontrar empleo. Este colectivo ya ha sido muy
afectado por la crisis, con una tasa de desempleo que llega al 43,1% (el cual recordemos que no es
solo de personas sin estudios ni cualificación profesional, sino también de titulados universitarios que
no encuentran trabajo). Esto además puede ocasionar una “fuga de cerebros” a otras comunidades
o al extranjero.
7-Aislamiento de ciudades sin ferrocarril. En caso de eliminar esta ayuda, los precios de ferrocarril se
mantendrán y podrán resultar hasta más económicos. Pero económicos para los jóvenes que vivan
en ciudades que estén integradas en las líneas de ferrocarril. ¿Pero y las ciudades que se encuentren
a más de 30km de una línea de ferrocarril?, el coste del desplazamiento no es el del billete del tren
sino también hay que sumarle el gasto de desplazamiento por carretera de ida y vuelta a la ciudad
con estación de ferrocarril.
Con lo cual se mire por donde se mire, son perjuicios para los jóvenes y/o sus familias.
Recordemos que el carnet joven, tiene como ventajas:
Descuento en transportes (50% por carretera y 30% en ferrocarril), alojamiento, culturales,
compras, cines etc. , señalemos que hasta el momento se han suprimido sólo los desplazamiento por
carretera. El carnet joven da derecho también a un seguro de viajes que cubre al titular a partir de
los 25 km. de su domicilio habitual.
UPyD propone que antes de que se les recorten derechos sociales y beneficios a los ciudadanos, se
puede ahorrar de otras partidas superfluas, pero el gobierno de Cospedal parece no tener intención
de disminuirlas, y prefiere que paguen los ciudadanos antes que eliminar privilegios políticos como:
– Reducción de vehículos oficiales
– Reducción de los salarios de su gobierno a no más de 30.000€ anuales.
– Reducción de consejerías y de sueldos de consejeros
– Reducción de asesores y de sueldos de asesores
– Reducción de empresas públicas
Además de otras medidas que UPyD lleva pidiendo desde su fundación a nivel nacional como:
– Supresión de las Diputaciones provinciales
– Eliminación de duplicidades
Son ya bastantes las manifestaciones de UPyD en torno a las “políticas de ajuste o sostenibilidad
presupuestaria” implementadas por el gobierno de Castilla-La Mancha. Manifestaciones coherentes
con uno de los principales ejes de actuación y reivindicación de UPyD: el de forzar el desarrollo de
una administración eficiente y eficaz en la gestión de “lo público”, una “cosa pública” que se
desentienda de privilegios y de actuaciones presupuestarias que atentan contra el interés general.
En este sentido, la supresión del Carnet Joven en Castilla La Mancha confirma la condenable
existencia de un gobierno “al servicio de la contradicción”. Contradicción en tanto que mientras los
ciudadanos son sujetos pasivos de la emergencia de reajustes de cuentas, subidas de impuestos, y
de reducción o eliminación de servicios sociales/públicos, no se produce la conveniente y necesaria
desaparición de duplicidades de cargos/sueldos, puestos de libre designación, gastos de
representación y dietas, etc.
El medio de transporte por autobús caería en desuso y como consecuencia muchas líneas de
autobús no serían rentables si la gente no las usa y se romperían puestos de trabajo de conductor
de autobuses. Si desaparecen líneas de autobuses que ahora se usan, nos quitarían la posibilidad de
desplazamiento a ciertas ciudades, recordemos que no todas las poblaciones disponen de servicio
férreo.
Creemos que la generación menor de 26 no es la que debe pagar parte de la crisis, porque no han
sido los culpables de ella.
Por todo ello, desde UPyD sostenemos que la adecuación de los poderes públicos a las
circunstancias económicas actuales no pasa por la supresión de servicios públicos sino por la
asunción de medidas de austeridad que, además de erigir a los políticos como nobles gestores de “lo
público”, permitan que determinados fondos provenientes de privilegios o comodidades
administrativas sean destinados a la salvaguarda y mantenimiento del bienestar ciudadano.
